El consejo directivo de la Confederación General del Trabajo (CGT) se reunirá esta tarde a partir de las 15.30 con la mira puesta en analizar la situación socioeconómica a raíz de las instancias de diálogo abiertas por el gobierno para lograr un gran acuerdo nacional de precios y salarios.
El encuentro, programado antes del escándalo de vacunaciones VIP en el Ministerio de Salud, tendrá de todas formas como uno de sus temas ineludibles la polémica desatada luego de que se supiera que funcionarios y personalidades cercanas al gobierno peronista habían recibido la Sputnik V de manera secreta.
En el mundo sindical, sólo el camionero Hugo Moyano admitió que él y su familia se aplicaron la vacuna rusa, aunque se cree que muchos dirigentes lo hicieron a través de los sanatorios de las obras sociales.
No obstante, se descarta que la central obrera difunda alguna posición en medio de las innumerables versiones sobre dirigentes que supuestamente se vacunaron, pero es más difícil que se haga la distraída. Toda duda será despejada a partir de las 15.30 en la sede de la Uocra, en avenida Belgrano al 1800 de la Capital Federal, cuando se dé inicio a la reunión, a la que fueron invitados dirigentes que no integran la CGT.
Se descuenta que muchos sindicalistas también accedieron a una dosis contra el Covid-19 de la misma forma que el líder camionero, es decir, a través de convenios entre el gobierno porteño o el bonaerense y la estructura de las obras sociales.
“Soy presidente de dos obras sociales”, fue una de las justificaciones de Moyano, de 77 años, sobre su polémica decisión de aplicarse la vacuna, una explicación tan endeble como la que utilizó para defender a su esposa, Liliana Zulet, y a su hijo menor, Jerónimo, de 20 años, quienes recibieron la Sputnik V, según aseguró, porque están expuestos a riesgos sanitarios ya que trabajan en el Sanatorio Antártida, propiedad del Sindicato de Camioneros.
Se mueven las fichas
El escándalo de la Sputnik VIP alcanzó a un aliado del moyanismo, como Jorge Taboada, ex diputado nacional y actual secretario general del Sindicato de Camioneros de Chubut, quien es investigado por el robo de 30 vacunas del Hospital Zonal de Comodoro Rivadavia, episodio que originó que la Justicia allanara las sedes del gremio y de la obra social. Allí se secuestró documentación que confirma que dirigentes de esa organización y algunos de sus familiares se vacunaron.
Además, Eugenio Zanarini, superintendente de Servicios de Salud de extrema confianza con Ginés González García, apareció también en la lista difundida por el gobierno. En este sentido, se especula que la nueva ministra de Salud, Carla Vizzotti, remueva al funcionario, que ocupa un puesto clave para el sindicalismo, ya que la superintendencia se encarga de administrar el dinero de las obras sociales.
Si finalmente se concreta su reemplazo, la CGT teme que el nuevo superintendente de Servicios de Salud provenga del kirchnerismo duro y disponga un control más férreo y discrecional de los fondos, que, en rigor, no son del Estado sino que provienen del aporte de los trabajadores al sistema de seguridad social, destacó Infobae.
De la misma forma, en la central obrera preocupa que secunde a Vizzotti el actual viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, a quien le atribuyen la paternidad del proyecto de reforma del sistema de salud que impulsa el kirchnerismo y que, según los gremialistas, busca apropiarse de los fondos de las obras sociales.
La unidad, en el temario
Más allá de las inmunizaciones inmorales, los dirigentes obreros discutirán acerca del diálogo con la Casa Rosada y los empresarios, las promesas oficiales de que no habrá topes en las paritarias e incluso sobre la futura renovación de autoridades de la CGT.
Por si eso no fuera un debate lo suficientemente complicado, no se descarta que la siempre mencionada “unidad del movimiento obrero” forme parte de las deliberaciones y se encamine la decisión de los sectores que no están dentro de la actual estructura del consejo directivo para avanzar en la consolidación cegetista.
Con los mandatos sindicales extendidos y los procesos electorales suspendidos por 180 días más, según resolución de la cartera laboral, la norma referida deja un milimétrico espacio, podría decirse de decisión política, para que haya finalmente la compulsa por el poder de la CGT. |