El principal cambio económico promovido por quienes gobernaron Argentina durante el periodo 1976-1983 fue la modificación del peso relativo de los actores en la economía del país. El importante cimiento colocado por Celestino Rodrigo -devaluación de más del 300% del tipo de cambio- al final del gobierno de Isabel Perón fue materializado de lleno por los sucesivos presidentes de facto al instalar un nuevo modelo económico.

El crecimiento económico se vio severamente afectado con el nuevo régimen, a ello se refiere el economista Juan Manuel Telechea cuando menciona que “en los 43 años que van desde la salida de la gran crisis internacional en los ‘30 hasta el inicio de la dictadura, la economía argentina mostró solo en 8 años una tasa de variación negativa (aproximadamente, 1 cada 5 años). En cambio, en los 46 años que van desde el inicio de la última dictadura hasta la actualidad, la economía se contrajo en 26”.

La segunda etapa de industrialización por sustitución de importaciones terminó, dando paso a una fase de valorización financiera. Este movimiento se realizó en consonancia con el escenario internacional: se produjo el ascenso del neoliberalismo, en detrimento de los famosos “30 años de oro” del capitalismo de los Estados de Bienestar. “Esta nueva etapa implicó un aumento en la integración productiva a escala mundial debido a la expansión de la inversión extranjera directa -canalizada a través de las empresas transnacionales-, cuyos alcances estuvieron subordinados a una profundización de la internacionalización financiera a niveles inéditos”, explican Eduardo Basualdo y Leandro Bona en Endeudar y Fugar.

El nuevo papel de la deuda y el perfil de los acreedores

En este periodo histórico viró el rol de la toma de deuda dentro de la economía local, así como las características de los deudores y los acreedores externos. El endeudamiento externo se incrementó en el sector público, pero en el sector privado se produjo una inédita expansión del endeudamiento de su núcleo: las empresas oligopólicas. La novedad fue que la toma de deuda dejó de estar al servicio de la expansión de las actividades productivas para vincularse a la renta financiera, a pesar que la mayoría de las firmas eran de capitales industriales. Además, se dio otro fenómeno novedoso: la subordinación del endeudamiento estatal al privado supuso que la planificación de la economía deje de ser ejecutada por el Estado para pasar a ser administrada por las distintas facciones del capital.

Otra transformación producida en ese lapso de tiempo fue el del papel de los acreedores externos: los organismos internacionales de crédito le cedieron su lugar de privilegio a los grandes bancos transnacionales, aunque pasaron a ser los representantes políticos de los bancos acreedores, es decir, los negociadores de las políticas de ajuste de los gobiernos latinoamericanos en etapas posteriores. Estos organismos volvieron a modificar los actores del juego en los años 80’: a través del Plan Bakery primero y el Plan Brady después, los bancos comerciales dejaron su lugar de principales acreedores externos a los grandes operadores financieros a nivel global: fondos de pensión y de inversión.

El núcleo del modelo fue la deuda externa -principalmente la del sector privado-: “Se trató de un proceso en el cual las fracciones del capital dominante contrajeron deuda externa y colocaron esos recursos en activos financieros en el mercado interno (títulos, bonos, depósitos, etc.) para apropiar excedente a partir de la existencia de un diferencial positivo entre la tasa de interés interna e internacional y, posteriormente, fugarlos al exterior”, relatan los economistas en el citado texto.

Reforma del Estado

El proceso no hubiera sido posible sin una fuerte modificación del Estado, a través de tres procesos principales: el endeudamiento del sector público en el mercado financiero local, cuando al mismo tiempo la tasa de interés interna superó siempre al costo de endeudamiento en el mercado internacional. El propio sector público fue el que posibilitó la fuga de capitales locales al exterior al proveer las divisas vía su endeudamiento externo. Y, el tercer proceso fue la subordinación estatal a la nueva lógica de acumulación de capital por parte de las fracciones sociales dominantes, lo que posibilitó la estatización de la deuda externa privada en determinadas etapas y permitió reiniciar el ciclo de endeudamiento externo para el capital privado.

