La vicepresidenta, Cristina Fernández, dijo que el juicio en el que se la acusa de corrupción está lleno de "mentiras, calumnias y difamaciones", y vinculó el fallido atentado que sufrió el 1 de septiembre, por el que hay cuatro detenidos que consideró no son autores intelectuales, al "clima" judicial y mediático generado en torno a ella.
Por videoconferencia desde su despacho del Senado, Fernández declaró en su propia defensa en la etapa de alegatos del juicio que enfrenta por la presunta adjudicación irregular de obras públicas durante su mandato, tres semanas después de que un hombre disparara dos veces contra ella, sin que saliera bala, a las puertas de su casa.
"Hasta el 1 de septiembre creía que (la razón de las causas por corrupción) era estigmatizarme, proscribirme, denigrarme, difamarme, calumniarme, pero a partir del 1 de septiembre me di cuenta de que puede haber otra cosa más atrás de todo esto, porque de repente es como que desde el ámbito judicial se da licencia social para que cualquiera pueda pensar y hacer cualquier cosa", sentenció ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de Buenos Aires.
En su discurso, la líder del peronismo kirchnerista, que desde hace varios años sostiene que es víctima de una persecución política y judicial pergeñada por el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), cargó en especial contra el fiscal Diego Luciani, quien en agosto pidió contra ella 12 años de prisión por los presuntos delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta de fondos públicos.
La expresidenta hizo referencia al efecto que generó ese "histriónico alegato" -con las televisiones enfocando la puerta de su casa-, al hacer alusión a mensajes telefónicos que, según informaciones aparecidas en los últimos días, intercambiaron dos de los sospechosos del intento de homicidio.
Eso, en su opinión, fue crear un "clima" al que también contribuyó que se hablara en el juicio de "tres toneladas de pruebas" contra ella: "Lo que sí hay en la vida de los argentinos, y especialmente en la mía, son 30 toneladas" de portadas en los diarios y revistas, "en donde se va creando y estigmatizando a una persona que no por casualidad es mujer", reprochó.
Estado de "indefensión"
Hasta ahora cuatro son los detenidos por el atentado: Fernando Sabag Montiel, de 35 años -acusado de ser quien, durante una manifestación en apoyo a Fernández días después del alegato del fiscal, se acercó a ella y disparó-; su novia, Brenda Uliarte, de 23 años; Nicolás Carrizo, de 27 años, y Agustina Díaz, de 21 años.
Fernández los denominó "banda de autores materiales", pero no intelectuales. "Lo tengo clarísimo eso. Nadie puede pensar que esa banda planificó, ideó, la autoría intelectual de lo que me hicieron", aseveró la vicepresidenta, sin desvelar explícitamente quién sospecha que pudo idear el plan.
La expresidenta cuestionó que los abogados de uno de los detenidos fueran "asesores" de parlamentarios de la coalición opositora de Macri: "Yo me siento un tanto en estado de indefensión con este país y este poder judicial. ¿Cómo se sentiría usted, doctor (Jorge) Gorini (uno de los jueces del tribunal) si le pasara lo mismo que a mí?", sentenció, poco después de reprochar que "fiscales y jueces" que la juzgan "juegan" al fútbol en la quinta (finca) del expresidente Macri "y a nadie parece extrañarle".
Para ahondar en ese sentimiento de indefensión, Fernández recordó el ataque a pedradas que en marzo pasado realizaron manifestantes contra su despacho del Senado, "sin que nadie, ninguna fuerza de seguridad" lo impidiera. Así como la aparición ese mismo mes de carteles en la calle en los que se le tildaba de "asesina", causa en la que el juez "se negó sistemáticamente" a llamar a declaración a los sospechosos de colocarlos.
Su primer juicio
En el caso que la sienta en el banquillo, que tiene 13 imputados, se juzgan las presuntas irregularidades, durante los Gobiernos del fallecido Néstor Kirchner (2003-2007) y de su viuda Fernández en la concesión de 51 obras públicas a firmas del empresario Lázaro Báez, estrecho colaborador del expresidente, en la sureña provincia de Santa Cruz, feudo del kirchnerismo.
La vicepresidenta está acusada en este juicio -el primero que se abre de las varias causas en las que está procesada-, de haber favorecido la concesión de obras a Báez, quien a la par es sospechoso, en otros expedientes, de haber pagado sobornos a los Kirchner por medio de diversas maniobras empresariales.
En su intervención ante el tribunal, Fernández se desvinculó hoy de las "mentiras, calumnias y difamaciones" que asegura se han dicho en el juicio, convencida de que, junto con su esposo, fueron elegidos por el pueblo y no pudieron constituir nunca una "asociación ilícita" como la que se le acusa.
Para finalizar los alegatos, Carlos Beraldi, su abogado, se mostró tajante: "Aquí no existen dos caminos: no es corrupción o justicia. Acá existe un solo camino, que es justicia y es lo que nosotros esperamos".
