Horas antes de que venciera el plazo para realizar el trámite, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) apeló, de manera electrónica, la decisión del Tribunal Oral Federal N° 8 de sobreseer a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y al resto de los imputados por la firma del Memorando de Entendimiento con Irán y recusó a los jueces que dictaron la medida.

Aquel acuerdo rubricado por el gobierno kirchnerista en 2013 tenía como finalidad interrogar a los iraníes acusados por la Justicia de la Argentina de haber participado en el atentado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994.

Esto es lo que se discute

El pasado 7 de octubre, los jueces coincidieron en que no hubo delito, que se trató de una decisión “política” y que el acuerdo carecía de entidad para hacer cesar la vigencia de las circulares rojas de captura internacional a los ciudadanos iraníes acusados por el atentado.

Cada uno con su voto, los jueces Daniel Obligado, José Michilini y la jueza María Gabriela López Iñiguez fueron unánimes al postular los sobreseimientos por inexistencia de delito a raíz de las circunstancias que rodearon la firma del Memorándum de Entendimiento en 2013 que, remarcaron, nunca entró en vigor. De esta manera, los miembros del tribunal desestimaron la denuncia realizada por el fallecido fiscal Alberto Nisman.

En su voto, la jueza López Iñiguez se refirió de manera extensa a las cuestionadas visitas al expresidente Mauricio Macri por parte de los jueces de la Cámara Federal de Casación Mariano Borinsky y Gustavo Hornos entre 2016 y 2019 y dio por acreditada la “pérdida de imparcialidad” de quienes intervinieron en “decisiones trascendentales” del caso en esos años.

Pero este punto que dio origen a reclamos de nulidades no fue el eje de la decisión unánime de los jueces, quienes sí hicieron lugar a planteos de fondo de las defensas por inexistencia de delito, introducidos durante las cinco jornadas de audiencias orales y públicas desde el 16 de julio al 1 de septiembre último.

Los jueces descartaron el delito de “encubrimiento” postulado en la denuncia del fallecido fiscal Nisman en enero de 2015 y coincidieron en que realizar un juicio oral sería un “dispendio” jurisdiccional.

“No se encuentran presentes los elementos del tipo penal de encubrimiento, así como tampoco los restantes delitos contenidos en la requisitoria de elevación a juicio Fiscal de la anterior instancia”, concluyó en su voto el juez Michilini.

La firma del Memorándum constituyó “una cuestión política cuyo acierto o desacierto se encuentra excluida del control jurisdiccional, al menos del que compete a este Tribunal de Juicio”, agregó y consideró “evidente que aquí no hay delito”.

Una apelación anunciada

Este domingo, vía electrónica, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) presentó la apelación a esa decisión judicial ante la Sala I del Tribunal de Casación.

Entre los funcionarios acusados, además de la vicepresidenta, figuran en el expediente el procurador del Tesoro, Carlos Zannini; el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena; el actual senador Oscar Parrilli; el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés "Cuervo" Larroque; y el referente piquetero Luis D´Elía, entre otros.

El pasado 20 de octubre la conducción de la DAIA anunció su decisión de apelar el fallo del TOF N° 8, pese a la postura en contrario de dos de las asociaciones que la integran, Meretz Argentina y Tzavta Centro Comunitario Social y Cultural.  |