Como una tragedia que pareciera no tener fin, en los últimos días el departamento de Ituzaingó llegó a registrar alrededor de 1913 focos de incendio y otros 814 se contabilizaron en Santo Tomé. Sin embargo, la pérdida fue mucho mayor: llegó a localidades como Virasoro, San Miguel, Concepción e incluso devoró grandes extensiones del Parque Nacional Iberá, causando irreparables daños sobre la fauna y flora local, hasta llegar a los parques industriales, foresto industriales y empresas privadas, cómplices de un modelo político y económico que promovió el desgaste ambiental a través del extractivismo y ahora, sumada la acción del fuego, sólo cosecha grandes pérdidas económicas.
En las últimas décadas, los distintos gobiernos fueron cediendo grandes extensiones territoriales a empresas privadas para la producción de bosques implantados y monocultivos de pino, soja, eucalipto, entre otras especies que erosionaron los suelos y agravaron la sequía. Ante los incendios, la tarea de combatir las llamas se hizo mucho más compleja sobre zonas completamente áridas y carentes de lluvias.
Todo esto, como resultado de un modelo sostenido mediante subsidios tanto provinciales como nacionales. La Ley 25.080 de Inversiones para Bosques Cultivados, sancionada durante el menemismo, fue la punta de lanza de una serie de beneficios fiscales e impositivos que favorecieron los negocios forestales en el país; desde devolución anticipada del IVA hasta exención en impuestos inmobiliarios que hoy dejaron a la provincia sin bosques, sin humedales y sin fondos para invertir en insumos, recursos humanos y logística necesaria para combatir incendios de grandes dimensiones.
Completamente desabastecida, la provincia debió sumar brigadistas del Sistema Nacional de Manejo del Fuego, además de dotaciones de bomberos de otras provincias como Córdoba, Mendoza, Buenos Aires, Jujuy e incluso otros países como Brasil y Bolivia, pero no fue suficiente.
Antecedentes
En el año 2014, un equipo de activistas de Amigos de la Tierra Argentina visitó la provincia en el marco de la campaña Stop Harvard, para visibilizar la destrucción ambiental y social que esa universidad estadounidense estaba provocando desde el año 2009, con el aval de la provincia, a través de un fondo de inversión para el cultivo de pino y eucalipto (especies que se caracterizan por absorber grandes cantidades de agua, lo que conlleva a una irreparable erosión de los suelos), explotación que se llevó a cabo a lo largo y ancho de un total de 84.261 hectáreas en los Esteros del Iberá. Del mismo modo lo hicieron otras empresas privadas correntinas.
En la mayoría de los casos, se incumplió con la Ley Nacional de Bosques, lo que acabó con el monte nativo, los humedales y esteros; y la ley de Inversiones para Bosques Cultivados, la cual sostiene que ningún lote puede superar las 25 hectáreas, y entre ellos, debe haber calles cortafuego limpias de maleza y cualquier otro material combustible.
Hasta hace poco, fue la provincia con el mayor territorio cultivado con pino y eucalipto para la exportación. Hoy, además de la pérdida económica de esas plantaciones, dejó en evidencia las miles de hectáreas de alto valor ambiental arrasadas, tanto por las llamas como por la falta de políticas enfocadas en la conservación.|
