Después de doce días en prisión, finalmente la Cámara Federal de Casación Penal decidió ponerle fin a la preventiva que atravesaban Jonathan Morel, Sabrina Basile, Gastón Guerra y Leonardo Sosa, miembros de la agrupación de ultraderecha Revolución Federal. El 20 de octubre último el juez Marcelo Martínez de Giorgi había dispuesto la detención de los cuatro integrantes de ese grupo violento.
En el transcurso de la pesquisa, se logró determinar que los integrantes de Revolución Federal habían recibido millonaria financiación de parte de la empresa Caputo Hermanos, muy vinculada al expresidente Mauricio Macri.
La investigación sobre los autores de la "guillotina" usada en la marcha del 9 de Julio, y de la marcha de antorchas contra la Casa Rosada (de la que participó Brena Uliarte), corría por carriles paralelos con la que impulsa la jueza María Eugenia Capuchetti, en el juzgado federal N°5, y que tiene detenidos a Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Gabriel Carrizo, y por la que en esta semana fue liberada Agustina Díaz.
De hecho, el propio juez Martínez de Giorgi había remitido el expediente a su par del JF5, al entender que había una conexidad entre las causas. Sin embargo la jueza rechazó esa unificación y la Cámara Federal lo confirmó.
Causas sin vinculación
Ése fue precisamente uno de los argumentos que hoy esgrimió el tándem Llorens/Bruglia/Bertuzzi para intentar también "bajarle el precio" al expediente, al señalar que "la vinculación entre las causas ya fue rechazada por la jueza y por la presidencia de esta Cámara (Llorens) y no se verifica -de momento- la existencia de elementos objetivos que nos permitan conectar ambas investigaciones".
Lo cierto es que pese al pedido del fiscal Gerardo Pollicita, que había argumentado que restaban pruebas por realizar sobre las notebooks y celulares secuestrados, entre otras pruebas pedidas, y a la postura del querellante José Ubeira, quien argumentó que "la gravedad de los hechos investigados y las medidas pendientes de prueba justifican" la no excarcelación, lo cierto es que los jueces de Comodoro Py no creen ver riesgos procesales suficientes.
Por un lado, evaluaron que ninguno de los cuatro detenidos presentaba antecentes, y por el otro especularon que el mínimo de la pena aplicable, en caso de ser hallados culpables, implicaría una pena de ejecución condicional.
Además, en el caso de Morel, destacaron su "actitud colaborativa", por haber aportado "voluntariamente las claves de sus redes sociales y PC y el patrón de desbloqueo de su teléfono celular para ser peritado".
Aún con ello, los camaristas dejaron a criterio del juez instructor para que determine "la aplicación de alguna medida que asegure su sujeción al proceso, debiendo el a quo seleccionar aquellas restricciones que considere pertinentes".
