Aunque resulte difícil de creer, el conflicto que mantuvo parados los principales puertos cerealeros del país por casi 20 días, no giraba exclusivamente en torno a la actualización de la tarifa por kilómetro del flete de trasporte de cargas a nivel nacional. Además del reajuste lógico, los transportistas, en un documento solicitaron subsidio para el pago del combustible, facilidades fiscales y acceso a test rápido de antígenos de COVID-19 gratuitos, entre otros puntos que impactan en la dinámica de circulación interjurisdiccional.
Las medidas de fuerza iniciada el 25 de enero afectaron a los principales puertos del país, entre ellos, Rosario, Quequén, Ingeniero White y Bahía Blanca con pérdidas de más de 100 mil millones de dólares según reflejaron desde Federación de Centros y Entidades Gremiales de Acopiadores.
Con la escalada del conflicto, los sectores empresarios comenzaron a solicitar la intervención del Estado y, luego de que los puertos de Santa Fe fueron liberados por las fuerzas de seguridad, cuando los cortes de ruta llegaron a su punto más álgido, Sergio Massa, titular de la Cámara de Diputados de la Nación, convocó a una reunión a los dirigentes de las agrupaciones transportistas.
El gran ausente al encuentro que mantuvo Massa con Santiago Carlucci, presidente de Transportistas Unidos de Argentina y Carlos Geneiro, Secretario General de la Unión Nacional de Transportistas y Afines de la República Argentina, fue el titular de la cartera de Transporte Mario Meoni que, a través de Télam, reconoció que sólo se reuniría con las cinco cámaras que agrupan a los transportistas y no con “autoconvocados”.
En concreto, Massa tomó nota del reclamo y prometió buscar medidas de contención para dar respuesta a las agrupaciones que se adjudican la representación de 3 millones de camiones frente a 120.000 agremiados.
En medio de la protesta de los transportistas autoconvocados, el jueves 4, durante una reunión de la Mesa de Negociación Participativa, en el Ministerio de Transporte de la Nación, se acordó un aumento del 22,5% para la tarifa de referencia del transporte de cereales y oleaginosas, con la participación de funcionarios nacionales, acopiadores, dirigentes de la Mesa de Enlace y las cámaras de transportistas.
A partir del nuevo cuadro tarifario, que se publicó este lunes en el Boletín Oficial, el costo de un flete de 400 kilómetros será de $2.790 la tonelada, para una distancia de 800 kilómetros alcanzará los $3.463 la tonelada, de 1.000 kilómetros un costo de $3.880 pesos la tonelada y de 1.150 kilómetros de $4.293 la tonelada
Sábado de alivio real
Luego de una extensa jornada de debate y negociación, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, a través de la Subsecretaría de Transporte, a cargo de Alejo Supply, logró un acuerdo superior al pactado por la Nación y además encausó el resto de los reclamos de los transportistas.
El esquema actualizado en la provincia lleva la nueva tarifa de referencia a $385,5 (+ 23,88%) para 10 kilómetros; $2.822,60 (+31,83%), para una distancia de 400 kilómetros y $3.206,7 (+28,38%) en la de 500 kilómetros.
“A pesar de que el reclamo era de índole nacional, desde UNTRA queremos agradecer al Gobernador Axel Kicillof por abrir un canal de diálogo a través de la Subsecretaría de Transporte, resaltamos y festejamos que haya respetado el reclamo legítimo de los trabajadores de protestar y no reprimir ni utilizar a las fuerzas de seguridad para resolver el conflicto”, informó una de las entidades que protagonizó las medidas de fuerza, en un comunicado a sus socios.
Y, al mismo tiempo, advirtió que “ante la falta de respuesta por parte del gobierno nacional”, continuarán las medidas en el resto de los puertos y rutas del país. Los autoconvocados apuntan a que la tarifa mínima por kilometraje se defina por ley para todo el territorio nacional, y se revise según el incremento de costos cada 90 días.
“Si bien la suba de la tarifa no es lo que esperábamos”, reconocieron desde UNTRA, si la Provincia mantiene su compromiso “el incremento real será mucho mayor al acordado, ya que se terminaría la especulación y el pago por debajo de la tarifa establecida, terminando con la doble tarifa que es la que nos roba entre un 20 y un 60 por ciento del flete”, aclararon.
Satisfechos por la negociación, pero exhaustos después de horas de discusión, en la madrugada del sábado referentes del sector gremial empresario se quejaban del espacio concedido por Sergio Massa a los autoconvocados, al recibirlos por fuera de las negociaciones que mantenía el Ministro de Transporte de la Nación con las cámaras empresarias que representan al sector.
En la misma sintonía se expresaron fuentes cercanas al subsecretario Supply pese a que reconocen la legitimidad del reclamo de los sectores de transportistas no agremiados. “Existen cuestiones, como el RUTA, temas de importación de insumos como los neumáticos y cuestiones fiscales que se deben resolver en el ámbito de la Nación en las mesas de trabajo de Transporte”, afirmaron a N&P.
Auxilio
Desde marzo de 2020 con la declaración del ASPO la situación de muchos transportistas se vio perjudicada porque las provincias aplicaron reglas al ingreso y circulación de camiones en su jurisdicción. Lo que se tradujo en jornadas de trabajo más amplias en un contexto de inflación que elevó el precio de insumos básicos para el transporte como gasoil y neumáticos.
A eso se sumó la exigencia de pruebas para descartar o detectar COVID-19, que generó un “extra costo” para los transportistas que deben abonarlo de forma particular, pero, fundamentalmente, más demoras. Por eso, el petitorio de los autoconvocados solicita sustituir los test PCR (pagos) por test rápidos de antígenos gratuitos.
Y, para paliar la situación crítica por el aumento de costos, piden que se los exima temporalmente del pago del RUTA, un Registro en el que deben inscribirse quienes realicen transporte o servicios de transporte interjurisdiccional a partir de 700kg, y se revalida cada año.
A modo de respuesta, entre los 9 puntos que acordó Supply se incluyó que los costos administrativos serán adecuados al contexto económico del sector, rondando aproximadamente los $470 por unidad a habilitar para circular en todo el territorio Bonaerense.
Además, se garantizó que para circular en las rutas bonaerenses sólo se exigirá la Verificación Técnica Vehicular (VTV) que ronda los $2.200 y se trabajará a fin de instruir una correcta fiscalización de la documentación necesaria para el tipo de servicio que se realiza, evitando la superposición de trámites y documentación.
Por último, la Subsecretaria de Transporte de la Provincia de Buenos Aires coordinará acciones junto con el Municipio de Necochea para concretar mejoras de infraestructura y servicios en la Playa de camiones "El Chiquero".
Para la provincia de Buenos Aires, dónde se centraliza la gran mayoría de transporte de granos y se concentra el trabajo de fleteros particulares o autónomos -propietarios de 2 o 3 camiones-, era crucial destrabar el conflicto. En las formas, el acuerdo llevará oxígeno a la dinámica de los puertos, pero, las asimetrías a nivel nacional pueden reactivar protestas en cualquier momento.|