En un clima de tensa calma, tras sellar el acuerdo con Argentina, esta semana, Gerry Rice, vocero del Fondo Monetario Internacional (FMI), advirtió que Argentina enfrenta “serios riesgos” para cumplirlo por la “frágil” situación económica y social mientras llegan “nuevos shocks” del mundo.

Aunque el precio del gas ha subido un 52 % desde principios de año y el del petróleo un 64 %, y es probable que aumente la presión sobre la inflación de los alimentos mientras dure la guerra entre Rusia y Ucrania, Rice no fue del todo pesimista al estimar que de igual manera se podrán lograr las metas pactadas.

En medio de la tensión por la suba de precios, en el marco del encuentro del Consejo Económico y Social (CES) y en un nuevo intento de seducción al sector productivo, que técnicamente incluiría a los “diablos” que especulan y generan inflación, Alberto Fernández lanzó un plan que busca crear 2 millones de puestos de trabajo y cerca de 100.000 empresas hacia 2030; se intenta mejorar los datos del empleo privado que es una de las “patas flojas” de la mesa económica nacional según explican en los pasillos del Palacio de Hacienda.

En concreto, el “plan” concentrado en sectores estratégicos para el desarrollo económico no es más que una enumeración de ambiciosas metas. Entre ellas, “profundizar el tejido productivo”, “generar empleo e inclusión” y “fortalecer consensos, pluralidad y la ‘amistad social’”, con objetivos como: aumentar exportaciones con valor agregado, incrementar piezas de industria nacional y promover actividades valiosas (energía, logística y transporte, inteligencia artificial y finanzas sostenibles).

Nada que no se haya dicho antes, en algún “Plan quinquenal” anunciado por Cristina Fernández de Kirchner que apuntaba a agregar valor a los commodities, o la promesa de que la Argentina se convierta en “supermercado del mundo” que realizó Mauricio Macri.

Luces rojas

Prometedor, pragmático como las metas del acuerdo con el FMI, necesario para el largo plazo, como señaló el ministro Matías Kulfas, y para el “consenso” tripartito que busca el presidente, pero nada que resuelva la coyuntura de un país que creció por encima del 10 % -en pandemia-, pero no logra mejorar la realidad de sus habitantes y, principalmente, del 51 % de niñas y niños (0 a 14 años) que viven en hogares pobres.

Con menos desempleo, pero más empleo precario que redunda en salarios que, en promedio, le ganan por una décima al incremento de precios. Y la inflación que no da ningún indicio concreto de bajar o retrotraerse, y no lo hará, según los analistas –al menos–, por los próximos cuatro meses.

La publicación de datos activa luces rojas que el Gobierno parece advertir al mismísimo momento en que las comunica. Entonces, se improvisan nuevas “cumbres” para frenar la inflación que lo está desbastando todo.

En la misma vereda un frente interno se asoma con más ímpetu y definición, avanza contra “los que la fugaron” y pone sobre la mesa un nuevo proyecto para generar un Fondo de Deuda a partir de gravar los fondos no declarados en el exterior que podría llegar a recaudar unos US$ 20.000 millones.

Entre tanto, Alberto Fernández busca surfear la ola con gestos de autocrítica. “Se está generando mucho empleo, pero no estamos logrando distribuir”, dijo en un acto en Santa Fe y, en un guiño a su vicepresidenta, fue contra la gestión anterior al apuntar que “todo lo que se logró en 12 años se perdió en 4”. Además, ponderó el rol de los consumidores en la economía y aseguró que “hay que corregir los salarios y que la inflación no se coma los aumentos”.

Si bien, Fernández volvió al tono pesaroso de finales del 2021, cuando perdió las PASO y prometió “hacer lo que tuvimos que postergar” y “corregir”, el único anuncio en el horizonte es un bono de $6.000 para los jubilados que cobran la mínima.

Algunos voceros del Gobierno afirman que “recién estamos sacando la cabeza del agua” y destacan que en 2017 el 50% de los asalariados registrados estaban 40 puntos por encima de la línea de pobreza, esa cifra cayó a 22 en 2019 y volvió a subir a 27 para diciembre de 2021. Lo cierto es que, hoy cerca de 1 de cada 3 asalariados en la Argentina es pobre y las brechas son cada vez más anchas entre indigentes, pobres y una clase media al borde de la cornisa.

Si en un país con un sueldo privado promedio de $93.000, la mitad de los trabajadores registrados tiene un salario tan sólo 27 % por encima de la Canasta Básica Total ($ 84.000), lo que marca la línea de pobreza, los referentes de las carteras que definen el rumbo de la economía –Hacienda, Desarrollo Productivo y Trabajo– pueden mantener encuentros armoniosos con los líderes de las centrales sindicales y, si en la misma mesa, estrechan las manos con quienes representan la cúpula empresarial, pero afuera los sectores vulnerables acampan para pedir asistencia del Estado, pareciera que algunos intereses no están siendo representados.

Si en medio de una crisis internacional que colma con inflación a las principales potencias del mundo, Argentina se prepara para una cosecha récord pero no puede conciliar precios para el mercado interno; si 1 de cada 3 trabajadores está alcanzado por la pobreza, parece que la mesa tiene más que una pata floja.  |