Cuando en Comodoro Py ya se relamían con la posibilidad de que cayera en sus manos la causa que investiga el espionaje ilegal durante el macrismo, un recurso presentado por el abogado de Cristina Fernández de Kirchner, Carlos Beraldi, mantuvo el expediente en los tribunales de Lomas de Zamora.

Ahora, la Cámara de Casación Penal decidirá si corresponde elevar el escrito a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Todo comenzó el viernes último, cuando la Sala IV de Casación, con los votos de los camaristas Mariano Borinsky y Javier Carbajo y la disidencia de Ángela Ledesma, decidió girar la causa a los tribunales porteños, ante el pedido de los imputados Gustavo Arribas —ex titular de la AFI en la gestión macrista— y de Darío Nieto, ex secretario privado de Mauricio Macri.

El argumento en el que se basaron los camaristas para definir el cambio de jurisdicción es que las presuntas órdenes de espionaje salieron desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), con sede en la Capital Federal, así como los domicilios de los espiados; apenas unos pocos hechos ocurrieron en la provincia. Pero la defensa de CFK entendió que "la decisión adoptada determina el entorpecimiento de una investigación de una gravedad inédita, con el consecuente riesgo de que hechos que socavan la vigencia misma del sistema democrático puedan quedar en la impunidad", dijo Beraldi a Télam.

Por su parte, la vicepresidenta calificó ese fallo de “manifiestamente arbitrario” y de “gravedad institucional” para la democracia. Por eso, en su rol de querellante, hizo saber al juez de Lomas de Zamora, Juan Pablo Augé, su decisión de apelar, recurso que llegó de la mano de Beraldi durante la jornada de ayer.

Entre los argumentos que esgrimió el abogado defensor de la ex presidenta destacó el de afectación de la garantía del juez natural, es decir, que los procesos deben ser seguidos por el magistrado que los inició: "Tal como lo establece el artículo 18 de la Constitución Nacional, ningún proceso judicial puede ser sacado de los tribunales designados por ley con anterioridad al hecho enjuiciado, como ha ocurrido en estas actuaciones", señaló el abogado.

La vicepresidenta insiste en que sea el máximo tribunal de la Argentina el que intervenga en la causa: "La Corte Suprema de Justicia de la Nación deben intervenir en el caso y, de forma inmediata, emitir una resolución que garantice el enjuiciamiento y la sanción de las maniobras delictivas denunciadas ante los tribunales", lanzó Beraldi.

Para la querella de Cristina, un desplazamiento de las causas a esta altura provocaría una demora en su resolución, “hasta tanto las nuevas autoridades a cargo estudien el caso y analicen las alternativas de su continuación evaluando posibles cambios", dijo y puntualizó que la mudanza de las actuaciones implicaría "el traslado de múltiples expedientes, legajos e incidentes y la posibilidad de pérdida de objetos y/o documentos”.

Así planteadas las cosas y con este último freno, la causa por el presunto espionaje ilegal llevado adelante por la AFI durante el gobierno de Mauricio Macri se quedará en Lomas hasta que, por lo menos, Casación diga si corresponde o no que intervenga la Corte. En caso de que eleve el expediente al Máximo Tribunal, las causas continuarán en la provincia de Buenos Aires hasta que haya una decisión definitiva.

En caso de que Casación sostenga que no corresponde que intervenga el más alto órgano jucidial, la querella de la actual vicepresidenta podría ir en queja a la Corte Suprema, pero esto ya no interrumpiría el pase de Lomas de Zamora a Comodoro Py.

Procesamientos

En las oficinas de los tribunales porteños, el expediente recaería sobre la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Stornelli, de aceitada amistad con Mauricio Macri y procesado en la conocida como “causa D’Alessio”, también por espionaje ilegal. Esa decisión fue uno de los principales focos del cuestionamiento por parte de la ex presidenta Cristina Fernández.

La causa de Lomas de Zamora tiene tres partes: la vigilancia sobre la entonces ex presidenta Cristina Kirchner en el Instituto Patria; el espionaje ilegal a dirigentes opositores al macrismo y también a integrantes de Juntos por el Cambio como Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal, junto a periodistas y gremialistas. Una tercera parte aborda el capítulo de los llamados presos K.

En la causa del Instituto Patria ya están con procesamiento confirmado los ex jefes de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, el ex jefe de Operaciones Especiales, Alan Ruiz, y el encargado de Contrainteligencia, Martín Coste.

En la investigación que involucra a los presos K están imputados Arribas y Majdalani, el ex director del Servicio Penitenciario, Emiliano Blanco, y el ex secretario privado de Macri, Darío Nieto, entre otros, sumados a un grupo de agentes de la AFI, policías y penitenciarios y la ex funcionaria de Casa Rosada Susana Martinengo.

El juez Juan Pablo Augé debe resolver si hace lugar al pedido de procesamiento por asociación ilícita para los ex jefes de la AFI solicitado por la fiscal Cecilia Incardona y otros querellantes, lo cual había quedado pendiente de resolución con la decisión de que el documento sea girado a territorio porteño. |