Lo que se aprobó el jueves en el Senado modifica la ley defensa de la competencia sancionada hace dos años por el macrismo y encendió todas las alertas en el mundo privado. La nueva norma que aprobará la Cámara baja en febrero hará que la administración de Alberto Fernández —y en especial la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner— logre aumentar el poder del Gobierno en la Autoridad Nacional de la Competencia, un organismo que tiene poder de policía sobre los sectores más concentrados de la economía.

Con esta medida, CFK hará que la Autoridad se meta en la secretaría de Comercio Interior que conduce Paula Español y que se encuentra bajo el comando del ministro de Desarrollo, Matias Kulfas, uno de los funcionarios más criticados por el kirchnerismo por su deslucido control de precios.

En los hechos, el nuevo mecanismo para "auditar" la secretaria de Comercio es cambiar la forma en que se compondrá la Autoridad Nacional de la Competencia. A partir de marzo, sus miembros ya no serán elegidos mediante un concurso público de oposición y antecedentes, sino mediante propuestas del Ministerio de Desarrollo Productivo que luego deben ser ratificadas por la mayoría oficialista del Senado, controlada por la vicepresidenta.

De esta manera, Cristina tendrá capacidad de veto sobre los candidatos que surgen del "albertismo" para formar parte de la Autoridad. Lo más importante de la nueva disposición es que los miembros de la Autoridad Nacional de la Competencia podrán ser removidos por el Congreso tras un dictamen no vinculante de una comisión ad hoc" integrada "por los presidentes de las comisiones de Defensa del Consumidor y de Industria de ambas cámaras del Congreso".

De esta manera, el Tribunal de Defensa de la Competencia, que es quien tendrá poder de “policía” para para controlar las prácticas monopólicas y la cartelización de precios, quedará conformada por cinco integrantes, dos economistas y dos abogados, quienes solo "auditarán" los datos del mercado, pero no podrán expedir permisos para la realización de contratos, convenios o arreglos.

Hace un año que CFK quiere modificar este organismo. Por caso, vale recordar que el proyecto fue presentado el año pasado por Ana Almirón y obtuvo dictámen pero no llegó al recinto. El acuerdo de los senadores con la ley que fue expresado con claridad por el jefe del bloque oficialista, José Mayans.

"Lo que estamos tratando es de modificar la autoridad de aplicación, porque se creó hace dos años y no funciona. Y queremos que funcione", dijo el formoseño. Almirón, en tanto, aclaró que "el Tribunal debe actuar con total independencia a la hora de tomar sus decisiones, pero no podemos separar esa interrelación que debe tener el Estado, que en todas las legislaciones del mundo es el que marca la política con respecto a la competencia".

La senadora correntina ya dijo cuáles serán los cambios en la ley: ningún miembro del Tribunal podría haberse asociado a consultoras o estudios relacionados con empresas controladas; la duración en el cargo será de cuatro años y no cinco (de manera que se "encaje" con el tiempo de vida del Ejecutivo en una elección presidencial) y las actuaciones no pueden ser secretas.

El senador Oscar Parrilli, un cristinista paladar negro, fue claro con lo que piensa de la vieja norma: "Habían convertido la ley en una gran máscara para defender intereses monopólicos". En rigor de verdad, Parrilli se estaba refiriendo a la fusión entre Cablevisión y Multicanal que en 2007 habilitó el entonces presidente Néstor Kirchner y que ahora desde el cristinismo critican.

Mensaje al "macrismo residual"

En los hechos, la eliminación de la "clemencia" es un golpe al macrismo residual que existe en todos los ministerios manejados por el "albertismo". Y es que la ley de defensa de la competencia (que fue impulsada por Lilita Carrió), y la "clemencia" especialmente, fue una "letra chica" del ex coordinador de Gabinete, Mario Quintana, y que muchos funcionarios “albertistas” aun defienden.

"Al gobierno de turno le vamos a dar un enorme poder para que construya relaciones y, si ya tiene relaciones con grandes empresas, para que pueda tener una gran discrecionalidad en lugar de ser un órgano autárquico y descentralizado", protestó Martin Lousteau durante el debate en el Senado. Muchos dicen que el senador dijo lo que dice la Unión Industrial Argentina (UIA), pero en voz alta y en el recinto. Habladurías.

Pero los senadores del Frente de Todos están contentos con la nueva ley, ya que habilita a los entes provinciales a controlar y se redefinen el concepto de "concentración", de manera que los entes provinciales podrán tener injerencia en las fusiones, transferencias, adquisiciones y hasta los contratos de cualquier índole. Un poder que la política no podía dejar pasar.   |