La reciente multa millonaria a las distribuidoras eléctricas metropolitanas por parte del ENRE -que sancionó a Edenor S.A. y Edesur S.A. en 6.561.934 pesos por incumplimientos en materia de Seguridad Pública, correspondientes a 2018 y 2019- es interpretada en el mundo de los negocios como el comienzo de otra cosa: el cambio de manos de los dueños de las dos empresas.

  "Cuando uno mira lo que pasó con las tarifas, se da cuenta el incremento enorme que han tenido en precios, las ganancias exorbitantes que han tenido algunas empresas, y todo eso lo pagaron todos los argentinos", había señalado el presidente Alberto Fernández en febrero de 2020, antes de la cuarentena.
A contramano de la mayoría de las empresas de la economía argentina, las distribuidoras eléctricas metropolitanas lograron ganancias en los cuatro años de macrismo. Tanto en 2018 como en 2019, años cuando comenzó la última crisis y caída libre de la economía argentina, el patrimonio neto de estas empresas creció en términos reales. 

  En 2018, Edesur incrementó su patrimonio neto el 15,3% mientras que Edenor creció el 11,4%. En 2019, el aumentó se duplicó: Edesur el 35,6% y Edenor el 24,2%. Lo de Edenor es particularmente curioso, porque incrementó su patrimonio y, además, en sus balances muestra que la rentabilidad (previa al pago de impuestos) aumentó considerablemente entre 2017 y 2019.  El índice pasó de 0,25 en 2017 a 0,49 en 2019.  

En los hechos, las ganancias de Edenor y Edesur se dieron entre diciembre del 2015 y diciembre del 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando las tarifas de consumo de electricidad de Edenor y Edesur se incrementaron 1.925%, mientras que las tarifas de gas aumentaron 975% y las de agua 820%, según la DGEyC del GCBA. Pero pese a las ganancias no hubo correlato en inversiones. Edesur, por ejemplo, invirtió un 52% en 2020, a pesar de que la empresa había ganado 12.600 millones de pesos el año pasado. 

  Pero lo que causó grnojo en el oficialismo fueron los beneficios que lograron los accionistas de Edesur y Edenor con el traspaso de jurisdicción al AMBA, ejecutado en 2018. Afirman quienes conocen el mercado que los dueños y amigos de Macri de Edesur y Edenor, Nicolas Caputo y Marcelo Mindlin, respectivamente, se llevaron de arriba unos 640 millones de dólares en concepto de "traspaso" de jurisdicción. 

  El 2 de diciembre último, el secretario de Energía, Darío Martínez, anunció que la Nación recuperaba el control de las eléctricas. El comunicado oficial sostuvo que "se acordó el inicio del proceso por el cual se asegurará la regulación y el control del servicio de distribución eléctrica en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), teniendo el Estado Nacional el poder concedente sobre las empresas distribuidoras y comercializadoras, que en 2019 se había intentado delegar en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires". 

  Después de estas dos decisiones del Gobierno, la multa y el traspaso, en el sector energético creen que Mindlin y Caputo podrían vender su parte y recuerdan que desde julio de este año la presión es fuerte. Recuerdan que el saliente Interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), Federico Basualdo, instruyó a la asesoría jurídica del organismo a que se presentara en la causa “Lopetegui Gustavo y otros/ Malversación de caudales públicos”, que se tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5 (Causa N° 5059/2019, Fiscal N° 27808/2019).

  En el contexto del traspaso de jurisdicción del servicio público de energía eléctrica a la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Estado suscribió con Edenor y Edesur un acuerdo para poner fin a una serie de disputas y obligaciones recíprocas generadas entre la suscripción de las Actas Acuerdo de renegociación contractual (2006) y la realización de la Revisión Tarifaria Integral (2016). 

  En el acuerdo se contabilizaron tanto las acreencias reclamadas por las concesionarias al Estado nacional por el congelamiento tarifario (“Activo Regulatorio”), como las deudas por sanciones acumuladas por las empresas con el erario público (“Pasivo Regulatorio”). 

  Para determinar esas obligaciones, la entonces Subsecretaría de Energía Eléctrica utilizó métodos de cálculo “ad hoc” (sin justificación técnica), que se apartaron de los mecanismos oficiales definidos para los correspondientes rubros, redundando en un beneficio para las concesionarias. 

  La auditoría del ENRE advirtió entonces que el método “ad hoc” utilizado para el cálculo del “Activo Regulatorio” invirtió el carácter de los resultados: las concesionarias pasaron de ser deudoras del Estado nacional, a acreedoras. En efecto, si se emplea el mecanismo de cálculo oficial previsto en las actas vigentes desde 2006, resulta que Edenor le debería al Estado $ 10.898.123.312 de pesos y Edesur 15.501.463.952 de pesos. 

  En cuanto al “Pasivo Regulatorio”, las deudas de las concesionarias con el Estado fueron subvaluadas en 9.453 millones de pesos para el caso de Edesur y 7.731 millones de pesos para el de Edenor. 

  En el Gobierno recuerdan que, si bien los montos no fueron cobrados en efectivo en su totalidad, el traspaso de jurisdicción implicó ingresos lisos y llanos (ganancias) para Edenor por 15.295 millones y para Edesur por 13.989 millones. Fondos que -aseguran en el mercado- fueron dolarizados por Caputo y Mindlin. 

  Estas ganancias se deben a que uno de los requisitos del traspaso es la resolución de las deudas, porque que las jurisdicciones locales no pueden asumir un servicio público con deudas o cuestiones litigiosas. Un negocio que ahora parece ser de alto voltaje para los empresarios cercanos al macrismo.