Pese a la medida cautelar que cayó sobre el proyecto “Costanera Urbana” que desarrolló la empresa IRSA, el oficialismo porteño incluyó su tratamiento en la agenda de temas de la sesión legislativa de hoy. “Frente al incumplimiento el juez notificó a Santilli (Diego)”, explicó a N&P Jonatan Baldivieso, que dirige el Observatorio del Derecho a la Ciudad, a través de donde surgió la denuncia judicial contra la iniciativa inmobiliaria.

Desde el bloque de legisladores del Frente de Todos cuestionaron que el proyecto obtuvo dictamen “en un plazo récord de siete días sin tener siquiera giro a la comisión de Espacio Público y obturando cualquier instancia de debate genuina de cara a la sociedad”.

Asimismo, indicaron que “carece de los estudios de impacto ambiental requeridos por el artículo 30 de la Constitución de la Ciudad. A su vez, tampoco se analizó la integración que tendría en relación al barrio Rodrigo Bueno ni se informó o consultó a las autoridades de la Comuna 4, donde se ubica el proyecto”.

“El proyecto ingresó a la Legislatura el 20 de julio, un día después de que el Gobierno de la Ciudad firme el contrato con la empresa IRSA y, enseguida, se fijó fecha de tratamiento", confirmó Baldivieso y destacó que “por la magnitud e impacto consideramos que debía tener un tratamiento especial, por eso, avanzamos con la demanda”.

Desde IRSA, días atrás, informaron que tras el acuerdo con la Ciudad la empresa comenzaría a urbanizar el terreno sobre la Costanera Sur “adquirido hace casi tres décadas” y describieron que el 67% de esas tierras se destinarán a la creación de un parque público de 35 hectáreas más otros espacios de uso común, hasta totalizar 43 hectáreas.

En la superficie de este espacio verde, que equivale a cinco veces la del Parque Lezama, el más cercano en la zona sur de la Ciudad, se construirán viviendas, oficinas, locales comerciales, escuelas, un sanatorio, un paseo peatonal, un paseo costero apto para correr y andar en bicicleta de 4,2 km, un hotel, entre otros desarrollos que totalizan cerca de US$ 250 millones.

“Sería una gran felicidad poder arrancar, en cuanto la legislatura dé la aprobación final, con un emprendimiento que es una ilusión de vieja data para nuestra empresa”, dijo Eduardo Elsztain, presidente del grupo IRSA. “Va a ser el vínculo natural entre la zona sur y Puerto Madero, generando una continuidad en la trama urbana en un área de la ciudad que la necesita”, agregó en un comunicado la semana pasada.

“Estimamos que esta nueva zona albergará unas seis mil familias; las oficinas, los locales y todas las demás actividades que elijan Costa Urbana para radicarse también generarán un gran movimiento de personas y una actividad económica de la que hoy carece ese barrio”, añadió el titular del holding especializado en el desarrollo de shoppings y destacó que apuntan a una población “lo más diversa posible”.

Desde el Frente de Todos (FdT), señalaron que “las tierras en cuestión fueron cedidas por el Estado Nacional al Club Atlético Boca Juniors en la década del ‘60, a los fines de instalar allí una ciudad deportiva”, e indicaron que “dicho objetivo se vio desvirtuado por leyes posteriores y el predio terminó en manos de la empresa IRSA por la suma de 50 millones de dólares”.

“Se trata de la parcela privada más grande de la ciudad, con una superficie total de 70 hectáreas que equivalen a medio barrio de San Telmo con el aditivo de tratarse de tierras costeras”, destacaron desde el bloque porteño del FdT.

Dando lugar al cuestionamiento del Observatorio del Derecho a la Ciudad y otras asociaciones civiles, el Juez Scheibler ordenó suspender el trámite del Proyecto que presentó IRSA hasta tanto el Poder Ejecutivo acompañe las actuaciones administrativas que den cuenta del cumplimiento de las previsiones de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental y la realización de una Audiencia Pública Obligatoria.

