La jueza de la Corte Suprema Elena Highton de Nolasco presentó este martes su renuncia al cargo a partir del próximo 1 de noviembre, según publicó oficialmente el Centro de Información Judicial (CIJ).

La única mujer en la actual conformación del máximo tribunal superó los 75 años de edad, tope fijado por la Constitución Nacional reformada en 1994 para ejercer la magistratura, pero continuaba en el cargo gracias a una medida cautelar dictada por la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal y consentida por el gobierno de Mauricio Macri.

"Tengo el agrado de dirigirme al Señor Presidente de la República con el objeto de presentar mi renuncia al cargo de Jueza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con efectos a partir del 1 de noviembre del corriente año", expresó la magistrada en una misiva dirigida a Alberto Fernández, fechada el pasado 30 de septiembre.

Ese día, se produjo la votación -de la que ella no participó- en la que Horacio Rosatti fue ungido como nuevo presidente del máximo tribunal. Highton de Nolasco quedó ofuscada por el procedimiento y por la decisión de sus colegas de desoír su pedido para que se postergara la votación, habida cuenta de que su colega y aspirante también a la presidencia, Ricardo Lorenzetti, estaba participando de un foro internacional y se había excusado de intervenir en el Acuerdo Extraordinario.

Hasta ese momento, Highton ejerció la vicepresidencia de la Corte, cargo del que fue desplazada por su colega Carlos Rosenkrantz. Esa permanencia en el cargo le valió no sólo cuestionamientos internos en el Poder Judicial sino también una causa penal en la que está denunciada junto con Rosenkrantz; el ex ministro de Justicia durante el gobierno de Cambiemos, Germán Garavano, y el ex asesor presidencial en material judicial del ex presidente Macri, Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, hoy prófugo de la Argentina y residiendo en Uruguay.

La denuncia fue presentada por la Asociación Civil por la Exigibilidad de los Derechos Sociales, una organización encabezada por los abogados Federico Gustavo Méndez y Pablo Gastón Llopart.

La primera en la Corte

Elena Highton de Nolasco cierra con su renuncia a la Corte una larga carrera judicial en el fuero Civil y quedará en el registro histórico como la primera mujer en ser designada en el máximo tribunal de justicia del país.

Católica, ideológicamente de centro, como gusta definirse, aunque bromea que está “a la derecha” de su amiga y ex colega en la Corte, la fallecida Carmen Argibay, Highton de Nolasco se graduó con honores como abogada de la UBA en 1966 e ingresó en la justicia en 1973, como defensora oficial de Incapaces y Ausentes.

La recomendación para el cargo, que ocupó hasta 1979, fue hecha por el escritor y dirigente peronista Arturo Jauretche, tío de su marido, Alberto Nolasco.

En los ochenta logró el cargo de jueza en lo Civil y Comercial y en 1994 fue ascendida a camarista del fuero.

Autora de más de 30 libros, entre los que están “Justicia en cambio” y “La función notarial en la comunidad globalizada”, también tiene una larga carrera docente desde 1984, cuando fue nombrada titular de la cátedra de Derechos Reales de la Universidad de Buenos Aires.

También desarrolló el área de mediación y la solución alternativa de los conflictos judiciales, dentro de su carrera como abogada y magistrada pero también desde la Fundación Libra, especializada en la enseñanza de esos recursos para resolver litigios.

En la Escuela de Derecho de Harvard se especializó en la relación entre derecho y la economía y a su regreso amplió su formación en esta área con cursos en la Universidad Torcuato Di Tella.

Highton de Nolasco se desempeñaba hasta la semana pasada como vicepresidenta del máximo tribunal, para el que fue elegida el 28 de junio de 2004 por el entonces presidente Néstor Kirchner.

La jueza había superado los 75 años, el límite de edad que fija la Constitución de 1994 para seguir en el cargo, pero tras la presentación de un recurso de amparo durante la gestión de Mauricio Macri, pudo continuar ejerciendo su cargo. La Oficina de Violencia Doméstica de la Corte, creada de 2006 para facilitar el acceso a la Justicia de las personas en situación de vulnerabilidad afectadas por hechos de violencia doméstica, estaba a su cargo, así como también la Oficina de la Mujer, que quedó bajo su órbita tras la muerte de la jueza Argibay.|