La suplantación de identidad de forma digital o “phishing” es una técnica de ingeniería social que usan los ciberdelincuentes para obtener información confidencial de los usuarios de forma fraudulenta y así apropiarse de las cuentas bancarias y, desde allí, hacer todo tipo de operaciones: compras, transferencias e incluso tomar deuda.
Este tipo de estafas es uno de los delitos que más creció en 2020, según reportó la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia, que encontró un incremento de 300% durante en la pandemia, cuando todas las operaciones se digitalizaron.
Entre miles de víctimas de “pishing” se encuentra María Inés Matuszak que un día se enteró que por esa vía un ciberdelincuente había tomado un préstamo a su nombre y, en adelante, comenzó un camino complejo para no tener la obligación de devolver un dinero que no tomó y, en paralelo, no ser excluida del sistema financiero por su condición de “morosa”, mientras el proceso judicial avanza.
La cuestión fue planteada en la causa “MATUSZAK María Inés C/ Banco de la Provincia de Buenos Aires S/ NULIDAD DE CONTRATO” (EXPTE. 153891) con el patrocinio del abogado Marcelo Szelagowski que contó que tanto el Banco de la Provincia de Buenos Aires (BAPRO), como otras entidades privados siguieron comunicando al Banco Central de la República Argentina (BCRA) cuando los clientes no habían pagado las cuotas pese a que las medidas cautelares suspendían el cobro, “trayendo graves consecuencias a sus clientes, ya que no sólo tienen que seguir con un proceso judicial hasta que se dicte la sentencia definitiva sino que son considerados morosos irrecuperables lo que los excluye del sistema financiero para poder sacar todo tipo de crédito, por ejemplo”.
“En definitiva – dice Szelagowski - destrozan su imagen crediticia, convirtiéndolas en personas no confiables financieramente hablando”.
Esta semana, la Jueza Titular del juzgado en lo Civil y Comercial Nº 5, Fabiana Maricel Coradi, ordenó al BAPRO que se abstenga de brindar información al BCRA o a toda entidad financiera, en donde la víctima de una ciberestafa bancaria se la califica de morosa cuando, en realidad, se encuentra amparada por una medida cautelar que obliga al banco a no cobrarle las cuotas de los créditos tomados mediante maniobras delictivas realizadas por terceros.
En estos casos, como las organizaciones de riesgo crediticio, como por ejemplo VERAZ, toman la información del BCRA para elaborar sus informes, las comunicaciones negativas a pesar de existir una medida judicial que las ampara, “manchan la honorabilidad de las víctimas que resultan seriamente perjudicadas”, planteó Szelagowski.
Además, el letrado indicó que a partir de la ola de ciberestafas que comenzó el año pasado, se generó un cambio de jurisprudencia por parte de los magistrados en cuanto a la liberalización del otorgamiento de medidas cautelares para la protección de las víctimas mientras dura el proceso de nulidad de los créditos. Es por eso que, en la resolución, la jueza Coradi señala expresamente: “La Plata, 4 de octubre de 2021. …En atención a lo solicitado, siendo que lo que aquí se cuestiona resulta ser el otorgamiento de un préstamo en dinero y que la medida cautelar de no innovar confirmada por el Superior, en la que se ordena a la demandada abstenerse de formular descuentos sobre la cuenta de la actora no significa que ésta deba realizarlos por otro medio de pago, ni mucho menos constituirla `en mora´ respecto de las cuotas que se debieran devengar durante el tiempo que transcurra la tramitación de los presentes”.
Y, en se sentido, dispone que “el Banco de la Provincia de Buenos Aires se abstenga de informar como `morosa´ a la Sra. María Inés MATUSZAK respecto al crédito cuya nulidad aquí se ventila, tanto al BCRA como a cualquier otra entidad que requiera dicha información. Hácele saber al BCRA mediante oficio que en virtud del préstamo cuya nulidad se ha solicitado en autos y hasta tanto exista resolución definitiva, no deberá considerar en mora a la accionante por deudas informadas por la demandada con origen el empréstito cuestionado”.
Sobre lo resuelto, Szelagowski subrayó que la resolución en cuestión se alinea con la cautelar confirmada, “toda vez que los Bancos distorsionan el espíritu de la misma generando más presión sobre sus clientes y jamás renunciando al cobro de los créditos, buscando permanentemente eludir las mandas judiciales y mortificar a las víctimas para que claudiquen y paguen los créditos, bajo cualquier argumentación”.
“La resolución da muestra del aggiornamiento de la Justicia a las nuevas presiones de los bancos sobre los clientes”, agregó el abogado de Matuszak y se mostró optimista respecto al avance de la causa: “estamos convencidos que todas estas cuestiones serán severamente sancionadas en las sentencias definitivas, ya próximas a dictarse”, afirmó. |
