El Procurador General de la Nación interino, Eduardo Casal, presentará ante la Corte Suprema de Justicia su opinión sobre el per saltum impulsado por los jueces Germán Castelli, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. Aunque la misma no es vinculante, la postura del jefe de los fiscales suele tener un peso significativo ante la mirada de los integrantes de la máxima instancia judicial.

La situación de Casal con el oficialismo no es para nada buena. El Frente de Todos ya dio los primeros pasos para desplazarlo de su cargo a través de un juicio político.

A principios del mes pasado, la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado dio dictamen a un proyecto de resolución impulsado por bloque oficialista, para denunciar judicialmente a Casal, por "abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público". 

Su predecesora en el cargo, Alejandra Gils Carbó soportó estoicamente durante dos años los embates y presiones del gobierno de Mauricio Macri antes de dar un paso al costado. Desde entonces, Casals se encuentra al frente de la procuraduría en forma interina y todo indica que no tiene ganas de renunciar.

De hecho, el oficialismo ya tiene a su hombre para ocupar el cargo de los jefes de los fiscales: el actual juez Federal, Daniel Rafecas. El Poder Ejecutivo envió el pliego del magistrado a la Comisión de Acuerdos del Senado, pero aún no fue tratado, en primer lugar, porque el oficialismo sabe que no cuenta, por ahora, con los votos suficientes para su aprobación en el recinto.

En el entorno de Casal, dicen que los fundamentos que utilizará para sostener su opinión en contra de la suspensión del traslado de los tres jueces, servirían como antesala del posterior voto del presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz. Después habrá que ver si Elena Highton, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti están dispuestos a acompañar a Rosenkrantz, como lo hicieron el martes pasado cuando por unanimidad se aceptó tartar el per saltum.

“Será un escrito muy amplio, con mucho sustento jurídico, pero lo que más brillará son los antecedentes que hay en la materia”, adelantó a Negocios&Política un allegado al Procurador interino. Todo hace suponer que Casal inclinará su opinión a favor de los tres jueces que se vieron obligados a tener que volver a sus juzgados de origen después que el Senado aprobara la revocación de sus traslados.

Afirmaciones meramente dogmáticas

Ayer el Consejo de la Magistratura envió a la Corte su opinión sobre el per saltum y a nadie sorprendió que haya ido en contra de la medida presentada por Castelli, Bruglia y Bertuzzi. Justamente fue ese organismo quien solicitó que la Comisión de Acuerdos del Senado analice el procedimiento del traslado de diez jueces.

Con la firma del presidente del Consejo, Alberto Lugones, se argumentó que el per saltum no era viable porque en instancias inferiores había recursos cuyos plazos legales se encontraban en término. También argumentaron que había una decisión del Senado y también del Poder Ejecutivo a través de los decretos.

La opinión del Consejo estuvo acompañada por dos informes uno de 39 páginas, donde se analizan los casos de Bruglia y Bertuzzi y otro de 38 páginas para Castelli. En términos generales, el escrito presentado a la Corte recordó sus competencias fijadas por la Constitución y que en el caso de los tres jueces su intervención se limitó "a la mera emisión de una recomendación al Poder Ejecutivo" para que revise esos traslados.

También subrayó Lugones en su escrito que, en el caso de una decena de jueces, entre ellos los jueces referidos, "no se ha completado el procedimiento constitucional complejo previsto en el artículo 99 inciso 4, 2° párrafo, de la Constitución Nacional y expresamente consolidado, en cuanto sus etapas indispensables, señaladas por V.E. (la Corte) en las acordadas n° 4/2018 y 7/2018".

El presidente del Consejo mantuvo una postura crítica respecto al accionar de los tres jueces: "se extrae con claridad que la acción esgrimida por los accionantes intenta bloquear el ejercicio de facultades constitucionales privativas del Poder Ejecutivo".

Y en esa misma línea escribió que "los recurrentes se han limitado a formular afirmaciones meramente dogmáticas sobre los agravios que, según su particular entender, podría ocasionarles la resolución 183/20, omitiendo indicar de modo preciso, en qué consistiría el supuesto gravamen al no haberse puesto en tela de juicio las garantías constitucionales de la inamovilidad y estabilidad en el cargo consagradas en el art. 110 de la Constitución Nacional".