El fiscal federal Franco Picardi requirió el análisis de llamadas entrantes y salientes y de ingresos y egresos de la Casa Rosada, con el objetivo de reconstruir la supuesta presión ejercida por el diputado del Parlasur y exdirector de YPF Fabián "Pepín" Rodríguez Simón para provocar la renuncia de la exprocuradora Alejandra Gils Carbó durante el gobierno de Mauricio Macri.
De esta forma, el fiscal dispuso algunas de las medidas y solicitó a la jueza María Eugenia Capuchetti que ordene otras en el marco de la causa en la que se investiga el accionar de la denominada mesa judicial del gobierno de Cambiemos, sospechada de ejercer influencia indebida sobre jueces y fiscales con el objetivo de obtener resoluciones judiciales a la medida de los intereses de quienes integraban aquel gobierno nacional.
El representante del Ministerio Público requirió que la jefatura de Gabinete informe los ingresos de Pepín Rodríguez Simón a la Casa Rosada y a la Quinta de Olivos durante 2016 y 2017, a la vez que pidió que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) informe si el supuesto operador judicial del gobierno de Macri visitó ese organismo en los mismos años y que, en tal caso, detalle cuándo se produjeron aquellas visitas.
Además, le solicitó a la jueza Capuchetti que le ordene a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) un análisis de las llamadas entrantes y salientes de Pepín y de la localización de las antenas desde las cuales se pudieran haber llevado a cabo llamadas de interés para la investigación.
Todas las medidas fueron solicitadas o requeridas, según el caso, en el capítulo Gils Carbó de la causa conocida como mesa judicial: allí se investigan las supuestas presiones ejercidas sobre la entonces procuradora para que abandonara su cargo.
"Persecución"
Uno de los hitos principales de la investigación de las supuestas presiones sobre la ex funcionaria surge del testimonio ofrecido por el fiscal Gabriel De Vedia, quien declaró bajo juramento de decir verdad que en su momento contactó a Pepín para preguntarle cuándo terminaría la "persecución" y que la respuesta que recibió fue que eso solo ocurriría con su renuncia.
"Me contacté con el señor Fabián Rodríguez Simón y le dije que me quería reunir con él. Él me contestó que sí. Le pregunté en dónde y me dijo en la Casa de Gobierno. Él no era funcionario del Ejecutivo Nacional, era diputado del Parlasur y director de YPF", declaró De Vedia, según pudo reconstruir la agencia Télam.
Luego relató cómo fue aquella conversación: "'¿Cuándo se va a terminar la persecución a Alejandra?' Enseguida, en tono de afirmación, le dije 'Se va a terminar la persecución a la procuradora general de la Nación'. A lo que el señor Fabián Rodríguez Simón me respondió: 'Si me conseguís la renuncia, termina acá'. Ante eso le contesté: 'No va a renunciar la procuradora. Ella tiene una responsabilidad institucional y humana, no va a renunciar'. A continuación, él me dijo: 'Si Gils Carbó no renuncia vamos a meter presas a las hijas y a ella' y me reafirma: 'En ese orden'".
En esta causa se investigan las maniobras que se habrían producido entre el 10 de diciembre de 2015 y el 9 de diciembre de 2019, en el marco de la gestión de Gobierno de Macri, a través de un núcleo de decisión política denominado mesa judicial, integrado por funcionarios públicos del Poder Ejecutivo nacional y personas físicas allegadas.
Gils Carbó es una de las supuestas víctimas de aquel accionar, mientras que en el expediente declararon también otros exmagistrados como el destituido Eduardo Freiler y jueces en actividad como Ana María Figueroa, de Casación Federal, Eduardo Farah, de la Cámara Federal porteña, y el juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla.
