La primera edición del informe Transparencia Fiscal en América Latina, que se presentó el lunes en el marco de la 4° reunión de la Declaración de Punta del Este, destacó el creciente papel de la transparencia fiscal y el intercambio de información para ayudar a los gobiernos a combatir los delitos financieros y movilizar recursos

El informe, que surge de la Declaración de Punta del Este, una iniciativa latinoamericana para hacer frente a la evasión fiscal, la corrupción y otros delitos financieros a través de la transparencia y el intercambio de información (EOI) con fines fiscales evaluó que “una parte considerable de la riqueza de América Latina se mantiene en el extranjero”.

“La estimación del 27% (900.000 millones de euros o US$ 1,07 billones), es considerablemente superior a la media de Asia (4%), Europa (11%) o Estados Unidos (4%), y supone una pérdida de ingresos anual de 19.000 millones de euros (US$ 22.610 millones) en impuestos para la región”, agregó el documento y planteó que “Esta situación socava la movilización de recursos domésticos y obstaculiza el desarrollo, lo que es aún más acuciante en el contexto de la pandemia de COVID-19”.

En ese sentido, indicó que “en los países latinoamericanos, los ingresos tributarios representan aproximadamente el 20,6% del Producto Interno Bruto (PIB) en promedio, cuando la relación media entre impuestos y PIB en los países de la OCDE es de 33,8% del PIB”.

Además, señaló que los ingresos tributarios medios como porcentaje del PIB varían considerablemente en América Latina, desde el 13,1% en Guatemala hasta el 33,1% en Brasil. En ese ranking la Argentina encuentra un tercer puesto detrás de Brasil y Uruguay (29%), con un 28,6%. Luego se ubican Bolivia (24.7), Costa Rica (23.6) y Honduras (21.9).

El Salvador, Chile, Ecuador y Colombia bordean el 20% mientras que el resto de los 16 países analizados se coloca por debajo de esa franja. “La relación impuestos/PIB comparativamente baja en la región hace que el problema de la evasión fiscal sea aún más apremiante”, analiza el informe y destaca que “la lucha contra la evasión de impuestos y otros delitos financieros es fundamental para la región”.

“Sin embargo –aclaró-, a falta de herramientas adecuadas, las administraciones fiscales se enfrentan a muchos obstáculos para obtener información sobre los activos que poseen sus residentes en el extranjero. El intercambio de información entre países es una respuesta para hacer frente a este problema, al desempeñar un papel clave en la detección de posibles casos de incumplimiento en relación con las transacciones transfronterizas y los activos mantenidos en el extranjero”.

El trabajo que analiza la magnitud de la evasión fiscal en el extranjero en relación con la recaudación de impuestos en 16 países de Latinoamérica asegura que “el compromiso está aumentando constantemente en la región”. "Los países latinoamericanos están luchando contra la evasión fiscal y otros flujos financieros ilícitos aprovechando las mejoras en la transparencia y el intercambio de información con fines fiscales", observó María José Garde, Presidenta del Foro Global. "En un contexto desafiante, la Declaración de Punta del Este les apoya en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de movilización de recursos internos con resultados tangibles", agregó.

La iniciativa busca explorar el papel de la transparencia fiscal y la cooperación fiscal internacional para ayudar a los gobiernos a luchar contra la evasión fiscal y otros flujos financieros ilícitos para generar ingresos muy necesarios en tiempos de la COVID-19 y en adelante. 

En ese sentido, se destacaron los esfuerzos conjuntos del Foro Global y sus socios (el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Grupo del Banco Mundial) para “aumentar la aceptación política de la agenda de transparencia y han ayudado a desarrollar capacidades dentro de las administraciones tributarias”.

"Impulsamos la Declaración de Punta del Este con el objetivo de combatir de manera eficiente y mancomunada la evasión fiscal transfronteriza, la corrupción y otros delitos financieros", afirmó Mercedes Marcó Del Pont, presidenta de la Iniciativa de la Declaración de Punta del Este. "Estamos ante una oportunidad histórica para contrarrestar las prácticas que afectan a la fiscalidad en detrimento del bienestar de nuestros pueblos, promoviendo la cooperación fiscal internacional y avanzando en el camino del fortalecimiento integral del intercambio de información".

