La causa judicial de los Cuadernos del chofer Oscar Centeno, utilizada como emblema contra la corrupción durante la gestión de Mauricio Macri, comienza a generar sobradas sospechas. Sin embargo, sobre el caso ya se escribieron libros, se hicieron documentales y hasta se compusieron cumbias.

El caso fue descubierto por el periodista de La Nación Diego Cabot, la causa cayó en el juzgado de Claudio Bonadío, quien antes de fallecer tuvo la precaución de elevarla a juicio, y Carlos Stornelli actuó como fiscal.

Ahora, a casi cuatro años de aquella bomba mediática, una serie de pericias caligráficas podrían develar que el contenido de los cuadernos habría sido adulterado.

El problema es que el acta fundacional, las tablas sagradas de aquella causa de la corrupción, parece crujir por todos lados. Mucho más luego de conocerse una pericia de parte, encargada por uno de los empresarios investigados: Armando Loson.

El empresario detectó más de 1600 “intervenciones” en la caligrafía de Centeno, un humilde chofer y exmilitar. Desde Liquid-paper hasta tachones, cambios de caligrafía, la presunta intervención de al menos dos personas y otros inquietantes asuntos.

Salvados a tiempo

¿Golpe de gracia a la causa? Está por verse. Por lo pronto, N&P pudo confirmar que son al menos otros tres procesados los que, a través de sus defensas, estarían por presentar en las próximas semanas otras pericias similares.

Argumentando estrategia judicial, dos de esos procesados se excusaron de hacer declaraciones abiertas, pero fueron explícitos bajo un estricto off the record, donde hacen señalamientos muy concretos.

“Entre el momento en que le dan los cuadernos y cuando se producen las detenciones, pasaron ocho meses. Durante ese tiempo, el periodista dice que se juntó con al menos 4 o 5 empresarios que supuestamente estaban mencionados en los cuadernos. Dijo que lo hizo para que le validen si era verdad o no lo que decía ahí”, cuenta uno de esos procesados.

El planteo, en principio, parece tener sentido. Hubo solo dos empresarios que fueron rápidamente desvinculados de la causa, a pocas horas de haber sido detenidos. Esos empresarios fueron Juan Carlos de Goicoechea, que era CEO de la empresa Isolux; y Javier López Caballero, ejecutivo de Iecsa y escudero de Angelo Calcaterra y del clan Macri.

Las sospechas entorno al caso son cada vez más grandes. Cinco de los siete cuadernos que supuestamente habían sido quemados, reaparecieron de manera enigmática tres días antes de las elecciones generales de 2019. En ese momento el expediente seguía en manos de Bonadío. 

“Justamente, los dos que no aparecieron fueron los que tienen una serie de menciones a Calcaterra y a Paolo Rocca”, señaló una de las fuentes consultadas. En consecuencia, no se podrán peritar esos manuscritos y habrá que conformarse con la tan criticada Xerox.

Tiempo de sortijas

Lo insólito es que la pericia que presentó una de las partes, que hoy es clave para la resolución del caso, haya sido llevada a cabo a casi cuatro años de las detenciones y de los arrepentimientos en cadena. “No hay sortijas para todos”, habría advertido Stornelli en su momento. Algunos procesados presumen que el fiscal buscaba presionar a los empresarios para que firmaran declaraciones que terminaban por autoincriminarse.

“Nos cansamos de pedir que se hicieran pericias. Algo tan elemental como una pericia caligráfica, hecha oficialmente, se nos negó de manera sistemática”, dijo otra de las fuentes consultadas.

“Nosotros estamos terminando una presentación similar a la del gran trabajo de Armando Loson y sus abogados”, confirmó la tercera fuente. Además, adelantó precisiones sobre la fecha en la que llevarán esa pericia al juzgado de Julián Ercolini, “casual” subrogante de la vacancia que dejó Bonadío y donde todavía se tramitan algunos saldos y retazos de la megacausa que, aunque elevada a juicio, aún no está ni cerca de tener fecha de inicio de las audiencias.

Quien sí se expresó de manera explícita fue Gerardo Ferreyra, titular de Electroingenería, y uno de los que más tiempo estuvo en prisión y que sistemáticamente se negó a ingresar en las dulces sortijas que le ofrecía Stornelli.

Al conocerse la reciente pericia, no tuvo reparos en ir al fondo de la cuestión. “Con la pericia privada en la Justicia, ahora se sabe que yo no estaba en los cuadernos de Centeno”, señaló el empresario en su cuenta de redes sociales. “Me detuvieron ilegalmente y me agregaron a posteriori. Según la caligrafía, son otras personas las que falsificaron la letra. ¿Cuándo investigará y reparará la Justicia esta infamia?”.

Probablemente no haya respuestas para su pregunta. Pero da la sensación de que se abre otra etapa muy diferente en la historia de los cuadernos de la corrupción.

Cabot contó en una entrevista un detalle que, con el tiempo, pareciera cobrar otra dimensión. Explicó que antes de la publicación de su investigación se había reunido con empresarios mencionados en la zaga de cuadernos. Y que lo había hecho para verificar los datos.

“Un día cité a un empresario al mismo café donde arreglaba sus negocios con el poder de entonces y pude comprobar la transformación de un rostro cuando se lo atosiga con datos, fechas y nombres”, escribió Cabot en La Nación en agosto de 2018. Y añadió, sobre ese mismo empresario: “Hoy tramita su libertad bajo fianza”.

Dos párrafos más abajo, escribió: “Solo un puñado de personas sabían de la existencia de aquellos cuadernos, y en ese selecto grupo jamás estuvieron los hoy detenidos o investigados, que desconocieron siempre la existencia de semejante prueba”. |