No es decisión del presidente ni tampoco del juez federal Federico Villena. Al contrario de lo que plantea en Infobae el periodista Román Lejtman, cuando dice que Nicolás Maduro "ignora la división de poderes en la Argentina", la realidad es que el Boeing 747-300 de la venezolana Emtrasur permanece retenido en Ezeiza no estrictamente por una disposición de la Justicia Argentina sino por la de Estados Unidos.

La confusión pareciera estar en el periodista de Infobae, habitualmente muy cercano a la embajada de Estados Unidos, incluso cuando dice que Villena está aplicando las normas del proceso penal de nuestro país. En este caso, la legislación que está rigiendo son los tratados internacionales firmados por Argentina. Concretamente el Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales, suscripto por la República Argentina y Estados Unidos en 1991.

Este mecanismo obliga a nuestro país a cumplir con la asistencia internacional pedida expresamente mediante un exhorto por la justicia norteamericana.

Es estrictamente por esa razón que el presidente venezolano descargaba correctamente su enojo contra el gobierno o la Justicia de Estados Unidos y no contra la Argentina, tal como lo pretende hacer ver el periodista Lejtman. De hecho, sorprendió la precisión de Maduro al apuntar contra el fiscal del Distrito Sur de Florida, algo que se había mantenido bajo absoluto hermetismo incluso en Estados Unidos.

Incautación en Ezeiza

La solicitud de que el avión permanezca retenido y embargado en Argentina provino del juez federal Michael Harvey, a cargo de la Corte de Distrital para el Distrito de Columbia, quien dispuso la incautación de la aeronave hasta tanto se tramite la demanda que entabló el gobierno de Estados Unidos. La misma orden había sido emitida por la Fiscalía del Distrito Sur de Florida, cuyo titular es Juan Antonio González. En la misma causa están interviniendo además otros organismos el ejecutivo norteamericano, entre ellos el Departamento de Comercio y la Oficina de Industria y Seguridad. Pero también habría personal del mismísimo FBI directamente abocado a la causa.

Fuentes con estrecha llegada a la causa informaron que el pedido a las autoridades argentinas fue que restrinjan el avión y lo mantengan en Ezeiza, es decir, en su ubicación actual, hasta que el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos lleguen a nuestro país para llevar a cabo una evaluación inicial, que incluiría una inspección mecánica, la verificación de los contratos de mantenimiento y almacenamiento, y una requisa general en la aeronave y su documentación.

Vuelo rasante

Básicamente, Washington acusa a Irán de haber vendido una aeronave Boeing que fue fabricada en Estados Unidos, contraviniendo la legislación que obliga a solicitar autorización a la Casa Blanca para concretar este tipo de transacción. Además sostienen que sobre esa aeronave cabían órdenes de denegación temporal (la última, emitida un mes antes de que aterrizara en Ezeiza), justamente por entender que había sido utilizada como apoyo para grupos terroristas en Siria y en Irán.

En la misma tónica, plantean que es ilegal la venta de la aeronave a la venezolana Emtrasur (ya que carecía de la misma autorización requerida), como así también denuncian la irregularidad de los recorridos cumplidos por el Boeing en lo que va del año, luego de verificarse que cubrió rutas hacia Moscú, Teherán, Damasco, Belgrado, México, Asunción, entre otros destinos.

Si se cumplen los caminos previstos por la justicia y el Departamento de Justicia norteamericano, la nave estaría en pleno vuelo rasante y sin escalas hacia un proceso de "extinción de dominio". Esto implica que Estados Unidos se apoderaría del Boeing.

Lo cierto es que una orden de embargo, como la que dictaminó el juez Michael Harvey, puede ser ejecutada en cualquier distrito en el que se encuentren los bienes, o bien ser transmitida a las autoridades de cualquier estado extranjero -en este caso sería Argentina- para su notificación de conformidad con cualquier tratado u otro acuerdo internacional, todo ello según la legislación norteamericana, pero con vigencia en nuestro país, debido al tratado de 1991.