La auditoría técnica, jurídica y económica sobre las tarifas y los concursos de directores del ENRE reveló que en la anterior gestión de Gobierno existieron "manifiestas irregularidades" en varios procedimientos. "La Intervención del ENRE resolvió la nulidad del nombramiento de directores de la gestión de Cambiemos. A raíz de la auditoria llevada a cabo por la Intervención desde marzo del 2020, se pudo verificar que los concursos por los cuales se designaron directores y directoras del Ente durante la gestión de la Alianza Cambiemos adolecieron de graves irregularidades que requieren su anulación", informó el organismo a través de un comunicado.

La auditoría se encaró a partir del decreto 277/20 firmado por el presidente Alberto Fernández y apuntó a cuestiones técnicas, jurídicas y económicas de la Revisión Tarifaria Integral y una revisión de los concursos de los miembros del Directorio.

El texto explica que "la revisión de los concursos arrojó como resultado que estos incurrieron en vicios graves que convirtieron esos actos en nulos de nulidad absoluta. Una de las irregularidades observadas es la falta de publicidad plena y una cuestionable transparencia durante los procedimientos, particularmente en la integración de los órganos de selección y la arbitraria modificación de criterios de elegibilidad".

En ese sentido acara que los criterios de objetividad e idoneidad técnica, así como la falta de vinculación con empresas del sector eléctrico resultan fundamentales para la selección de directores y directoras.

"La conformación del Comité de Selección previsto por las resoluciones 205/17 y 154/18, integrado por el Consejo Consultivo de Políticas Energéticas, resulta sumamente cuestionable, debido a que se encontraba integrado por el denominado Grupo de Ex-Secretarios de Energía que formaron parte de la Declaración de Compromiso asumida por la Alianza Cambiemos en agosto del 2014", comunicaron desde el ente. Por último, señala que, se observó un "manifiesto incumplimiento de las normas sustanciales relativas a la observancia de conflictos de intereses y ética en el ejercicio de la función pública en las designaciones llevadas a cabo". |