A raíz del informe sobre la Revisión Tarifaria Integral aprobado por la Auditoría General de la Nación al determinar que el Gobierno de Mauricio Macri benefició a las distribuidoras eléctricas Edenor y Edesur a través de "costos operativos mayores a los reales" con un fenomenal impactó en la tarifa final que pagaron los usuarios, el senador Oscar Parrilli solicitó una ampliación del documento presentado ante la comisión de energía de la cámara alta, por lo que convocó a los auditores generales María Graciela de la Rosa, Miguel Angel Pichetto, Juan Ignacio Forlón, Gabriel Mihura Estrada, Javier Fernández, Alejandro Nieva y el titular del organismo Jesus Rodriguez.
Argumentos
Parrilli señaló que la revisión tarifaria da cuenta de la ausencia de criterios por parte del ENRE: "solo para priorizar la rentabilidad de las empresas incumpliendo el marco normativo del sector y la Constitución Nacional". De esta manera, para la revisión del cuadro tarifario en 2016 contrataron a la consultora Quantum, localizada en la provincia de Córdoba, presidida por los hermanos, ingenieros e integrantes de la Fundación Mediterránea Mario y Fernando Damonte, además de ser cercanos al ministro de Servicios Públicos de Córdoba, Fabián López.
Quantum había elaborado en 2018 un nuevo marco regulatorio a pedido de Schiaretti para habilitar la privatización total o parcial de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec), aún bajo la órbita del Estado. A su vez, en el artículo 7 de esa normativa se aclara: "la Ejecución de las obras de infraestructura y la Prestación del servicio de sub transmisión y Distribución de energía eléctrica será responsabilidad de las empresas concesionarias", dando a entender que el servicio será privatizado.
Además, en el artículo 11, agrega "las empresas que tengan por objeto la generación, transporte, sub transmisión, distribución o comercialización de energía eléctrica deberán estar constituidas en el país como sociedades anónimas o cooperativas de usuarios del servicio eléctrico, en ambos casos con domicilio en la provincia".
Pero finalmente, el proyecto no logró cruzar el límite de la oposición y la resistencia del sindicato de Luz y Fuerza.
Lo que se sabe
El informe reveló que entre el 28 de enero de 2016 y el 1 de febrero de 2018 el Ente Nacional Regulador de la Electricidad no cumplió con la tarea de controlar en las concesiones de Edenor y Edesur empresas que prestan el servicio de distribución eléctrica en el AMBA.
En cuanto a los costos, la AGN detectó que resultaron "mayores a los costos reales de las distribuidoras, lo que implicó una sobreestimación de los mismos y un mayor reconocimiento a incluir en el Costo Propio de Distribución para el cálculo del cuadro tarifario".
A su vez, el Enre aprobó costos operativos un 54% superiores para Edenor y un 61% para Edesur, lo que representó montos adicionales para las distribuidoras equivalentes a 2.200 millones de pesos para Edenor y 2.000 millones de pesos para Edesur.
En septiembre pasado el gobierno tensionó al máximo la relación con las distribuidoras eléctricas al dar curso a una denuncia judicial contra esas compañías.
Los tarifazos durante la gestión de Macri superaron aumentos del 3000% para usuarios residenciales en el lapso de dos años. En tanto, el ENRE que en ese entonces conducía Ricardo Martínez Leone "no evaluó el impacto de los incrementos tarifarios", explicó Parrilli.|
