Al borde de convertirse en una cuestión abstracta, el 8 de noviembre la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo que declaró -aunque no por unanimidad- la nulidad del decreto que había designado al senador Martín Doñate como representante de la Cámara Alta por la segunda minoría ante el Consejo de la Magistratura.
La resolución del máximo tribunal resultaba muy crítica en relación a Cristina Fernández de Kirchner, quien en su calidad de presidenta del Senado, operativizó una movida en la conformación del bloque oficialista, dividiéndolo en dos para poder quedarse con dos bancas por la mayoría y una por la primera minoría. Pero ahora la Corte determina que esa cuarta banca le debió corresponder al PRO.
El máximo tribunal acusa a la vicepresidenta de no acatar el fallo del 16 de diciembre del año pasado, señalando que debió haberse tomado la conformación de las bancadas a esa fecha, y no con la escisión que luego ella implementó.
El impulsor de la acción de amparo que derivó en esta decisión de la Corte fue el senador Luis Juez, a quien le hubiera correspondido esa designación, y quien ahora deberá asumir, aunque fugazmente, en lugar de Doñate. El problema es que la designación caduca el 20 de este mismo mes, con lo cual el cordobés apenas podrá sentarse ante la gran mesa ovalada durante una semana.
Bloques petrificados
Lo que corresponde ahora es que el Senado vuelva a designar a sus cuatro representantes: dos por la mayoría, uno por la primera minoría y otro por la segunda minoría.
El tema es que en la actualidad, al menos en lo formal, el oficialismo sigue escindido en los dos bloques que permitieron la designación ahora derribada, con lo cual eventualmente se podría repetir la situación.
En ese sentido, Pablo Tonelli, diputado nacional y consejero por el PRO, consideró que a partir del fallo, "el Senado no va a poder aplicar esta división de bloques para la elección de los representantes ante el Consejo de la Magistratura que debe realizarse la próxima semana". En tal sentido, señaló que "el Frente de Todos podrá elegir a dos, el Radicalismo a uno y el PRO al restante", sostuvo.
En la esquina opuesta, Juan Martín Mena, viceministro de Justicia, descartó de pleno que el fallo pudiera regir hacia adelante. "Lo único que nos falta: que ahora le demos ultractividad a las decisiones judiciales en casos concretos", manifestó, criticando severamente un fallo al que no dudó en considerar "un panfleto".
Con ello, Mena dio a entender que la vicepresidenta podría volver a impulsar una movida similar para la designación de los nuevos consejeros, ya que el fallo sólo rige hacia atrás; pero además, teniendo en cuenta la actual conformación de los bloques (al menos en lo formal), que es la que se debería tomar para la distribución de las butacas en el Consejo de la Magistratura.
Quien también se expresó sobre este tema fue el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, tradicionalmente más cercano a la actual oposición, quien no obstante afirmó que para el periodo 2022/2026 "no rige el fallo y el Congreso, en base a sus atribuciones, debe hacer una nueva designación según los bloques actuales".
Al interpretar el fallo de la CSJN, Gil Domínguez señaló que planteaba la certeza de que para la todavía vigente integración del Consejo, los bloques legislativos "quedaron fijados o petrificados en la fecha de notificación del fallo Colegio de Abogados", es decir, el 16 de diciembre de 2021. De allí el reproche al movimiento orquestado por la vicepresidenta.
Y entonces plantea lo que para él es "la gran duda", esto es, determinar cuál deberá ser "el parámetro temporal aplicable para petrificar la composición de los bloques a los efectos de la integración del Consejo de la Magistratura", correspondiente al período 2022-2026.
¿Se repite la jugada?
