Cuanto más se sigue hurgando en los pormenores de la Causa Gestapo, más se logran visualizar los dedos que dejaron pegados los funcionarios del gobierno de Mauricio Macri y de María Eugenia Vidal. Pero también el de los actores de mayor peso en la Justicia, además de los roles en el diagrama y ejecución de la estrategia para lograr que Juan Pablo “el Pata” Medina terminara preso.

Es lo que se puede leer de procesamiento firmado por el juez federal Ernesto Kreplak, a quien le tomó 247 páginas para lograr poner en evidencia la sucesión de irregularidades y arbitrariedades que permitieron concretar una de las más mediatizadas operaciones judiciales durante la gestión de Cambiemos, que se sumó al cúmulo de causas en las que el objetivo central fue la expresidentaCristina Fernández de Kirchner. 

Uno de los puntos centrales a los que el juez instructor le dedica más de 15 páginas es a las maniobras de las que se valieron los autores de esta operación para lograr que fuera el juez Armella el que condujera una investigación nacida de una denuncia anónima (marca registrada de las causas gestadas por la AFI de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani).

Forzar la competencia 

Para Kreplak, “del propio contenido de la denuncia anónima inicial se desprende que existió una deliberada intención de forzar la competencia territorial en pos de su tramitación ante el fuero federal de Quilmes, en detrimento del de La Plata, como hubiera correspondido legalmente”.

El anónimo al que alude –que fue el puntapié inicial para la investigación– señalaba las supuestas irregularidades cometidas por Medina en tándem con Horacio Homs, el dueño de la firma Abril Catering, y supuesto testaferro de ‘el Pata’. Y en ese sentido la denuncia anónima señalaba que “el negocio de Abril Catering se centraría en la zona de Avellaneda y Berazategui”.

Aunque todas las medidas posteriores demostraran a coro que tanto la empresa de catering como todas las actuaciones del líder de la UOCRA se dieron mayoritariamente en La Plata. El juez Armella no vaciló un minuto en abrazarse al expediente, sabiendo que contaba con la cobertura y el apoyo de las autoridades nacionales y de sus designados actores para concretar el encarcelamiento de Medina.

Investigar sin fiscal

Ni bien inició su investigación, Armella pareció decidido a aplicar sus propias reglas. Eso fue así porque una vez formado el expediente a partir de ese anónimo, y al cumplir la formalidad de correrle vista a la fiscal Silvia Cavallo.

La representante del Ministerio Público contestó “postulando la incompetencia de dicho Juzgado en razón del territorio para entender en la causa, en favor del Juzgado Federal de La Plata”. Con bastante sentido, la fiscal argumentó que “el lugar del hecho es aquél donde se realiza el giro de los negocios y en consiguiente donde la compañía funciona”. Bajo ese criterio, el juzgado de Quilmes nunca debió haber entendido en esta investigación.

La respuesta de Cavallo debió haber tomado por sorpresa a Armella y a los gestores de la Gestapo, ya que, si no se contaba con el requerimiento de instrucción por parte de la fiscal, el juez no podría avanzar en las primeras actuaciones que ya tenía resuelta. Pese a ello, Armella decidió dar inicio de oficio a la investigación, y ordenó amplias medidas para la generación de pruebas. Ninguna de ellas logró aportarle un solo dato que vinculara las actividades de Abril Catering con las localidades Quilmes, Berazategui o Avellaneda. No había una sola prueba que permitiera sostener su competencia en el caso. Ni el domicilio de los imputados, ni la sede social de la empresa, ni la Regional de la AFIP donde se hallaba inscripta, ni los Registros de la Propiedad Automotor de sus vehículos. Nada. Pero Armella continuó firme.

El criterio de la cámara: “Economía procesal”

Mucho más firme se sintió el juez que mientras firmaba las órdenes de detención cruzaba a la vez mensajes con el ministro Villegas y con los muchachos de la AFI (Dalmau Pereyra, De Stéfano y Biorci), luego de que fuera la propia Cámara Federal de Apelaciones de La Plata la que lo confirmó en su lugar. 

Insólitamente, y aun cuando la cuestión de la competencia no había sido planteada por ninguna de las partes, dos de los tres jueces de la Cámara Federal confirmaron a Armella en su lugar.

Al referirse al juzgado Federal de Quilmes, que ya había sido copado por la AFI y los delegados del gobierno provincial y nacional, los camaristas no tuvieron empacho en señalar que era Armella el que había “sustanciado la prueba de esta muy voluminosa y compleja causa, de modo que optar ahora por que otra jurisdicción territorial se hiciera cargo de un proceso que no conoce, conspiraría contra la economía procesal y la mejor administración de justicia”.

El factótum de ese argumento fue el presidente de la Cámara, Roberto Agustín Lemos Arias, quien no obstante mandó a la vocal Olga Ángela Calitri para que fuera ella la autora del polémico voto, al que luego Lemos se limitó a adherir. 

A lo largo de su resolución, Kreplak detalla con precisión la existencia de diversas comunicaciones entre quienes participaron de la reunión del BAPRO y el juez Armella. Sin embargo, según fuentes del caso, también habría comunicaciones con Lemos Arias, quien era una pieza clave para sostener el expediente en Quilmes.

El dato concreto señala que este magistrado –que había tomado notoriedad en la causa de espionaje que tramitó en Lomas de Zamora– habría mantenido comunicaciones con Armella el mismo día de la detención de Medina. 

Todo ello, desde la mirada de Kreplak, “torna claro que se produjo una premeditada violación de las normas de competencia con el fin de sustraer la causa del fuero federal de La Plata, que es el que debió haber entendido en el mismo”.

Vínculos y olvidos

Por eso no sorprende lo que sostienen fuentes que forman parte en el expediente, cuando señalan que fue Lemos Arias quien habría estado detrás de toda su tramitación. De hecho, Lemos mantiene hasta la actualidad un fuerte vínculo con María Eugenia Vidal a través de quien fuera su ministro de Justicia, Gustavo Ferrari. Esos vínculos fueron los que permitieron sumar avales al envío de los pliegos de Mercedes López (relatora de Lemos Arias) y Emilio Faggi (secretario de la Cámara, amigo personal de Lemos y compañero en el Consejo de la Magistratura).

Si bien Kreplak entendió que hubo un pacto entre Armella, el gobierno de Vidal (Ferrari), la AFI (De Stéfano) y la Cámara Federal de La Plata (Roberto Lemos Arias), para investigar y detener al Pata Medina, aparentemente y por ahora no decidió avanzar contra Lemos.

Para ello, lo que estaría omitiendo el juez –si es que se confirma lo que señala esta alta fuente– es la comunicación telefónica entre Armella y Lemos Arias el día de la detención de "el Pata", lo que daría la pauta del interés de este último en la detención del sindicalista. 

El escándalo promete escalar en la ciudad de La Plata, donde hasta ahora el polémico juez logró mantener un destacado bajo perfil, pese a compartir apellido con su hermano, Ricky Lemos Arias, conocido en la noche platense y porteña, dueño de Mute (el bar más afamado de la ciudad), con diversos vínculos en la farándula local y nacional y por supuesto en la política (comparte equipo de fútbol con Horacio Rodríguez Larreta). 

“La maniobra es escandalosa. Arias no sólo se va a tener que apartar de la causa, sino que debería ser investigado”, aventuró otra alta fuente con acceso al expediente y con llegada a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Aun así, lo consideró poco probable, ya que “difícilmente un juez inferior se animaría a investigar a uno superior”.  |