La Sala I de la Cámara Federal porteña revocó el sobreseimiento que el juez Daniel Rafecas había dictado sobre Aníbal Fernández, Juan Manuel Abal Medina, Gabriel Mariotto, y un grupo de empresarios, entre ellos: Pablo Paladino, Ana Liliana Malecki, Silvina Mabel Arancibia, Juan Miguel Ripoll, Leonardo Ellenberg, Alberto Mario Pomato, Marcelo Eduardo Bombau, Bruce Barret Churchill, Daniel Alejandro Nofal, Alejandro Burzaco, Jacopo Bracco, Michael Alan Hartman, Eduardo Manuel De Abelleyra, William Langden Wedum, Carlos José García, Frederick Arnold Vierra, y Ronald Michel Kolders.
La imputación del fiscal Gerardo Pollicita sostenía que se habrían pagado sobreprecios por 19 millones de dólares en los derechos de partidos y torneos que transmitía el Gobierno. En tanto, la resolución lleva la firma de los jueces Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.
Un pedido específico
El caso volverá a investigarse con la condición de que envíen a la justicia federal la confesión de Alejandro Burzaco “para que se determine quién pagó y quién cobró las coimas”.
La causa se inició el 24 de julio de 2015 a raíz de la denuncia presentada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) contra Hugo Víctor Jinkis, Mariano Alejo Jinkis y Alejandro Burzaco.
Los pagos por torneo
- U$S 3.200.000 por la Copa América 2011
- U$S 8.600.000 por la Copa América 2015 y el Sudamericano Sub 20 2013
- U$S 19.000.000 por el Mundial de Brasil 2014 y Mundial Sub 20 2013
- U$S 5.500.000 por la Supercopa de las Américas Argentina-Brasil 2010-11
- U$S 1.800.000 por otros cuatro partidos de la Supercopa de las Américas.
Lo que se investiga en la causa
Durante la instrucción se acusó a los funcionarios y empresarios de defraudación al Estado por la compra de los derechos de transmisión de ocho campeonatos a torneos y competencias con plata del plan Fútbol Para Todos por más de 33 millones de dólares.
Esta causa es la “pata” local del Fifagate y ahora el fiscal Gerardo Pollicita pidió la indagatoria de los exjefes de Gabinete Aníbal Fernández y Juan Manuel Abal Medina, y los responsables de las empresas que manejaban los derechos de transmisión de eventos futbolísticos, por los que el Estado pagó en dos años U$S 33.050.000 a “TyC International BV” que manejaba Burzaco.
El expediente inició después de una denuncia de la Procuraduría contra la criminalidad económica y lavado de activos (Procelac) que se sumó a la presentación que realizó la diputada Graciela Ocaña.
Detalles de la denuncia
Los ex funcionarios y empresarios “habrían obtenido los derechos económicos exclusivos de diversos eventos futbolísticos en los que había participado el Seleccionado Argentino de Fútbol desde el año 1991 hasta el 2015 mediante el pago de sobornos a las autoridades de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (Fifa) y la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol)”.
Tales ilícitos, “se hallaban investigados por la justicia de los Estados Unidos de América, les habría permitido a sus empresas -”Full Play International S.A.” y “Torneos y Competencias S.A.”- vender tales derechos de televisación, marketing y publicidad en forma ilegal al Estado Nacional obteniendo ganancias exorbitantes en detrimento del patrimonio público”.
La causa madre por los desvíos de parte de los 7.200 millones de pesos que el gobierno de Cristina Kirchner le dio a la AFA en el marco del plan Fútbol Para Todos (FPT) la tiene la jueza federal María Servini de Cubría quien ya procesó y envió a juicio oral, a Aníbal Fernández y al exjefe de gabinete y gobernador de Chaco, Jorge Capitanich. El tercer exjefe de gabinete Juan Manuel Abal Medina quedó excluido por falta de mérito.|
