La Inspección General de Justicia (IGJ) consideró que la firma Hidden Lake S.A., propiedad del magnate inglés Joe Lewis, es una “pantalla jurídica” que “no tiene por finalidad el intercambio, producción o prestación de bienes o servicios, sino que es utilizada para disfrazar un cuantioso patrimonio del Sr. Lewis en la Patagonia", impidiendo que cualquier persona acceda al Lago Escondido, ubicado en la provincia de Río Negro, un derecho constitucional vedado hace 17 años.
El pedido deberá resolver la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, mientras la causa judicial referida al acceso al lago permanece desde hace 5 años sin movimientos en una cámara de Bariloche.
Según el Código Civil de la República Argentina los ríos y lagos son de dominio público (artículo 2340), mientras que la Constitución de la Provincia de Río Negro "asegura" el libre acceso con fines recreativos a las riberas de espejos de agua de dominio público (artículo 73).
Aunque en 1994 se creó el Área Natural Protegida Río Azul-Lago Escondido, en 1999 se modificó y se dejó al lago fuera del área protegida.
Lago Escondido está custodiado por leyes nacionales que avalan el acceso a cualquier persona, algo que no se cumple pese a que hubo varios fallos en ese sentido de la justicia rionegrina.
Uno de los planteos de la IGJ apunta a "hacer cesar el irregular e ilegal estado de cosas que se verifica hasta el presente, concretado a través de la antijurídica actuación en nuestro país del Sr. Lewis, utilizando de forma espuria a una sociedad comercial registrada en la Ciudad de Buenos Aires, con sede en un estudio jurídico capitalino".
La requisitoria de la Inspección General de Justicia advirtió también que Hidden Lake (en castellano, Lago Escondido) es la compañía a través de la cual Lewis interpuso "múltiples recursos procesales dilatorios y apelaciones" que impidieron materializar el acceso público a lo largo de 17 años.
Otro hecho tenido en cuenta por el ente es que la sociedad del británico no realizó "durante décadas actividad comercial alguna que le permitiera sufragar, entre otras cuestiones, la construcción de la mansión del propio Lewis en las proximidades del Lago Escondido, ni mucho menos autosostenerse como entidad mercantil genuina", expresó el organismo a través de un comunicado.
De hecho, las casi 9 mil hectáreas en cuestión fueron adquiridas en 1996 por la firma H.R. Properties Buenos Aires S.A., que poco después se convirtió en Hidden Lake S.A, controlada por Lewis. Eso motivó una denuncia judicial que prescribió el año pasado y en la que el historiador y denunciante Alejandro Gaona Olmos explicó: "Se autorizó a una sociedad y se inscribió a nombre de otra".
Días atrás, el Gobierno de Río Negro y el Poder Judicial local recibieron un nuevo petitorio que reclama el libre acceso al Lago Escondido por el camino de Tacuifí, cuya utilización es restringida por Lewis.
El petitorio fue acompañado por una multitudinaria movilización en Viedma, de la que participaron la CTA Autónoma, la Corriente Clasista Combativa (CCC), la Federación Nacional Territorial (Fenat) de Río Negro e integrantes de pueblos originarios, con el respaldo de miles de firmas en toda la provincia.
El 9 de marzo último, la titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (Inai), la abogada Magdalena Odarda, confirmó que se rechazó por "inviable" la propuesta de construir un camino alternativo para acceder al Lago Escondido, planteada por Lewis durante una audiencia de conciliación en la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y de Minería de Bariloche.
La IGJ mencionó este lunes que su pedido se apoya también en que existen "causas judiciales con varias resoluciones firmes del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro y hasta de la Corte Suprema de Justicia de La Nación".|
