La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que recibió una pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta, sostuvo este martes que "está claro que la idea" de los jueces era condenarla, más allá de las pruebas, y al respecto aseguró que "esto es un Estado paralelo y mafia judicial".
La ex presidenta y líder del peronismo enfrentaba un pedido de 12 años de cárcel por asociación ilícita (por este delito resultó absuelta) y defraudación por parte de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola en la causa sobre redireccionamiento de las obras de Vialidad en Santa Cruz a favor de Lázaro Báez.
"Esto no es ni Lawfare ni partido judicial. Esto es un Estado paralelo y mafia judicial".
A propósito de esto dijo que "la confirmación de un sistema paraestatal donde se dice sobre la vida, el patrimonio y la libertad del conjunto de los argentinos y que está por afuera de los resultados electorales lo vimos este fin de semana" cuando se filtró la noticia de un viaje secreto de jueces y fiscales de renombre a la estancia Lago Escondido financiado supuestamente por una empresa de multimedio.
La palabra de los jueces
Según los magistrados, entre 2003 y 2015 existió una “extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la Administración Pública nacional en los términos y condiciones establecidos por la ley penal”.
Así lo dieron a conocer en una breve reseña del fallo cuyos fundamentos completos se darán a conocer el 9 de marzo próximo, y por el cual condenaron a seis años de prisión a la vicepresidenta sólo por administración fraudulenta.
Los jueces aclararon que no juzgaron un gobierno, ni tampoco la forma “de implementar una gestión de desarrollo vial marcadamente favorable para la provincia de Santa Cruz” pues eso son “cuestiones políticas no justiciables”.
“La evidencia ha demostrado que durante ese período las obras viales licitadas en esa provincia fueron sistemáticamente adjudicadas a un grupo de empresas vinculadas al imputado Lázaro Antonio Báez, grupo cuya conformación y crecimiento económico exponencial se vio directamente asociado con la asignación de obra pública vial”, según el Tribunal con la firma de los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu.
En ese sentido, señalaron que los funcionarios como ser la entonces Presidenta, “omitieron deliberadamente velar por los principios básicos de transparencia y competencia propios de los procesos licitatorios” y “han sido condescendientes con las empresas del grupo Báez para que éstas resultaran adjudicatarias de la mayoría de las obras viales licitadas en Santa Cruz en el segmento temporal aludido”. También que no controlaron los procesos.
“Ha sido dirimente, en esa lógica, la comprobación de un interés manifiesto sobre el plan criminal de la por entonces Presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, evidenciado a través de su participación en los beneficios económicos producto del delito obtenidos por intermedio de múltiples vínculos contractuales y comerciales con Lázaro Antonio Báez en forma concomitante a la ejecución de esta maniobra”, remarcó el Tribunal.
Los jueces catalogaron de un caso “inédito en la historia del país”, y que “el tribunal ha podido de todos modos determinar dos ámbitos claramente mensurables en relación al perjuicio económico ocasionado: El primero consiste en la diferencia entre los montos fijados por el Estado al confeccionar el pliego para la realización de una obra y el precio finalmente contratado”.
“El segundo concepto está dado por la existencia de sobreprecios en, al menos, tres de las cinco obras viales peritadas”, remarcaron.|
