En una intensa y larga reunión de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, tanto el oficialismo como la oposición dejaron planteadas sus diferencias respecto al tema, el Frente de Todos aprobó por mayoría el informe de admisibilidad de las denuncias contenidas en los 14 pedidos de juicio político contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

Con 16 miembros sobre 31 de la comisión, el oficialismo se alzó con la resolución que sostiene que de los 14 proyectos “se acumulan más de 60 hechos que configurarían las causales habilitadas por la Constitución Nacional de mal desempeño y delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones y que -de ser probados- resultarían en gravísimas violaciones institucionales”.

“El tenor de las denuncias -de ser probadas- serían el preludio de una situación de extrema gravedad institucional que implica la ruptura de la armonía que debe asegurar dentro de un Estado Federal y un régimen republicado y democrático”, agrega el texto que hace referencia al informe de admisibilidad de unas 90 carillas.

Pasadas las 15, tras la intervención de Vanesa Siley, la resolución propuesta por el Frente de Todos se votó de manera nominal y uno a uno los integrantes de la comisión dejaron expresado su voto, resultando 16 contra 15.

Por su parte, los legisladores de Juntos por el Cambio presentaron un informe de rechazo “in limine”, de 108 páginas, en la que se aclara que los diputados de la Coalición Cívica Juan Manuel López y Paula Oliveto declaran la apertura del sumario de investigación respecto únicamente de Lorenzetti, en base a sus propios pedidos.

Con un escrito propio, el diputado Alejandro “Topo” Rodríguez, titular del interbloque Federal, también se manifestó por la inadmisibilidad.

En la totalidad de los 14 expedientes hay de diputados del Frente de Todos y la CC-ARI, de la senadora Juliana Di Tullio (UC-FdT), de asociaciones civiles y particulares.

Entre las iniciativas del oficialismo, aquella que lleva la firma de Eduardo Valdés, junto a otros 14 diputados, replica el pedido del presidente Alberto Fernández y un grupo de gobernadores. Allí se acusa a los jueces por mal desempeño de sus funciones por el fallo de coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires; por haber restituido la antigua ley del Consejo de la Magistratura; por el fallo del 2×1 que beneficiaba a represores; y por irregularidades en la obra social del Poder Judicial.

Aprobado el informe de admisibilidad este jueves, quedó formalmente abierto el proceso de investigación y recolección de pruebas, donde se llamará a declarar a testigos. Los jueces podrán ser citados, aunque pueden negarse a concurrir.

En el comienzo de la reunión, el secretario de la comisión leyó los asuntos entrados, entre ellos ampliaciones a los pedidos de juicio político, pero la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard (FdT), aclaró que “si hay nuevos pedidos y ampliaciones será evaluado posteriormente”. “No hemos avalado nada de lo nuevo que ha ingresado. Todos los diputados han tenido conocimiento de todos los expedientes”, agregó y anticipó que “una vez tratada la resolución que propone la admisibilidad” en la próxima reunión -que será el jueves 16- la intención será avanzar “en un cronograma para producir la prueba”.

Alegando cuestiones reglamentarias, el diputado Alejandro “Topo” Rodríguez cuestionó el escaso tiempo con el que el informe de admisibilidad fue enviado a los legisladores. “Ese informe de 91 fojas ingresó a nuestro conocimiento 48 minutos antes del inicio de esta reunión”, remarcó, y consideró que eso tornaba “imposible que se cumpla con el mandato del artículo 9” del reglamento de la comisión. “Considerar un informe no es tirarlo por la cabeza para ver quién está a favor y quién está en contra. Considerar supone un análisis minucioso, con detenimiento, con específica atención”, sostuvo y pidió que, en todo caso, se cite a una nueva reunión.

“Lo que hoy vamos a hacer no es la primera decisión que ha tomado esta comisión”, aclaró el jefe del oficialismo, Germán Martínez, y subrayó que “todos los elementos que traemos a esta reunión son conocidos por todos, no hay ningún hecho nuevo. No hay ningún expediente nuevo”. El informe “es una expresión administrativa que tiene sus sustentos en el análisis que cada uno de los espacios políticos hemos hecho”, añadió.

Gaillard cerró la discusión reconociendo que “es cierto que el informe ha llegado el mismo día”, pero justificó: “Hemos tenido suficiente tiempo para evaluar los proyectos y en el informe no hay más que un análisis de los mismos”.