Entre otros puntos consideró que al tratarse de una propuesta de un proyecto de grandes proporciones que se realizaría sobre un humedal, “corresponde recordar que el paradigma jurídico que ordena la regulación del agua es ecocéntrico, o sistémico, y no tiene en cuenta solo los intereses privados o estaduales, sino los del mismo sistema, como bien lo establece la Ley General del Ambiente (Fallos: 340:1695)”.

“En efecto, al tratarse de la protección de una cuenca hídrica y, en especial, de un humedal, se debe valorar la aplicación del principio precautorio (art. 40 de la ley 25.675). Asimismo, los jueces deben considerar el principio in dubio pro natura. También resulta aplicable el principio In Dubio Pro Agua, consistente con el principio In Dubio Pro Natura, que, en caso de incerteza, establece que las controversias ambientales y de agua 'deberán ser resueltas en los tribunales, y las leyes de aplicación interpretadas del modo más favorable a la protección y preservación de los recursos de agua y ecosistemas conexos”.

Sorteando la definición de la Justicia, la Legislatura porteña comenzó a tratar en comisiones el proyecto de convenio entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la empresa IRSA y busca cambiar la normativa que solo permite la actividad deportiva por nuevos usos para viviendas y comercios.

Desde el Observatorio entendieron que “el Juez permitió que el trámite avance y no defendió los intereses de los ciudadanos”, por eso decidieron recusarlo y, ahora la causa pasó al juez Aurelio Ammirato.

Finalmente, hoy, la Legislatura porteña pretendía continuar con el abordaje del proyecto en la sesión parlamentaria pero un juez informó al vicejefe de Gabinete, Diego Santilli, para que suspenda el tratamiento del proyecto ya que “estaría incurriendo en un delito porque ya fueron notificados sobre la decisión de la Justicia”, explicó Baldivieso.

"A pesar de contar con todas las competencias para tratar este proyecto, la Comisión de Espacio Público que presido en la Legislatura fue excluida del tratamiento en comisiones", denunció vía Twitter la legisladora Claudia Neira y señaló que "así, se omitió el debate sobre la preservación de espacios verdes y el área costera en este convenio".

Judicialización

La acción de amparo colectivo ambiental fue presentada por el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), la Cátedra de Ingeniería Comunitaria (CLIC), el IPYPP de Unidad Popular, y la Defensoría de Laburantes. “No podemos permitir que la Planificación de la Ciudad esté sometida a la voluntad de los sectores inmobiliarios concentrados que destruyen nuestro patrimonio cultural y natural, y el ambiente urbano”, expresó el abogado especializado en derecho urbano, ambiental y en DDHH.

Además, el fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad mostró estar en desacuerdo con que “se consolide el mayor despojo de tierras públicas de la ciudad que perdió 71 hectáreas de tierras públicas costaneras sin nada a cambio”, y consideró que “es un delirio urbanístico destruir un humedal costanero, como se reconoce en la sentencia, para construir torres de 145 metros de altura”.

En la misma línea, la ingeniera especializada en Hidráulica y Cambio Climático, María Eva Koutsovitis señaló que “el tratamiento exprés del proyecto de Costa Urbana, evadiendo procesos de evaluación y de participación dispuestos en la Constitución, a fin de garantizar ganancias extraordinarias de millones de dólares a una desarrolladora privada, evidencia la necesidad colectiva de discutir y avanzar hacia un nuevo paradigma urbano diametralmente opuesto al que se ha implementado en la Ciudad de Buenos Aires en las últimas décadas y que se ha basado en el despojo y la privatización de lo público”.

Y apuntó que esa dinámica lleva a la Ciudad al “colapso” y a una “crisis ambiental, habitacional y de servicios públicos”. Por ahora, el trámite quedó en suspenso, el despacho de comisión quedó reservado en Secretaría, donde se definirán los pasos a seguir de acuerdo a las distintas instancias de la Justicia.|