La Justicia citó al ex presidente Mauricio Macri a prestar declaración indagatoria en el marco de la causa que investiga el espionaje ilegal a los familiares del submarino ARA San Juan.
Además, el juez de Dolores, Martín Bava, que subroga a Alejo Ramos Padilla, le dictó la prohibición para salir del país al creador del PRO, que se encuentra en Estados Unidos presentando su libro Primer Tiempo.
Se trata de la primera citación a declaración indagatoria que recibe el ex primer mandatario.
La investigación busca determinar si desde el gobierno de Cambiemos se buscó controlar los movimientos de los familiares de las víctimas del submarino -hundido con 44 tripulantes a bordo- , a través de maniobras desplegadas de las denominadas bases AMBA de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), entre fines de 2016 y diciembre de 2017.
La denuncia había sido impulsada por la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, que denunció el año pasado que los espías habían sido puestos al servicio de anticipar cuáles serían los reclamos que iban a presentar ante el entonces presidente Mauricio Macri.
Al tomar conocimiento de la resolución judicial, familiares de las víctimas celebraron la noticia: “Esto se caía maduro desde el primer momento. No iba a poder zafar porque los papers que presentaron, que están en el expediente, que entregaron los espías, están dirigidos personalmente a él, no puede alegar desconocimiento”, opinó Luis Tagliapietra, padre de uno de los submarinistas fallecidos.
Más procesos
En este sentido, la misma resolución judicial dictó el procesamiento de los ex directores de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, además de varios funcionarios del gobierno anterior y agentes que habían sido indagados.
Con el de hoy, Arribas y Majdalani ya acumulan cuatro procesamientos por espionaje durante la era Macri. Además, el juez Martín Bava procesó al ex director de Reunión Interior de la AFI, Eduardo Winkler, y al ex jefe de la delegación Mar del Plata de la exSIDE, Nicolás Iuspa Benítez. Desde esa base se habrían coordinado las tareas de vigilancia contra los parientes de los tripulantes siniestrados, que estuvieron orientadas a advertir sobre posibles reclamos al entonces presidente.
A los procesados se los señala como “responsables del delito de realización de acciones de inteligencia prohibidas en carácter de coautores, en virtud de haber obtenido información, producido inteligencia y almacenado datos sobre personas, por el solo hecho de sus acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales o comunitarias, y por la actividad lícita que desarrollaban, así como en virtud de haber pretendido influir en la situación institucional y política del país, en la vida interna de los partidos políticos y en asociaciones y agrupaciones legales de cualquier tipo; en concurso ideal con el delito de abuso de autoridad de funcionario público en carácter de coautores”. |
