La previa a las elecciones legislativas se enciende en la carrera por revertir el “voto castigo”, el de los arrepentidos o decepcionados, en una Argentina que se polariza cada vez más entre récord de turismo en el primer fin de semana largo de la postpandemia y los extremos registros de pobreza y desempleo. 

En ese marco se sella la llegada de Roberto Feletti a un lugar estratégico, tanto en la estructura de la cartera de Producción como en la economía del país.  El ex viceministro de Amado Boudou en Economía, asumió con el propósito de encarar de frente la problemática de precios de productos de la canasta básica, que, con su incremento desmedido, echan por tierra todas las iniciativas del Estado para evitar el golpe al bolsillo de los sectores más vulnerables. 

La puja para lograr la “estabilidad” de precios con el sector empresario de alimentos y bebidas, representado por la Copal, que tiene como titular a Daniel Funes de Rioja, el presidente de la UIA, hiló tan fino en las últimas horas, que se cortó. 

Este martes, cuando el Gobierno se disponía a presentar un nuevo acuerdo de precios, los empresarios emitieron un duro comunicado donde convocan al “diálogo genuino” para la estabilización de precios “en lugar de instancias de definición unilateral”.

Luego de varios encuentros con la Secretaría de Comercio Interior, la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios de Argentina (Copal) ratificó su voluntad de “colaboración y diálogo” para alcanzar un acuerdo, pero advirtió que “en la convocatoria recibida no están garantizadas las condiciones para conciliar las posibilidades de los sectores frente al pedido de estabilización de precios”.

La entidad, que representa a 35 cámaras sectoriales y más de 14.500 empresas de alimentos y bebidas (IAB), PyMEs y economías regionales del país, sostiene que los acercamientos realizados hasta el momento “reflejan la falta de voluntad por parte de las autoridades para realizar un acuerdo con el sector”.

Sin embargo, Feletti indicó que “hay que parar la pelota y ordenar la discusión de precios de alimentos”. El funcionario que remplazó a Paula Español hace tan sólo 9 días expresó su “dolor” como argentino de no poder apelar a la “razonabilidad” de los empresarios. En ese sentido contó que “se les está pidiendo a unas 60 empresas un esfuerzo sobre cerca de 1.400 productos, no estamos diciendo pierdan plata, le rompemos su plan de negocios, los vamos a estatizar”, señaló, anoche, en la señal de noticias C5N.

En ese punto, agregó que el 72 por ciento de los productos de la canasta básica lo ofrecen tan sólo 47 empresas y aseguró que “viene un proceso de expansión de consumo”, por eso, el Gobierno busca que ganen por cantidad de producto y no por precio “mientras tanto vamos revisando”, indicó el secretario.

Sobre el dilema que traba el acuerdo, dijo que “entre más de 500 observaciones -a los productos de la canasta- hay 350 que convalidan la canasta de 1432 productos y 139 que plantean algunas cuestiones, de esas, la mitad (68) se concentra en una sola empresa”. “No quiero demonizar a una empresa, quiero esperar a las negociaciones”, planteó.

En contraste, desde el sector empresario indicaron que “se evidenció que, a pesar del esfuerzo realizado por las empresas en enviar sus propuestas de participación, las mismas no fueron tenidas en cuenta, así como tampoco fue considerado el pedido de generar un espacio de intercambio en lo inmediato, que permita clarificar las realidades y posibilidades de los distintos sectores y encontrar en conjunto un acuerdo sostenible”.

Por otra parte, Copal marcó que, según los datos del Indec “no es la Industria de Alimentos y Bebidas (IAB) quien tracciona mayoritariamente en la inflación general”, y como muestra destacó que el IPC de septiembre se incrementó un 3,5%, mientras que el IPC de alimentos y bebidas lo hizo por debajo de esta cifra, alcanzando un 2,9%. También apuntaron que en el acumulado 2021, el IPC general alcanza un 37% mientras que el de alimentos y bebidas aumentó 36,6%. 

Apoyándose en esta mínima diferencia, el titular de la entidad dijo que “el argumento de que la inflación se aceleró por los aumentos de la categoría de productos de alimentos y bebidas pierde sentido ya que existen otras divisiones cuyos precios crecen por encima del Índice IAB y del Índice General”.

Sin dar señales de aflojar frente al planteo de la cúpula empresarial, Feletti dijo que puso una disposición sobre la mesa y está dispuesto a hacerla cumplir. “Creo en la posibilidad de encausar la puja distributiva en un acuerdo”, pero frente al conflicto de intereses, “me paro en el lugar de los trabajadores”, agregó y apuntó que luego del comunicado emitido por la central empresarial “no tenía más opción”.

El secretario contó que para que prospere la versión de Precios Cuidados “ampliada”, esta vez, pedirán ayuda a las provincias y a las asociaciones de Defensa al Consumidor, para ejercer el control de precios, y describió una situación “insólita”: “tenés mercados monopólicos en consumos esenciales y no tenés un poder de regulación del Estado potente”, dijo en una entrevista en Brotes verdes.

Por último, cuestionó la lógica empresarial al señalar que “no aceptan el etiquetado frontal, el acuerdo de precios o la ley de góndolas … ¿cuál es?”. Y, frente al planteo de Copal sobre la ineficiencia que muestran las políticas de congelamiento de precios que “no logran resolver los desequilibrios macroeconómicos que dan origen a la inflación”, el funcionario apuntó que tampoco sirvieron los planes de estabilización monetaria y fiscal como el “Austral”, la “Convertibilidad” o el “Plan doble cero de Sandleris”, mientras que los programas de control de precios “hicieron crecer el consumo”.

Todo indica que la disputa, que narra un capítulo más de la dificultad histórica de conciliar intereses en la Argentina, con posiciones radicalizadas, continuará escalando en los próximos días por el impacto político que genera en un contexto electoral, en tanto y en cuanto, las partes no cedan en sus posiciones.  |