Este miércoles continuó el plenario de las comisiones de Salud y de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Senadores con el tratamiento del proyecto oficialista que prevé establecer “los parámetros epidemiológicos y sanitarios regulatorios de la emergencia Covid-19” con la opinión de abogados constitucionalistas que se diferenciaron entre apoyos a la iniciativa del Gobierno y otros que fueron críticos.

Luego de 4 horas de exposición de la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, el plenario virtual volvió del cuarto intermedio a las 14.15 con la exposición de los letrados constitucionalistas Mariano Bar, Roberto Gargarella, Alejandro Fargosi, Domingo Rondina y Daniel Sabsay, entre otros.

El primero en tomar la palabra fue el constitucionalista Bar que defendió el proyecto al considerar que “la delegación legislativa propiamente dicha, pareciera una delegación mínima, que también crea un acierto al proyecto”.

A propósito de las críticas que tildan la iniciativa de inconstitucional, Bar argumentó que “la relación en términos abiertos de los conceptos o las bases de la delegación legislativa no son suficientes para desacreditar la legalidad o la inconstitucionalidad del proyecto, porque lejos de ser una carta en blanco a mayor amplitud a la redacción también va a ser más restrictiva la interpretación”.

A diferencia de Bar, el constitucionalista Roberto Gargarella sentenció al comienzo de su exposición: “Tengo muchos problemas con el proyecto”. Uno de sus cuestionamientos fue sobre el texto de la Constitución acerca de cómo actuar en situaciones de emergencia y, al respecto, consideró que “hay un problema interpretativo”.

En el mismo sentido que Gargarella, el abogado Alejandro Fargosi fue tajante en su crítica: “Con este proyecto está en juego la libertad, para lo que existe como garantía nuestra Constitución. También está en juego la autonomía de las provincias”, remarcó.

Entre otros de los puntos del proyecto que cuestionó, mencionó que “se menoscaba la garantía penal porque en el proyecto se crean nuevas figuras penales que están vagamente definidas por una conducta que sería delictiva hasta no lavarse las manos correctamente”.

Por su parte, el abogado constitucionalista Domingo Rondina sostuvo que “los DNU dictados por el presidente han sido de forma correcta” y además resaltó que sea el mismo Poder Ejecutivo el que envió el proyecto de ley porque “es un buen gesto porque se esté regulando, se está limitando en su accionar”.

Apoyo con algunas condiciones

El diputado José Luis Ramón, a cargo del interbloque de Unidad Federal, expresó su rechazo a los superpoderes, pero confirmó su apoyo con algunas "modificaciones" al proyecto de ley del Poder Ejecutivo que establece parámetros de medidas restrictivas durante la pandemia, según el semáforo epidemiológico de las diferentes localidades del país.

Al justificar la posición del bloque, Ramón manifestó que "la vacunación es lenta y la necesidad de establecer cierta restricción a los derechos constitucionales es una necesidad para evitar la circulación del virus".

En ese contexto, anticipó que el interbloque acompaña la discusión de la iniciativa que comenzó a tratarse en el Senado, y anticipó las modificaciones que desde su espacio proponen.

Consideró, además, que de este modo se evitarán acciones "irresponsables", como la que -a su entender- tuvieron el jefe de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez.

Pichetto crítico

El auditor general de la Nación Miguel Ángel Pichetto advirtió que el sistema democrático puede convertirse en "autoritario", al cuestionar el proyecto de ley que discute el Senado para habilitar al Poder Ejecutivo Nacional a establecer restricciones de acuerdo a los niveles epidemiológicos durante la pandemia.

"Un camino que habilite todo al Poder Ejecutivo convierte al sistema en un sistema autoritario", afirmó Pichetto en diálogo con "Esta Mañana", el programa que conduce Luis Majul por Radio Rivadavia.

El ex senador indicó: "Creo que el estado de emergencia sanitaria de ninguna manera puede llevarse puesto principios elementales de derecho".

A la vez, apuntó contra "el sistema de compras y de contratación de la vacuna" contra el coronavirus, al señalar que "ha sido erróneo, porque ha sido inconveniente para los ciudadanos", al comentar que "está transcurriendo el invierno, y la gente muere por la enfermedad".|