El nuevo patrón de acumulación iniciado en la dictadura supuso una profunda revancha social, el excedente apropiado por la valorización financiera y las transferencias de recursos a los acreedores externos no fue resultado de la expansión económica. Su origen radica en la regresiva redistribución del ingreso que había comenzado antes del pleno funcionamiento de la valorización financiera, en 1979.

De manera específica, resalta “Endeudar y Fugar”, la génesis “se ubica en la convergencia entre la Reforma Financiera de 1977 y la apertura en el mercado de bienes y de capitales”. La brutal redistribución contra los asalariados posibilitó la imposición de la valorización financiera. El salario real cayó más del 40% y la participación en el ingreso nacional descendió del 45% al 30% aproximadamente. Estos cambios fueron irreversibles hasta el momento.

Fin de ciclo

Sobre el final de la etapa dictatorial (1982) explotó en toda América Latina la crisis de la deuda externa, por lo que la afluencia de capitales a la región se redujo drásticamente. En el caso argentino, la situación redundó en una fuerte baja del endeudamiento externo y la fuga de capitales fue superada por los intereses pagados a los acreedores externos. En este punto del ciclo de valorización financiera fue predominante la transferencia de la deuda externa privada al Estado llevada a cabo por las fracciones del capital dominante en la economía interna. Esta licuación de deuda se realizó a través de los seguros de cambio, un régimen que comenzó en 1981 y continuó en el posterior gobierno constitucional.

En aquel ‘81, el ministro de Economía del gobierno de Roberto Viola, Lorenzo Sigaut, acuñó la famosa frase “el que apuesta al dólar pierde”. Precisamente, por la fuerte suba de tasas aplicada por la Reserva Federal estadounidense se encareció el pago de la deuda externa y los capitales hicieron su “fly to quality”. El ministro contradijo sus palabras y devaluó fuertemente el tipo de cambio produciendo una fuerte crisis financiera: el tipo de cambio se devaluó más de 1.800% en casi dos años y para 1983 el proceso finaliza con una inflación por encima del 400%.

Este régimen social de acumulación puesto en marcha por la dictadura cívico-militar-eclesiástica duró un cuarto de siglo. En diciembre de 2001, con el fin de la Convertibilidad y una devaluación del peso del orden del 300%, se cerró el ciclo.

Responsabilidad Empresarial

El disciplinamiento de los trabajadores estuvo fuertemente sostenido por grandes empresas instaladas en el país. Actuaron como autores intelectuales, socios e ideólogos del gobierno militar.

La conocida como Causa “Ford” marcó un hito en el país, ya que a diferencia de los genocidas militares y de las fuerzas de seguridad, el fallo de 2018 fue la primera sentencia condenatoria en Argentina de altos funcionarios de una firma multinacional en términos de participación empresarial en delitos de lesa humanidad. Esa investigación indagó las violaciones a los derechos humanos cometidas contra 24 trabajadores, algunos de ellos delegados gremiales, de la planta de Ford ubicada en la localidad de Pacheco, Provincia de Buenos Aires. El veredicto final condenó a Santiago Omar Riveros (responsable militar de la jurisdicción en la que se encontraba la fábrica en el momento de los hechos) a 15 años de prisión e inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena; a Pedro Müller (Jefe de seguridad de Ford Motor Argentina) a 10 años de prisión e inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena; y a Héctor Sibilla (gerente de manufactura) a 12 años de prisión e inhabilitación absoluta durante la duración de las condenas, considerando a los dos últimos partícipes necesarios en los hechos criminales. Los principales apuntados fueron los líderes sindicales, no es casualidad que una de las primeras medidas de la Junta presidida por Videla haya sido la suspensión de toda actividad gremial y la intervención de la CGT. Sus objetivos estaban claros desde el principio.|

*Adrián Machado. Licenciado en Comunicación Social y especialista en nuevas tecnologías.