La historia de una firma que arrancaron los hermanos Máximo, Pedro y Roberto, llegados desde Italia en 1920 y que tuvo un crecimiento demasiado veloz. Desde un almacén de ramos generales, los hermanos fueron pioneros con una planta desmotadora de algodón y la molienda de semillas de algodón, lino y maní. Les recriminan en los últimos años una diversificación acelerada hacia otros rubros y apalancada con deuda bancaria de corto plazo.
Tras la suspensión del concurso de acreedores, por decisión de la Suprema Corte de Justicia de Santa Fe, y las declaraciones de Alberto Fernández sobre la idea oficial de una empresa estatal que intervenga en el mercado de granos, los integrantes de la agroexportadora Vicentin emitieron un comunicado: “Vicentin no es ni puede ser una empresa testigo que ordene el mercado de granos, puesto que Vicentin es tan solo una (gran) empresa de molienda que transforma granos en aceite y harina. Su participación antes de la presentación en concurso nunca alcanzó el 15% del sector”.
Es que hace unos días, unas 20 personas, entre representantes de empresas que quieren hacerse cargo de Vicentin, escribanos y funcionarios del Banco de Valores se encontraron en la sede porteña de la cooperativa ACA y firmaron dos fideicomisos con el objetivo de garantizar el proceso de pagos del mayor default privado desde 2001.
Hay que recordar que en los inicios de 2020 comenzó a tramitarse en el juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la ciudad santafesina de Reconquista, a cargo de Fabián Lorenzini, el concurso de acreedores por una deuda de Vicentin que supera los 1.300 millones de dólares. Todo este proceso quedó suspendido luego de la decisión de la Suprema Corte de justicia provincial, desde donde se solicitaron todas las actuaciones realizadas hasta el momento.
Pero aun así, la Corte decidió suspender los plazos y pedirle al juez del Concurso que le remita lo actuado. Lo hizo a pedido de una de las principales corredoras de granos del país, la firma Grassi que quedó atrapada con acreencias millonarias. Uno de los fideicomisos, a cargo del el Banco de Valores, el principal fiduciario financiero de la Argentina, es de Garantía y cobija el 95% de las acciones de Vicentin para respaldar los compromisos de pago. El otro es de administración.
Los fideicomisos son clave en el complejo proceso de Concurso Preventivo de miles de acreedores, miles de empleados, miles de productores y angustiados acreedores, y miles de millones de pesos de pasivo, como es el caso de Vicentin.
Quienes lo firmaron eran los interesados en Vicentin, la cooperativa ACA, Viterra, la ex Glencore y Bunge. La propuesta de la empresa que entró en cesación de pagos en diciembre de 2019 con una deuda de US$ 1.500 millones, es un pago en efectivo de US$ 297 millones. De ese monto, US$ 170 millones serían en efectivo a razón de US$ 30.000 para cada acreedor. Eduardo Hecker, presidente del Banco Nación, comentó que habían rechazado una nueva propuesta de pago por parte de compañía agroindustrial de US$ 20 millones. “Nos deben US$ 300 millones, es inaceptable”, enfatizó.
Hecker celebra la decisión de la Corte de Santa Fe en la esperanza de una nueva propuesta a los acreedores. Lo dice de este modo: "La propuesta de Vicentin implica convalidar el fraude y una quita del 80 por ciento en valor presente neto de los créditos que tiene el Banco Nación y un daño al Patrimonio colectivo. Teniendo en cuenta que el Banco Nación es de toda la sociedad y, por lo tanto, convalidar esa alternativa es un atentado al patrimonio colectivo".
En su visión, "a partir de la decisión de la Corte Suprema Provincial, se abre una etapa en la que se debe realizar una nueva propuesta que contemple los intereses de los distintos sectores, tanto público y privado. Esta instancia debe contemplar el funcionamiento a pleno de la compañía; que genere empleo y que además genere alternativas para la producción e incrementos en el valor agregado".
Otro dolor de cabeza en ese concurso es el comité Ad Hoc de Acreedores Internacionales que agrupa a entidades financieras internacionales que han financiado a Vicentin y que mantienen acreencias impagas por más de US$ 500 millones. Está conformado por el IFC (Corporación Financiera Internacional, miembro del Grupo Banco Mundial), FMO (Banco de Desarrollo controlado por el estado holandés), ING, Rabobank, Natixis y Credit Agricole. Ese comité de acreedores está liderado por el BMO, banco de Desarrollo Holandés, 50% estatal, junto al cooperativo Rabobank.
Alberto Fernández, se refirió al tema y expresó que si bien en 2020 desistió del intento inicial de estatizar Vicentin, porque –según explicó- “le hubiera hecho un favor a los acreedores, no a la Argentina”, pero agregó que el gobierno siguió trabajando en la iniciativa y que “ahora hay un escenario donde, tal vez, podamos hacer algo. No digo que esté seguro, pero sí que tenemos un escenario más favorable que aquel, donde se podría dar la posibilidad del ‘cram down’. Lo que no es posible es esta lógica de expropiemos empresas de cualquier modo’ porque después se paga lo que no corresponde”.
A partir de esto, el Gobierno tiene la intención de avanzar sobre el sector alimenticio y agroexportador de la mano de un plan que ya no sería el aumento a las retenciones para “desacoplar” los precios sino de reforzar con la estructura y activos de Vicentin a YPF Agro, para que esta intervenga en todo lo relacionado al comercio exterior, para tener directa injerencia en la provisión de divisas e incidir en la formación del precio de los alimentos.|
