La Casa Rosada quiere dar por terminada la discusión sobre precios y salarios entre las cámaras empresarias y la CGT con un techo del 33%. Pero la central obrera no está de acuerdo con esa propuesta —que algunos sindicalistas creen que debería estar en torno al 45%— y se reunirá hoy en la sede del sindicato de Sanidad para debatir el acuerdo de precios y salarios.

La CGT ya avisó que rechazará cualquier intento de "techo" a las paritarias. Al menos en eso se pusieron de acuerdo los sindicalistas en rondas de consultas.

En la cartera que conduce Martín Guzmán creen que con esas metas de aumento se puede retornar a los valores de 2015: incluso sostienen que el poder compra de los asalariados registrados debería crecer un 25%, menos que el 33% propuesto para los trabajadores informales, que perdieron más durante los cuatro años de macrismo.

El número mágico del 33%, dicen los gremialistas, surgió la semana pasada en el marco de la reunión de gabinete económico que encabezó Guzmán. Durante la reunión se avanzó "en la definición de una metodología de articulación con los sectores económicos para la coordinación de políticas de precios y salarios".

Pero en la CGT no quieren dar el brazo a torcer y creen que ese porcentaje tiene como único fin desacelerar la inflación. "Por qué no controlan los precios en vez de pisar los salarios", le bramó ayer a Moroni por teléfono un sindicalista muy cercano a Alberto Fernández.

De ese número que incomoda hablaron ayer los dos secretarios generales de la CGT, Héctor Daer y Carlos Acuña. También hubo consultas con otros referentes de la central como Andrés Rodríguez, Gerardo Martínez, Armando Cavalieri, José Luis Lingeri, Antonio Caló y Rodolfo Daer, entre otros.

Lo más previsible es que la charla entre "los gordos" también incluya las deudas del Gobierno con las obras sociales, algo que preocupa igual que los salarios.

En la Casa Rosada, en tanto, insisten en que dada la situación que tienen los trabajadores en negro, serán ellos a los que se direccionarán las mayores subas. En el Palacio de Hacienda afirman que una de las principales preocupaciones pasa por el sector no registrado de la economía que tuvo una caída en sus ingresos del 18,8% en 2020.

Y afirman que los trabajadores registrados del sector privado perdieron un 11,7% del poder adquisitivo en 2018 y un 6,2% en 2019, pero en 2020 se observó una recuperación del 1,5% hasta el mes de octubre.

Esos números son puestos en duda por la CGT, quienes dicen que el Gobierno parece estar más preocupados por el incremento salarial de los 839.000 beneficiarios del programa Potenciar Trabajo y Progresar, proyectados en el presupuesto hecho por Guzmán, que en los millones de trabajadores privados en blanco que aportan parte de su salario a los sindicatos como afiliados.

Una diferencia entre trabajadores en blanco y en negro que aún enfrenta a movimientos sociales y CGT.    |