Los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, con la disidencia de Ana María Figueroa, –integrantes de la Cámara Federal de Casación– rechazaron un recurso de “queja” de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, contra su procesamiento en la Causa Cuadernos como presunta “jefa de una asociación ilícita”. Es la segunda mala noticia para los más involucrados en el expediente.
El máximo tribunal penal no resolvió la cuestión de fondo y consideró que el procesamiento dictado por el difunto juez Claudio Bonadio y confirmado por la Cámara Federal “no se trata de una sentencia definitiva ni de un auto que ponga fin a la acción, a la pena o haga imposible que continúen las actuaciones”. De tal forma, se rechazó el análisis del planteo realizado por la defensa de CFK al no habilitar la intervención de Casación.
En el rechazo del recurso de queja, los integrantes de la máxima instancia del fuero penal sostuvieron que “en la presente, han recaído pronunciamientos concordantes del juez instructor y de la cámara respectiva, sin que se observe la existencia de cuestión federal o verificación de un supuesto de arbitrariedad en el pronunciamiento recurrido, que amerite la intervención de esta Cámara como tribunal intermedio”.
Además, el fallo indica que “la impugnación intentada sólo revela una disconformidad con la desestimación dispuesta, que no es suficiente para configurar un supuesto de arbitrariedad o cuestión federal que autorice la apertura de esta instancia casatoria”.
Suman nuevas pruebas
La semana pasada, el juez federal Julián Ercolini dictó una ampliación del procesamiento contra Roberto Baratta, mano derecha del ex ministro de Planificación Federal Julio de Vido, por presunto “cohecho” en el marco de la denominada “Causa Cuadernos”, donde se incluye 12 supuestos hechos que no habían sido incluidos en el expediente.
En la misma resolución el magistrado, quien reemplaza a Bonadio, también amplió el procesamiento contra el secretario privado de Baratta, Nelson Lazarte, y contra empresarios que supuestamente pagaron las coimas. La medida alcanzó a Hugo Dragonetti, de la empresa Panedile Argentina; Alberto Taselli, de Faraday; Jorge Balán, de Industrias Juan F. Secco; y Claudio Glazman y Alberto de Lassaletta, por Sociedad Latinoamericana de Inversiones.
Según los investigadores, buena parte de los pagos a funcionarios públicos –entre los que también se encuentra el difunto exsecretario presidencial Daniel Muñoz– en el departamento del barrio porteño de La Recoleta en el que actualmente vive la vicepresidenta.
Además, Ercolini ordenó nuevas medidas para profundizar la investigación, entre ellas reclamar informes a la AFIP y a la Inspección General de Justicia (IGJ) sobre movimientos económicos y financieros y situaciones y composiciones societarias de las empresas que aún no fueron dilucidadas.
La decisión de la Casación despeja el camino hacia el juicio oral y público por la Causa Cuadernos. El expediente ya fue elevado a esa instancia, pero aún espera que se resuelva una serie de planteos en el Tribunal Oral Federal número siete. |
