Es probable que el próximo miércoles, cuando Cristina Fernández de Kirchner reciba en su despacho a los directivos de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, haya un furibundo duelo de miradas.

Será durante la reunión pedida por los representantes gremiales de los jueces, quienes reaccionaron de manera enérgica al proyecto de ley de presupuesto 2023 que incluye una cláusula para que magistrados y fiscales paguen Ganancias.

De ser aprobada la reforma, pasarían a pagar este tributo aquéllos que fueron nombrados antes de 2017 y que hasta ahora habían permanecido excluidos de esa obligación, algo que sí les cupo a los magistrados designados con posterioridad.

No obstante, el órgano que representa a los jueces y que es presidido por Marcelo Gallo Tagle, consideró que esa igualación de derechos y obligaciones es en realidad un "intento por avasallar la independencia del Poder Judicial y de los Ministerios Públicos", según el comunicado que difundieron el viernes último.

Por esa razón, según el mismo comunicado, el Consejo Directivo de la AMFJN se declaró convocado "en sesión permanente, conscientes de la gravedad de la afectación".

Un encuentro singular

En ese orden es que desde la Asociación de Magistrados le enviaron una carta a Cristina Kirchner para pedirle una audiencia para debatir la iniciativa impulsada por el oficialismo. Y la respuesta fue positiva, porque esa reunión tendrá lugar este miércoles al mediodía en el despacho de la vicepresidenta.

Allí se generaría un encuentro bastante particular, ya que podría estar presente en el despacho mayor de Congreso el camarista Mariano Llorens, vicepresidente de la Asociación y firmante de sus recientes comunicados.

El tema es que Llorens es el mismo juez que hace menos de un mes, el 28 de septiembre último, falló en minoría pidiendo la destitución, detención y enjuiciamiento de la propia Cristina, en el marco de la causa por el alegado uso de aviones oficiales para beneficio particular.

Su postura en minoría impidió que se avanzara en esa tesitura, pese a lo cual no titubeó en considerar toda la gestión de Fernández de Kirchner y de su antecesor, como una "empresa criminal, desarrollada entre 2003 y 2015". Básicamente, suscribió la teoría de la asociación ilícita gubernamental. Y lo hizo sólo cuatro semanas después del intento de magnicidio todavía no esclarecido.

Lo cierto es que el pedido de destitución no prosperó, y este miércoles lo tendrá al camarista Llorens golpeando la puerta del despacho de la vicepresidenta a la que pretendía encarcelar.