En las últimas horas murieron 20 personas en la provincia de Buenos Aires por consumir cocaína adulterada. “Tuvimos 214 consultas de intoxicaciones en las últimas 24 horas. Tenemos 20 fallecidos, 20 personas con asistencia respiratoria mecánica y 84 personas internadas”, detalló el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak.

Por su parte, el ministro de seguridad de la provincia, Sergio Berni, dijo que por el momento “no podemos determinar cuál es el componente” con el que fue adulterada la cocaína aunque reconoció que “indirectamente” saben “que es un opioide”. Además, aseguró que en las últimas horas lograron “determinar la cadena de distribución” y se detuvo a un narco del partido de San Martín apodado “El Paisa” y a otras seis personas.

Resta por conocerse no solo la sustancia con la que se “cortó” la cocaína, sino el propósito de la misma –circuló la versión de una supuesta guerra entre bandas, no comprobada hasta el momento–, puesto que no es conveniente para ningún dealer matar consumidores y/o perder reputación entre posibles compradores. Hasta aquí, un resumen de los hechos. 

El paradigma prohibicionista

Argentina cuenta con escasas políticas de Estado, una de ellas es el tratamiento hacia las sustancias prohibidas, lo que vulgarmente se considera “droga” –pese a existir un marco regulatorio para el alcohol y el tabaco, dos sustancias de alta letalidad–. Exceptuando interregnos pintorescos –y altamente beneficiosos en términos electorales– como el de Patricia Bullrich, en general el país se ha movido dentro del modelo de la prohibición total, incluso persiguiendo y encarcelando consumidores por “tenencia”, aun para uso personal.

En este modelo pesa mucho el “hacer números”, es decir, inflar las estadísticas a través de detenciones de personajes marginales dentro de la cadena del narcotráfico: consumidores, vendedores dedicados al narcomenudeo, mulas, soldaditos de las distintas bandas, o camioneros. Esto sirve para el marketing político y ciertas campañas electorales, además de azuzar el pánico moral de parte de la población.

Bajo este paradigma ha aumentado la producción, la circulación y el consumo de diversos tipos de sustancia a nivel global, y Argentina no es la excepción. Los datos son consignados frecuentemente por la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito -UNODC-. 

De todos modos, en términos cuantitativos los usuarios de drogas son aproximadamente el 5% de la población mundial, mientras que los casos de adicciones rondan el 1%. Es pertinente recordar que no todos los casos de consumo significan adicciones. 

La prohibición y criminalización de las drogas son herramientas para imponer diferentes tipos de control social, como lo confirmara John Ehrlichman (asistente y consejero de Richard Nixon) al periodista de la revista Harper, Dan Baum:

“La campaña de Nixon en 1968, y la administración de Nixon después de eso, tenía dos enemigos: la izquierda que estaba contra la guerra y los negros. ¿Entiendes lo que digo? (…) Sabíamos que no podíamos hacer ilegal el estar contra la guerra o a los negros, pero al lograr que el público asociara a los hippies con la marihuana y a los negros con la heroína, y luego criminalizar ambas cosas con fuerza, podríamos separar esas comunidades. Podríamos arrestar a sus líderes, hacer redadas en sus hogares, desmantelar sus reuniones, y antagonizarlos noche tras noche en las noticias. ¿Que si sabíamos que estábamos mintiendo sobre las drogas? Claro que sí”. 

En la actualidad, el control social del que hablaba el consejero de Nixon se lleva cabo a través del concepto de “nuevas amenazas”, donde el narcotráfico ocupa un lugar privilegiado.

En un documento de 2018 titulado “La guerra interna”, el CELS aborda dicho accionar: esas amenazas son utilizadas como justificación para introducir técnicas de investigación y formas de vigilancia sobre grupos criminales, pero suelen utilizarse contra opositores políticos o referentes sociales. También, dice la publicación, sirven como trasfondo para reformas normativas que tienen como objetivo debilitar el debido proceso, mediante la reducción o eliminación de garantías. Se argumenta que los delitos vinculados al narcotráfico necesitan respuestas excepcionales. La doctrina de “nuevas amenazas” influye en las políticas de seguridad de los países de América Latina, la respuesta estatal se endurece frente a distintos fenómenos criminales y problemáticas sociales que no están vinculadas al delito: 

“Este proceso está compuesto por dos tendencias. Una, la militarización de la seguridad implica el involucramiento de fuerzas militares en tareas propias de las fuerzas policiales. Otra supone la reorientación de los componentes tradicionales de los sistemas penales y de seguridad -las fuerzas policiales, las leyes y los códigos penales, el aparato de inteligencia- para abordar problemáticas redefinidas como temas de “seguridad nacional” y para la persecución de enemigos internos”.

