Dos horas tardó el procurador General de la Nación, Eduardo Casal, en escribir el dictamen no vinculante en el que dice que la Corte Suprema de Justicia tiene competencia para intervenir en la demanda que presentó el Gobierno porteño para que el presidente Alberto Fernández no frene las clases presenciales.
Ayer, Horacio Rodríguez Larreta presentó en el máximo tribunal de país que se declare la inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo 241/21, además de una medida cautelar contra para que los alumnos puedan tener clases presenciales. La Corte corrió vista a la Procuración, algo que es de forma, para que opine sobre la cuestión de la competencia.
Ahora, los ministros de la Corte deberán resolver si hacen lugar a la cautelar hasta que se resuelva la cuestión de fondo. El expeditivo Casal, está a cargo de forma interina de la Procuración General y el oficialismo está acelerando los trámites para buscar un reemplazante que sea más a fin al Gobierno.
Lo que está pasando
La presentación del jefe de Gobierno porteño se formalizó antes de la reunión que mantuvo ayer con Fernández en la quinta presidencial de Olivos. Allí apunta contra las restricciones que impuso el presidente para frenar la segunda ola de la pandemia por Covid-19, en principio dice que se trata de “una virtual intervención federal”.
También destaca que la suspensión de las clases presenciales “no” está “justificada en datos empíricos”.
El pedido de inconstitucionalidad del DNU, que comenzó a regir este viernes y se extenderá hasta el 30 de abril inclusive, difícilmente se resuelva con la misma velocidad que aplicó Casal. Pero sí la medida cautelar que es contra el artículo 2 del decreto e incluye a toda otra disposición o reglamentación dictada en su consecuencia.
El Gobierno de la Ciudad considera que la suspensión de las clases presenciales viola su autonomía, ya que la Nación "se arroga potestades sobre competencias eminentemente locales, en salud y educación". En definitiva, según esa postura, se trataría de una virtual intervención Federal.
Otro de los puntos fuertes que expone Larreta, es que el decreto en cuestión "constituye una clara violación al principio de igualdad porque se evidencia una discriminación arbitraria con relación a las restantes provincias, que pueden decidir respecto de la continuidad o suspensión del ciclo lectivo 2021". |
