El escándalo por el viaje de los cuatro jueces, acompañados de funcionarios de CABA, el jefe de los fiscales, un empresario privado, un ex-Side, todos invitados por dos altos ejecutivos de Clarín, comienza nuevamente a movilizarse en los fueros penales.

En ese marco, el ministro de Justicia, Martín Soria, cumplió el expreso pedido del presidente Alberto Fernández, y presentó una denuncia ante la Fiscalía Federal de Bariloche, solicitando que sean investigados los hechos.

Específicamente, Soria pide que se investigue el financiamiento de la escapada VIP hacia la estancia más exclusiva de la Patagonia, ante la posibilidad de que se hayan cometido los delitos de dádivas y de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El escrito presentado por el ministro de Justicia, plantea que “en caso de corroborarse que el traslado, alojamiento y/u otras actividades de los funcionarios públicos descriptos, entre ellos magistrados de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires, no fue solventado por ellos mismos, sino por privados, estaríamos ante la existencia de una entrega y aceptación de dádivas, dando lugar a la comisión de diversos delitos que el Ministerio Público Fiscal tiene, además, el deber internacional de investigar y sancionar, en virtud de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción”.

Entrega de celulares

Uno de los puntos centrales del planteo impulsado por el Ejecutivo Nacional, es que entre las múltiples medidas de prueba solicitadas en la denuncia, "se requiere la entrega de los aparatos de telefonía celular de todos los implicados y, de ser necesario, el secuestro de los mismos aparatos"

En un comunicado oficial emitido por presidencia, se deja saber también que los hechos resultarían también "pasibles de investigación por parte del Ministerio Publico Fiscal y del Consejo de la Magistratura, toda vez que los mismos configurarían delitos en materia penal por parte de los funcionarios y de los magistrados, así como de los privados intervinientes".

En su perfil de Twitter, el ministro de Justicia consideró que los hechos denunciados "forman parte de un accionar habitual de sectores del Poder Judicial que han naturalizado en nuestro sistema de justicia las relaciones ilícitas con medios y funcionarios de Juntos por el Cambio". Y añadió: "La inacción del Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público Fiscal es su garantía de impunidad".