Cuando a fines de septiembre la Corte Suprema admitió el tratamiento de un recurso extraordinario por salto de instancia promovido por los dos jueces más victimizados de la historia judicial argentina -Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi- terminó por transformarlos en símbolos de una suerte de republicanismo moderno, sostenido en lo más rancio del sistema político y económico.
El fallo de la Corte va en el sentido de la consolidación de una vocación de poder que erosiona las bases fundamentales de la democracia, apuntando a una concentración que avanza sobre facultades de los otros poderes del Estado. Avanzar sobre prerrogativas que son propias del Ejecutivo o el Legislativo, colocan los miembros del Supremo Tribunal en una peligrosa actitud monárquica que desconoce el equilibrio del triángulo institucional.
Si bien el pronóstico sobre el fallo que implica la cuestión de fondo es reservado, existe un estrecho margen para hacer lugar al requerimiento de los “perseguidos” magistrados. Desde la oposición “cambiemista” se festejó como un gol de Messi en el Mundial la sentencia que admitió el tratamiento del caso en el Supremo Tribunal. Para el universo kirchnerista fue la gota que rebalsó el vaso en donde percolan las centenares de acusaciones políticas que brotan como porotos de la chaucha contra el titular del cuerpo, Carlos Rosenkrantz.
¿Se podrán abstraer del contexto los cortesanos para tomar una decisión alejados de las presiones que provienen de uno y otro lado? Deberían hacerlo, aunque nadie vive en una botella de yoghurt. Para cualquiera de los lados que se incline la balanza, generará críticas despiadadas y provocará un conflicto de poderes aún mayor que el planteado por el solo hecho de haber admitido competencia en el asunto.
La Corte buscó descomprimir la presión solicitando opinión al Consejo de la Magistratura y al procurador general. El primero se expidió en contra de los jueces y Eduardo Casal lo hizo en el sentido contrario. De allí que los cinco jueces están bocetando algún texto que encuentre un equilibrio entre el derecho y las demandas políticas y sociales.
¿Y para dónde apuntará la Corte?
Lorenzetti, Maqueda y Rosatti podrían ir en el sentido de la acordada 7/2018 que validó el traslado de Bruglia a la Cámara Federal y que se aplicó también a Bertuzzi y Castelli. Pero esta ratificación quedaría sujeta a la realización de concursos que vienen postergados, por lo que terminaría teniendo el carácter de temporaria.
En el fondo, lo que la Corte podría llegar a hacer es sentar jurisprudencia para que de aquí en más, exista un sistema de traslados mucho más claro que el actualmente vigente, autor intelectual real de la novela judicial del 2020.