“Tenemos que empezar a pensar cosas mucho más allá de las mezquindades”, decía el camarista Mariano Llorens hace muy poco tiempo, en mayo nomás, cuando era entrevistado por Negocios y Empresas durante el encuentro de jueces federales en Rosario.

Es el mismo juez que en la última semana de septiembre le puso su firma en minoría a un fallo, pidiendo sin demasiados rodeos la detención y el juicio político de la vicepresidenta de la Nación.

Su voto, en solitaria minoría, terminó dejándolo expuesto, incluso ante sus colegas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi (ni de cerca se los podría sospechar de oficialistas), quienes no acompañaron el pedido de cárcel, aunque sí confirmaron el procesamiento de Cristina Fernández en la causa por peculado.

Concretamente, se la acusa de haber usado el avión presidencial para el traslado de bienes personales hasta Río Gallegos. Se trata de la causa que primero denunció y luego instruyó Claudio Bonadio, y que había sido llevada a esa instancia para confirmar o no los procesamientos.

Contrapuntos

"La mirada tiene que ser un salto cultural. Somos una generación diferente", decía Llorens en mayo. Cuatro meses más tarde pediría inesperadamente la destitución y el encarcelamiento de la vicepresidenta, a menos de 30 días del frustrado magnicidio, y cuando toda esa situación puso en vilo la estabilidad institucional y política del país.

Por eso llama la atención la carencia de timing y contextualización del camarista, el mismo que hace muy poco tiempo afirmaba que los jueces deben "empezar a pensar cosas mucho más allá de las mezquindades y de las miradas que podamos tener cada uno".

Nosotros necesitamos tener una agenda común y sentarnos a dialogar", decía un desconocido Llorens, quien ahondaba sobre la misión de "empezar a saldar cuestiones".

Ese pensamiento contrasta con la furibunda iniciativa, que incluso se mueve mucho más allá de lo que habían planteado las partes, resolviendo sobre una cuestión "ultrapetita", es decir, opinando y pretendiendo resolver sobre cuestiones que no habían sido llevadas a consideración ni por la fiscalía, ni por el juzgado ni por la querella.

"Nosotros necesitamos tener una agenda común y sentarnos a dialogar", decía un desconocido Llorens, quien ahondaba sobre la misión de "empezar a saldar cuestiones".

Pero luego borraría con el codo esas interesantes declaraciones, al señalar a la máxima dirigente del peronismo como artífice de "la empresa criminal desarrollada entre los años 2003 y 2015". Básicamente, suscribiendo a la idea de un gobierno como asociación ilícita.

¿Peligro de fuga?

La causa por la que está procesada Fernández de Kirchner corresponde a una de las ocho indagatorias a las que fue sometida en un mismo día por el extinto juez Bonadío, el 25 de febrero de 2019.

La expresidenta siempre insistió en haberse presentado a todas y cada una de las indagatorias, haberse mantenido en todo momento a disposición de la justicia, incluso informando sobre sus salidas al exterior y solicitando el permiso correspondiente.

Sin embargo, en su sorprendente voto, el otrora contemplativo y dialogante juez Llorens, en una llamativa metamorfosis discursiva, llega sin escalas a la conclusión de que la vicepresidenta "podría intentar sustraerse de la actuación de la Justicia" u "obstaculizar la continuidad de proceso", razón por la cual entiende que corresponde destituirla de su rol institucional como segunda en la línea de sucesión presidencial y titular de un poder del estado, y encerrarla en prisión.