Por los hechos sobre el escenario político, todo hace suponer que el Poder Judicial ha decidido tener un rol más activo de lo habitual desde que el Gobierno de Alberto Fernández puso la mira sobre el farragoso terreno de los magistrados. Ayer, la Corte Suprema de Justicia volvió a mover una ficha cuando rechazó in límine un planteo que había hecho el Poder Ejecutivo para apartar a los cortesanos de actuar en el reclamo de la Ciudad de Buenos Aires por el recorte a los fondos coparticipables que se dispuso el año pasado en medio de una revuelta de la policía bonaerense.

El jefe de la Procuración del Tesoro, Carlos Zannini, interpuso un recurso en el que plantea la "incompetencia" de la máxima instancia judicial como tribunal originario en ese expediente. Los ministros de la Corte actuaron con benemérita rapidez y decidieron ir por el justo medio al convocar para hoy a una audiencia de conciliación entre el Gobierno nacional y el porteño para saldar las diferencias y llegar a un acuerdo.

A los pocos meses de asumir la presidencia del país, Fernández decidió hacer una poda de los fondos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que habían sido dispuestos a través de un decreto a medida firmado por Mauricio Macri cuando aun era presidente. Un reclamo salarial con protestas de la fuerza policial con mayor cantidad de efectivos del país, fue lo que impulsó al Poder Ejecutivo a tener que sacar dinero de alguna caja.

Y como a nadie le gusta que le quiten el pan de la mesa, el jefe del Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, zapateó, se quejó y fue a la Justicia para zanjar el asunto. Se supone que como se trata de un problema entre el Gobierno Nacional y uno provincial o, al menos, autónomo, el caso debería ser resuelto por la Corte Suprema.

Pero Zannini, hombre de leyes y conocedor de los resortes del Estado, entendió que la competencia originaria no estaba en manos de los cortesanos. Anoche se conoció que los integrantes de la Corte opinan lo contrario y convocaron a las partes para las once en punto de hoy.

Entre sus argumentos, la Corte mencionó un fallo de 2019 en donde se concedía a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el derecho de acudir, como todas las provincias del país, a la máxima instancia judicial como fuero de competencia originaria. Así se rechazó, sin mayor tratamiento, la excepción de incompetencia presentada por el Gobierno nacional.  |