El juez nacional en lo Criminal y Correccional Fernando Caunedo procesó y embargó bienes por $300.000 a cinco dirigentes ligados a Hugo Moyano y Pablo Moyano por coacción contra la empresa Andar Transportadora. Ocurrió el año pasado en el depósito que la firma tiene en Villa Soldati y ahora los trabajadores reclamaban una deuda con el sindicato.

Uno de los procesados es el secretario de Políticas de Transporte del gremio camionero y secretario gremial de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), Omar “Manguera” Pérez, quien tiene un estrecho vínculo con los Moyano.

El segundo procesado que también forma parte del sindicato desde el área de Logística es Omar Dutrá, quien integra el círculo de confianza de Hugo y Pablo Moyano. Además, el fallo incluye a Matías Ezequiel Paz, Diego Emanuel Coria y Jorge Fabián Aguirre.

El fallo judicial

El juez dictaminó que el bloqueo a la transportadora afectó “la libertad de acción y de trabajo del querellante y de sus empleados, así como de los choferes que acudieron allí y no pudieron concretar la entrega o el retiro de mercadería”.

Además, consideró: “están suficientemente satisfechos los extremos objetivos del tipo penal de la coacción, en tanto se impidió, contra la voluntad de los afectados, la concreción de una actividad lícita”.

Antecedentes

Anteriormente el fiscal Ignacio Mahiques había pedido la indagatoria de los acusados por el delito de extorsión, al considerar que el reclamo se trataba de “una deuda inexistente”, el juez Caunedo consideró que “aun admitiendo que efectivamente existiera alguna deuda de la empresa, de ninguna manera estaban habilitados para obrar como lo hicieron, acudiendo a las vías de hecho para forzar el pago bajo la amenaza de paralizar el transporte”.

“Efectivamente, existió una afectación al movimiento ordinario del depósito, en una clara actitud de presión, para lograr el pago de la deuda reclamada. El despliegue de los imputados en la vereda del depósito, y los movimientos y actividades que realizan, a lo largo de las horas, se compadece más con el bloqueo e interrupción de la actividad del depósito”, puntualizó Caunedo.

Por este motivo, procesó a los cinco dirigentes: “por encontrarlos en principio coautores penalmente responsables del delito de coacción, mantener su libertad provisional y trabar embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de trescientos mil pesos cada uno”.

La defensa de la empresa afectada

Florencia Arietto consideró que “no existen antecedentes de un procesamiento por coacción a altos directivos de un sindicato por bloquear una empresa” y que “aun cuando exista una deuda de la empresa, el bloqueo no es un método legal para cobrarla”.

En tanto, Alejandro Castell, titular de la empresa, se mostró “contento” con el fallo y definió a Camioneros como “un sindicato mafioso” que “forma parte de un sistema enquistado, con poder, que siempre está y va a ser muy difícil sacar de este país”.

La denuncia realizada por el empresario fue por extorsión, usurpación, atentado contra la libertad de trabajo y privación ilegítima de la libertad.|