El embajador de Bolivia en Argentina, Jorge Ramiro Tapia, confirmó ayer que "se han verificado" la veracidad de las pruebas que incriminarían al Gobierno de Mauricio Macri por el envío de material represivo a la nación andina durante el golpe de Estado contra Evo Morales, ocurrido en noviembre de 2019.
"Los funcionarios del anterior Gobierno (argentino) deberían reconocer mínimamente que algo sucedió en relación al envío de armas. Están disfrazando con otro tipo de noticias un hecho flagrante”, indicó en declaraciones a Radio 10.
Informe final de la CIDH
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) creado a través de un acuerdo entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Estado Plurinacional de Bolivia presentaron este martes su informe final sobre las violaciones a los Derechos Humanos cometidas por el régimen de facto de Jeanine Áñez que desplazó a Morales del poder y aclaró que no intenta dilucidar si los problemas en torno al proceso electoral previo constituyeron fraude o golpe de Estado, ni se tuvo en cuenta la denuncia contra los funcionarios del Gobierno argentino que encabezó Mauricio Macri por el envío de armas para reprimir el conflicto, dado que no es parte del mandato que recibieron.
Tapia aseguró que las declaraciones brindadas por algunos detenidos en Bolivia, en el contexto de las causas en las que se investiga este presunto hecho de contrabando “certifican" la comisión de un delito.
"Se están haciendo los peritajes correspondientes para determinar la causa de fallecimiento de los bolivianos muertos en las represiones de Sacaba y Senkata", señaló el Embajador al ratificar que se busca establecer si las víctimas de esas represiones recibieron impactos de armas y elementos represivos enviados desde la Argentina u otros países.
“Creo que lo que se tiene que hacer en estos momentos, además del peritaje, es pedir justicia. Lo intolerable es que hayan mandado armamento para que nos enfrentemos entre hermanos”, subrayó el representante diplomático.
Principales puntos
- "La Policía y las Fuerzas Armadas, de modo separado o en operativos conjuntos, usaron la fuerza de modo excesivo y desproporcionado y no previnieron adecuadamente los actos de violencia dejando desprevenidos a los ciudadanos y ciudadanas", indicó la investigación presentada en el Banco Central de Bolivia.
- "En el marco de un conflicto político rodeado de violencia, al menos 37 personas perdieron la vida en diversos lugares del país y centenares recibieron lesiones de consideración tanto físicas como psicológicas", afirmó la representante del GIEI Patricia Tappatá.
- "Lo ocurrido involucra la responsabilidad del Estado, por actos de agentes estatales y de particulares en las circunstancias contempladas en la jurisprudencia de la CIDH", precisó sobre lo ocurrido en Senkata y Sacaba.
- Esos hechos de violencia ocurrieron luego de la asunción de la hoy detenida exmandataria de facto Jeanine Áñez, quien, tras la salida obligada de Evo Morales en noviembre de 2019, asumió el poder en circunstancias irregulares ante una Asamblea sin quórum ni oposición.
- Tras esa situación "particulares promovieron y protagonizaron actos de violencia y ataques a bienes públicos y privados", indicó la CIDH que, sin embargo, "no duda en calificar a los hechos de Sakaba y Senkata como masacres".
- Las manifestaciones y protestas no estallaron inesperadamente sino que hubo "agitadores".
El informe final fue entregado al presidente Luis Arce, quien estuvo junto a otras autoridades en el Banco Central de Bolivia. Tras recibir el trabajo, el mandatario exhortó a la Asamblea Legislativa a aprobar, en el menor plazo posible, un juicio para establecer la autoría, responsabilidades y sanciones por la violación de derechos humanos durante el golpe de Estado de 2019.|