El evento contó con la participación de funcionarios de las administraciones tributarias de Brasil, Costa Rica, Paraguay, Ecuador, Perú y Colombia; autoridades de la OCDE y el Foro Global; representantes de distintas organizaciones de la sociedad civil y directivos de organismos multilaterales como el GAFI, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.

En vías de mayor transparencia

“La evasión y la elusión limitan los márgenes de maniobra de los Estados para financiar el desarrollo y la inclusión”, dijo Marcó del Pont, titular de la AFIP, y aseguró que “la evasión y la elusión fiscal constituyen un problema sistémico que afecta con severidad a los países en desarrollo”.

La funcionaria argentina explicó que “los flujos financieros iliciticos limitan los márgenes de maniobra para financiar el desarrollo y la inclusión social”.

En ese sentido fue contundente respecto al impacto social de estas prácticas al señalar que “la evasión y la elusión fiscal constituyen un problema sistémico que afecta con severidad a los países en desarrollo”.

Del Pont apunto a intercambio automático de información como una de las herramientas que les permiten a los países en desarrollo combatir “mecanismos agresivos de planificación fiscal y los flujos financieros ilícitos que erosionan nuestra capacidad de recaudación”.

Durante su intervención la funcionaria enfatizó que “el intercambio de información permitió a los países latinoamericanos identificar más de 12.000 millones de euros de ingresos adicionales desde 2004, de los cuales 298 millones de euros corresponden al intercambio de información bajo requerimiento”.

Por eso opinó que los datos del primer informe Transparencia Fiscal en América Latina “son solo la punta del iceberg, ya que no todos los países de la región tienen acceso a las herramientas que les permita realizar un certero, eficiente y efectivo aprovechamiento del intercambio de información en la recaudación de ingresos”.

“La pandemia demostró la importancia y rol que tienen los Estados para gestionar las crisis, garantizar el acceso a los derechos básicos de infraestructura, salud, educación, y alimentación y contener el incremento en la desigualdad”, dijo del Pont.

Además, defendió la incorporación del impuesto a las grandes fortunas, que ya generó ingresos por más de $230 mil millones, al explicar que “varios países hemos debido trabajar para buscar soluciones que permitan generar ingresos que sirvan al propósito de reducir el impacto de la pandemia. En Argentina, una de estas soluciones fue el Aporte Solidario y Extraordinario”, indicó la titular de la AFIP.

Entre las conclusiones desde el Foro destacaron que seis de las ocho jurisdicciones examinadas hasta 2020 en el marco de la segunda ronda de revisiones por pares del intercambio de información previa petición fueron calificadas como ampliamente conformes, lo que demuestra que los países latinoamericanos están haciendo importantes avances en su aplicación del estándar, el que incluye requerimientos avanzados en materia de beneficiario final.

Además, nueve países ya participan en el intercambio automático de información sobre cuentas financieras (AEOI), que son instrumentos relevantes para aumentar la recaudación tributaria de los países.

Durante la reunión plenaria del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales (Foro Global), celebrada el 19 de noviembre de 2018 en Punta del Este, Uruguay, los países miembros latinoamericanos decidieron crear un programa centrado en América Latina: la Declaración de Punta del Este.

El objetivo de esta Iniciativa para América Latina es maximizar el uso efectivo de la información intercambiada en el marco de los estándares internacionales de transparencia fiscal para hacer frente a la evasión y elusión fiscal, la corrupción y otras formas de flujos financieros ilícitos (FFIs).

Para abordar eficazmente estas cuestiones y obtener recursos para el desarrollo y el crecimiento sostenible, los países latinoamericanos están comprometidos a (i) explorar toda la gama de posibilidades de cooperación administrativa que ofrecen los acuerdos internacionales, incluida la Convención sobre Asistencia Administrativa en Materia Fiscal, (ii) mejorar la transparencia, en particular con respecto al beneficiario final, y (iii) crear sinergias en la región.

Firmada originalmente por cuatro países latinoamericanos en noviembre de 2018, la Declaración de Punta del Este reúne ahora a 13 jurisdicciones para seguir avanzando en la agenda de la transparencia fiscal y utilizar el EOI para luchar contra el fraude fiscal y la corrupción.|