El antecedente del alcohol

La prohibición de venta, importación, exportación, producción y distribución de alcohol en los Estados Unidos desde 1920 hasta 1933, la “ley seca”, es un antecedente del endurecimiento de las políticas de drogas que sobrevendrían luego de la Segunda Guerra Mundial. Consideramos que esta alusión es central para comprender el panorama actual en relación con la discusión sobre el narcotráfico a nivel global. Esta prohibición se regía por el mismo principio de la “Guerra contra las Drogas”: se cree que se puede lograr una sociedad sin sustancias ilegales, un mundo libre de drogas.

El prohibicionismo es algo reciente en la historia de la humanidad. Es insostenible por sus dramáticas consecuencias –la peor de ellas es el costo en vidas humanas–, pero es un sistema difícil de desarmar, por los intereses que hay en juego. El económico es el principal: los grandes narcotraficantes y su estructura organizativa, los funcionarios que reciben dádivas, las fuerzas seguridad que dedican su cotidianeidad a “combatir el narcotráfico”, los sectores de la economía legal relacionados al tráfico de drogas –lavado de activos, empresas que se dedican a la seguridad privada–.

Para graficar las enormes ganancias que registra esta actividad, recurrimos a un especialista en la materia como es Gabriel Tokatlian, quien en su libro de 2017 Qué hacer con las drogas señala: 

“Asimismo, es bueno recordar que si, por ejemplo, se toma el valor de la hoja de coca en Bolivia (donde se cultiva), se traslada la pasta de coca a Colombia (para su procesamiento), se transporta ya cocaína a México (para su tráfico), de allí se la envía a New York (para su distribución al por mayor) y se la hace llegar, finalmente, a Chicago (para su comercio al por menor), la variación del precio es de 1532%”.

Desconocimiento

Mariano Fusero, presidente de RESET (organización argentina dedicada a las políticas de drogas respetuosas de los derechos humanos) expresa que en el caso particular de la cocaína la prohibición a partir de principios del siglo XX “trajo consigo el desconocimiento de los efectos reales que la sustancia puede causar en las personas que consumen (entre ellos, afectaciones graves a la salud o la muerte)”. Las sucesivas adulteraciones que sufre la sustancia a lo largo de la cadena de valor exponen a las personas a daños potenciales que pueden generar los productos utilizados para aumentar la rentabilidad empresarial. Es casi una compra a ciegas.

Fusero cita al filósofo Antonio Escohotado para ejemplificar las diferencias con el comportamiento del consumo legal de cocaína a principios de 1900: 

“Había cuasi nulos índices de mortalidad por consumo de la sustancia en su estado puro; las personas que la consumían solían conocer y prever sus efectos, y podían graduar las dosis de forma responsable, adulta y racional. Una vez que la prohibición ganó terreno, las adulteraciones de la calidad de la sustancia -con productos no aptos para el consumo humano y direccionados únicamente a incrementar el volumen- significaron muertes y graves afectaciones en las personas que consumen”.

La situación actual de Argentina es completamente prohibicionista, el país se encuentra muy atrasado en la cuestión y “sus instituciones públicas sostienen un discurso perimido, anacrónico y poco realista, respecto de la abstención en los consumos; mediante campañas inútiles señalan que la solución básicamente es ‘no consumir’, cuando en la práctica la población consume cada vez más y el mercado de sustancias está cada vez más diversificado”, argumenta Fusero. 

Como mencionamos, estos discursos no tienen ni buscan resultados positivos en la salud de la población, pero sí en épocas de campañas electorales y claro está, en el plano económico.

Quien clarifica la cuestión es el historiador Paul Gootenberg (2002), que se especializa en la historia del narcotráfico andino:

“Solo la DEA actúa desconociendo este perverso ciclo descendente del precio, privilegiando la guerra contra las drogas con la ilusión de que una interrupción en el cruce de fronteras hace subir los precios y desestimula su consumo (Bertram et al. 1996). Para alcanzar esta meta realmente, las cantidades incautadas deberían ser fantásticamente altas, por encima del 80 por ciento de las drogas producidas. La experiencia histórica muestra lo opuesto; una disparada inicial de precio con el nacimiento de mercados negros es seguida por una caída secular de precios por drogas ilegales”.

Cuando nos referimos a que la “Guerra contra las Drogas” es una herramienta de control social o también una “guerra contra los pobres” y enumeramos sus principales políticas y acciones podemos traer a colación una frase de Lester Freamon, aquel detective de The Wire magníficamente interpretado por Clarke Peters: “si seguís las drogas, vas a encontrar drogadictos y dealers…pero si empezás a seguir el dinero, no sabés a dónde puta te va a llevar”.  |