La Oficina Anticorrupción (OA) denunció penalmente al expresidente Mauricio Macri por "defraudación, administración infiel agravada y malversación de caudales públicos" por procedimientos aplicados para el acuerdo suscripto en 2018 con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la concesión de un préstamo por más de 44 mil millones de dólares.
La presentación de dicha denuncia se formalizó ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 5 y alcanza a varios de los funcionarios del gobierno de Macri, entre ellos al ex ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, el ex ministro de Finanzas Luis Caputo y los extitulares del Banco Central Adolfo Struzenegger y Guido Sandleris.
La denuncia indica que: "el 20 de junio de 2018 el FMI aprobó un nuevo empréstito, que fue destinado a solventar la formación de activos externos, en perjuicio del Estado Argentino y de todo el pueblo de la Nación, que con el endeudamiento subvencionó las ganancias de los especuladores por la decisión de los denunciados". Con dichos fondos, Macri y sus funcionarios habrían ejecutado un programa criminal destinado a generar enormes ganancias finales en dólares a personas físicas y jurídicas, las que fueron solventadas mediante el endeudamiento externo contraído por el Estado Nacional, según la presentación judicial.
“La decisión de suscribir con urgencia y a como diera lugar el mayor empréstito otorgado por el FMI en su historia —con la correspondiente complacencia del organismo— se expresó en la violación de las normas esenciales para esa decisión", indicó la OA.
¿Fines electorales?
El organismo también hizo referencia a las manifestaciones del ex asesor del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y actual presidente del BID, Mauricio Clever Carone, quien en su exposición en el Consejo de Relaciones Internacionales de Chile explicó las razones de la concesión de un préstamo "inédito" a Argentina.
Por otro lado, se señaló que "la razón no era otra que ayudar a la reelección presidencial del por entonces presidente de la Nación, Mauricio Macri" y se manifiesta que para comprender cabalmente la maniobra es necesario obtener, en el transcurso de la pesquisa, tanto el listado completo de las personas físicas y jurídicas beneficiadas por la maniobra ilícita, así como determinar el tipo de vinculación que pudieran mantener con los funcionarios denunciados.
La Oficina Anticorrupción exige conocer si existieron vínculos entre los funcionarios y los compradores, y si estos pudieron prevalerse de información privilegiada —y quién la suministró—, para asegurar esas ganancias, que son el espejo del perjuicio que debe afrontar la mayoría del pueblo argentino. Remarcando que el gobierno de Macri evitó "cumplir con los procedimientos legales para la toma de la decisión del endeudamiento evitando al Congreso de la Nación, hasta falsear los objetivos del empréstito".
El texto de la denuncia se basa fundamentalmente en que: "el FMI fue complaciente tanto con el otorgamiento del empréstito como con el control de su ejecución", algo que no resulta casual sino causal la coincidencia de las sumas, en tanto los USD 44,5 mil millones obtenidos mediante el empréstito con el FMI resultan muy cercanos a los USD 45,1 mil millones fugados por capitales especulativos y los USD 46,1 mil millones de Lebacs emitidos a junio de 2018".
Por lo tanto, el proceso habría sido espurio ya que las autoridades no optaron por ninguna otra medida que evitara la sobredemanda de dólares y la salida de estos de la plaza local, garantizando con su deliberada pasividad la toma de ganancias de los especuladores a expensas del patrimonio público.
Esta denuncia se vincula estrechamente con la intención de Alberto Fernández de iniciar una querella criminal contra Macri y varios funcionarios de su gobierno por el endeudamiento contraído con el FMI, anunciada el 1 de marzo durante la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso. |
