La Cámara Federal de Casación Penal pidió al juzgado de instrucción que lleva la causa por los cuadernos del remisero Oscar Centeno el envío "con carácter de urgente" de "soporte fílmico, digital u otro medio técnico en el cual se hayan registrado" las declaraciones de los imputados arrepentidos del caso, revelaron fuentes judiciales.
"Como medida para mejor proveer y con suspensión del plazo de deliberación, requiérase -con carácter de urgente-" la remisión a Casación de "soporte fílmico, digital u otro medio técnico en el cual se hayan registrado las declaraciones efectuadas en el marco del acuerdo de colaboración por los imputados arrepentidos", pidió la sala I del máximo tribunal penal federal del país.
El pedido fue cursado al juzgado Federal 11, donde se investigó el caso, tras una audiencia en la cual las defensas de procesados, entre ellos el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, pidieron la nulidad de toda la causa por falta de estos soportes, entre otros argumentos.
"En caso de no contar con lo pedido, se solicita se arbitren los medios necesarios para cumplir con lo requerido", sostuvo Casación en el oficio enviado al juzgado el viernes último. En ese documento se recordó que el pedido se basa en lo establecido en los artículos 6 y 7 de la ley 27304, conocida como la ley del arrepentido.
En la causa ya fueron enviados a juicio oral acusados de presunta asociación ilícita y cohecho, la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el exministro De Vido, el remisero arrepentido Centeno y empresarios, muchos de los cuales declararon como imputados colaboradores en el caso.
El oficio deberá ser respondido por el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, quien quedó como subrogante del juzgado 11 tras el fallecimiento de Claudio Bonadio, el magistrado que envió a juicio a los procesados en la pesquisa. La parte principal del caso cuadernos ya está enviada a juicio y quedó a cargo del Tribunal Oral Federal 7.
Ante Casación las defensas de algunos de los procesados plantearon la nulidad de la pesquisa, entre otros puntos, que deberán ser resueltos por el máximo tribunal penal federal del país.