Bajo el título "Cuestiones emergentes: principales desafíos", el informe elaborado por la Secretaría de Derechos Humanos le hace un "llamado de atención" a la ONU por los "discursos del odio" que han proliferado y lo que eso implica para la convivencia democrática. "Han tomado mayor visibilidad en los últimos tiempos debido a los graves sucesos acaecidos recientemente, que culminaron con el intento de magnicidio de la actual vicepresidenta de la Nación y dos veces presidenta, Cristina Fernández de Kirchner".

En otro tramo, expresa: "Otro de los desafíos que enfrenta nuestro país es el fenómeno del ‘lawfare’ o ‘guerra jurídica’. Desde el actual gobierno nacional y el movimiento de derechos humanos se advierte que la práctica del lawfare –impulsada por sectores del Poder Judicial, la oposición política y sectores concentrados del poder económico y mediático– constituye una práctica violatoria de los derechos humanos y opera como condicionante de los procesos electorales, de la agenda política y de la opinión pública", subraya el documento.

Sobre las causas que involucran a la titular del Senado, la Secretaría señaló que "se violan garantías fundamentales del Estado de derecho bajo la excusa de la investigación y sanción de hechos de corrupción".

"Se desconocen garantías básicas del debido proceso como la presunción de inocencia, el derecho de defensa y el principio de objetividad que debe guiar la actuación del Ministerio Público Fiscal", agrega.

Además, el informe asegura que las causas penales se impulsan "únicamente en contra de referentes políticos que representan a sectores populares".

El repudio

El contenido del documento se filtró este sábado y rápidamente fue cuestionado por los principales referentes de Juntos por el Cambio.

La Mesa Nacional emitió un comunicado en el que repudió: "Insólitamente, en un informe oficial sobre la situación de los derechos humanos en la Argentina acusan a su propio país de violar los derechos humanos, para buscar de esa manera, la impunidad de los delitos de corrupción multimillonaria de su anterior gobierno kirchnerista", enfatizaron los dirigentes opositores.

El principal frente opositor del país expresó "a las Naciones Unidas que es absolutamente falso que los acusados y condenados por corrupción no hayan tenido derecho de defensa, ya que intervinieron en los procesos todas las instancias judiciales correspondientes, dos de juzgamiento, dos de apelación y en varios casos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación".

"Repudiamos el accionar de los representantes del gobierno y pedimos disculpas a la comunidad internacional por el oprobio que implica mentirle a las Naciones Unidas, acusando a la oposición democrática de la Argentina de participar de complots para vulnerar el Estado de derecho, cuando hace exactamente lo contrario mientras el gobierno insulta a los jueces y pretende expulsar a los miembros de la Corte Suprema de Justicia con un ridículo pedido de juicio político", indicó Juntos por el Cambio.

Juntos por el Cambio anticipó su rechazo a un informe que todavía no fue presentado oficialmente. De hecho, este sábado el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, viajó rumbo a Ginebra, Suiza, donde representará al Gobierno argentino y dará detalles del informe, según supo NA de fuentes oficiales.|