En las últimas horas, la Municipalidad de Vicente López le informó al juez federal de San Isidro Lino Mirabelli que las imágenes de ingresos y egresos a la Quinta Presidencial de Olivos durante la etapa más severa del aislamiento obligatorio durante la pandemia fueron eliminadas automáticamente por el sistema.

Ante esta situación, la Dirección de Análisis Delictual, dependiente de la Secretaría de Seguridad del municipio, remitió un comunicado al juzgado que acumula todos los expedientes vinculados con las presuntas violaciones a las medidas sanitarias.

“Las cámaras de video vigilancia dependientes de la Secretaría de Seguridad de Vicente López, ubicadas en la vía pública, poseen un resguardo de almacenamiento de entre 25 y 30 días, salvo que se reporte la existencia de un hecho y la fuerza policial y/o el sistema de justicia soliciten preservar las imágenes vinculadas a ese evento dentro del plazo antes señalado”, detalla el documento.

En tanto, la Municipalidad comunicó al juzgado: “No registrando reportes de eventos vinculados a las cámaras ubicadas en zona aledañas a la Residencia Presidencial de Olivos en las fechas y horas requeridas, y no habiéndose solicitado, por ende, preservación de imágenes dentro del plazo por el cual se conservan las mismas, es que no contamos con el material fílmico pedido".

Las grabaciones sobre los ingresos y egresos a la Quinta Presidencial en fechas compatibles con el aislamiento obligatorio, lo que incluye la celebración del cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yáñez, habían sido pedidas por la jueza Sandra Arroyo Salgado, cuando aún tramitaba una de las denuncias que involucran al presidente Alberto Fernández.

Posteriormente, la Cámara Federal de San Martín resolvió que todos los expedientes se acumularan en el juzgado de Mirabelli. La notificación de la Municipalidad sobre la ausencia de las filmaciones está firmada por Erwin Eric Yuber Heinitz, responsable de Análisis Delictual. La comunicación al juzgado se produjo mediante una nota remitida por Juan José Benítez, secretario de Seguridad local.

El incumplimiento de las restricciones que regían el 14 de julio de 2020 se enmarca en el artículo 205 del Código Penal (con penas de entre seis meses y dos años de prisión para quien violase las medidas adoptadas por las autoridades para impedir la introducción o propagación de una epidemia) y el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el presidente y que estableció las prohibiciones por la emergencia sanitaria.|