No debe haber muchos antecedentes en que la figura máxima de un servicio penitenciario sea denunciada por un juez al considerar que no colaboró con una investigación.

Pero fue precisamente eso lo que sucedió con María Laura Garrigós de Rébori, la polémica interventora del Servicio Penitenciario Federal, acusada ahora por la jueza María Servini de Cubría de no haber dispuesto las medidas necesarias para que se pudiera investigar una red de narcotráfico que operaba dentro del Complejo Penitenciario de Devoto.

Al juzgado de Servini había ingresado una denuncia sobre comercialización estupefacientes en el Pabellón Universitario en el Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad de Buenos Aires. En septiembre de 2021, la jueza pidió al SPF que iniciara tareas de investigación. Sin embargo, dos meses más tarde le llegó una contestación desde el complejo penitenciario, excusándose de colaborar porque se carecía de las facultades y los medios como para investigar.

Pero la jueza volvió a insistir, esta vez ante Garrigós, y la respuesta fue que el organismo no contaba con un departamento de inteligencia carcelaria, el cual había sido disuelto a poco de asumir el gobierno del Frente de Todos, luego de los escándalos por el espionaje ilegal desplegado durante el macrismo.

La interventora del SPF le detalló a la jueza que a la fecha no se había creado una división "que la suplantara o contara con las facultades legales y/o reglamentarias para dar cumplimiento a lo solicitado”.

No conforme con esa respuesta, Servini volvió a insistir con el pedido de colaboración, escalando en la estructura de mando y dirigiéndose al ministro de Justicia, Martín Soria, de quien depende el SPF.

Recién ahí se movieron los hilos, y las autoridades de Devoto designaron a un oficial ayudante, Federico Marimón, para que condujera la investigación. El problema, le hicieron saber a la jueza, fue que Marimón ya estaba siendo investigado por haber participado de la inteligencia ilegal durante el gobierno de Cambiemos.

Por esa razón el juzgado pidió la designación de un nuevo penitenciario, que esta vez sí, bajo absoluto sigilo y secreto, comenzara a reunir información.

No obstante ello, en alguna cadena del mando dentro de la fuerza se filtró la información sobre la causa que se pretendía instruir, al punto que llegó al juzgado una denuncia anónima en la que se revelaban algunos de los pormenores de la denuncia original.

El resultado fue que después de casi un año de iniciada, la causa no había logrado avanzar ni un solo casillero.

Demasiada paciencia

Aparentemente hasta ahí llegó la paciencia de Servini, quien decidió dar un golpe sobre su escritorio y decidió avanzar, denunciando a Garrigós y a Soria.

"A casi un año del inicio de las actuaciones y por inacción de las autoridades requeridas, la presente investigación se encuentra en el mismo estado que comenzara. Dicha circunstancia me permite concluir que existió una clara obstrucción que deberá ser investigada y que, en definitiva, se ve reflejada tanto en la falta de celeridad para actuar, como así también en la publicidad que tomó esta investigación, que debió haber sido de carácter reservada”, escribió la jueza en su resolución.

La denuncia en contra de Garrigós, proveniente nada menos que de una jueza de peso, constituye un hecho sin precedentes dentro de la esfera judicial y penitenciaria. Al menos la de las últimas décadas.

Ahora Garrigós, quien antes de asumir era miembro de la Cámara de Casación Penal de la Ciudad de Buenos Aires, queda en una situación bastante incómoda. Ello se suma a la polémica que protagonizó tiempo atrás, cuando se enfrentó directamente con los jueces federales por negarse a recibir en las instalaciones penitenciarias federales a personas actualmente detenidas en las comisarías de la provincia de Buenos Aires y también de la CABA. De esta circunstancia están al tanto los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quienes vienen siguiendo de cerca los pormenores de esa polémica que cíclicamente se renueva en las instituciones de encierro y las comisarías.

 “Lo que pasa es que Garrigós se sigue manejando como si todavía fuera jueza”, comentó una alta fuente de Comodoro Py que se hace eco de lo que resuena en los pasillos de esos tribunales.

N&P intentó contactar a María Laura Garrigós para conocer su opinión sobre la denuncia de Servini de Cubría, pero no recibió respuesta de la funcionaria nacional a los sucesivos mensajes dejados en su teléfono celular.

Ahora será la Justicia la que deberá determinar si corresponde instruir la denuncia presentada por Servini de Cubría, y en ese caso determinar si hubo o no responsabilidad de la funcionaria nacional en el nulo avance de una investigación por narcotráfico.

De ser así, el accionar de Garrigós iría decididamente a contramano del contexto del recrudecimiento de las investigaciones y el accionar de la Justicia, en un intento de ponerle freno al avance del narcotráfico, algo que la semana próxima será motivo de un encuentro de jueces federales en Rosario.|