La investigación penal tuvo su origen ante una presunta protección de evasores por parte de las autoridades que tuvieron a su cargo la dirección de la AFIP hasta el 10 de diciembre de 2019, ya que esta Agencia habría ocultado la información relativa a esas 950 cuentas de argentinos en el exterior por un valor de 2.600 millones de dólares. Esta información fue entregada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en el año 2017, en el marco del proceso de intercambio entre agencias que se ocupan de temas tributario
 

En esa causa penal se investiga asimismo si dicha información pudo haber sido adulterada, recortada o eliminada parcialmente y haber dado lugar a la prescripción de obligaciones de pago de impuestos en beneficio de los titulares de las cuentas alteradas u omitidas.
 

De esta manera, la investigación judicial se aboca a analizar las consecuencias jurídico-penales derivadas de la inacción de algunos funcionarios y de la manipulación de la información, por lo que inicialmente, se evalúa que hay incumplimientos funcionales, encubrimiento, adulteración de información, posibles complicidades de funcionarios públicos con Sujetos Obligados. Hechos que podrían alterar la vía de escape organizada por la ley de blanqueo de capitales.

A partir de la normativa en materia de Lavado de activos, la acción de la UIF se encamina al análisis de los hechos que habrían llevado a la prescripción de las obligaciones de pago por parte de los titulares de las cuentas involucradas en el ocultamiento; la responsabilidad de las y los funcionarios en relación a la información ocultada; la eliminación de parte de esos datos y a determinar el origen de todo ese dinero depositado en cuentas en el exterior en función de la Ley de blanqueo.
 

En este sentido, existiendo formación de activos en el exterior en cuentas que no fueron declaradas antes la autoridad fiscal nacional, la UIF apunta a investigar las posibles maniobras dirigidas a dar apariencia legal a bienes de origen ilícito, el ocultamiento de información sensible y la evasión fiscal, todo ello con el consiguiente perjuicio para el orden económico financiero del país y el conjunto de la sociedad.