Antes de partir a Estados Unidos, donde participa de reuniones con el FMI, el ministro de Economía, Martín Guzmán, se aseguró que la Secretaría de Energía convoque a las audiencias públicas no vinculantes pero necesarias para implementar aumento de tarifas.
El llamado a las audiencias que formalizó la Secretaría de Energía indica que se llevarán a cabo entre el 10 y el 12 de mayo próximos y, como hecho novedoso, mencionó que la segmentación de los incrementos tarifarios -para reducir subsidios- se considerará de forma unificada para los servicios de gas natural y de energía eléctrica, respectivamente bajo las órbitas de los entes nacionales reguladores del Gas (Enargas) y de la Electricidad (ENRE).
Si bien la cartera que conduce Guzmán intenta aumentar al máximo posible la quita de subsidios, para cumplir con una de las metas centrales del acuerdo con el FMI, y reducir el déficit fiscal todavía no se dieron detalles sobre cómo se “segmentará” a los usuarios. La incertidumbre reaviva el fantasma de nuevos “tarifazos”, como los que aplicó el Gobierno de Mauricio Macri al “sincerar” las tarifas.
La desigualdad de las tarifas
“Con la información que hoy tiene el Estado si, -la segmentación- es riesgosa y se pueden cometer errores que después son utilizados para golpear políticamente, pero hay que correr el riesgo porque no podemos tener un sistema en el cual le sigamos pagando el 70% de la factura a los sectores de altos ingresos”, analizó Federico Martelli, consultor en Energía y dirigente del Movimiento Unidad Popular (PJ).
“Hay mucha gente que no lo termina de entender, o no lo sabe, o no lo comprende o no lo leyó, del 100% de la factura el Estado paga el 70% y el usuario paga el 30. Esto es tanto para un albañil que vive en Solano como para los que viven en Puerto Madero y eso es una desigualdad que tenemos que corregir”, agregó.
En ese sentido, el especialista opinó que “no podemos poner el IVA de los fideos para bancar tarifas subsidiadas a los sectores de altos ingresos. Hay que animarse a hacer la segmentación y hoy el Estado tiene las herramientas para hacerla, incluso para corregir rápidamente en casos que se cometa un error particular”.
Por el momento, la propuesta oficial apunta a que los usuarios de Electricidad del AMBA que tienen tarifa social afronten una corrección de no más del 6% en promedio.
Por su parte, el 10% de usuarios residenciales de los Servicios de Gas y de Electricidad, con mayor capacidad de pago de la sociedad, dejará de recibir el beneficio de subsidio a la Energía.
De tal forma, para la mayoría de los usuarios residenciales de Edenor y Edesur excluidos quienes son beneficiarios de tarifa social, las facturas de luz tendrían una corrección en promedio del 17%.
El costo político de la segmentación
Aunque reconoció la complejidad que implica aplicar un modelo de segmentación, Martelli afirmó que “hay que cometer la menor cantidad de errores”. “Yo vi simulaciones y la verdad es que hoy con las herramientas e información que tiene el Estado la aproximación es muy alta”, aseguró.
Sin embargo, el dirigente apuntó que se van a cometer errores y dijo que “hay que evitar qué a alguien se le corte la luz por no poder pagarla, y por supuesto que vas a pagar costos porque uno está en política para eso”.
Sobre este punto, Martelli, que integra el Grupo Callao, señaló que “uno cuándo juega al fútbol sabe qué hace goles y que los recibe, no se puede creer que uno pasa por la política en un país cómo este y no va a pagar costos políticos, el que no quiere pagar costos políticos que se dedique a otra cosa”.
“La energía -agregó- es un problema geopolítico y de seguridad nacional, pensar que en ese tema no se tiene que involucrar el Estado es dejar a una población y nación indefensa frente a los problemas que vemos en la población mundial y que se van a agravar en un mundo que va hacia la multipolaridad y en el camino tendrá muchas turbulencias”.
Las audiencias fueron convocadas a través de las resoluciones 235/2022, 236/2022 y 237/2022, publicadas en el Boletín Oficial.
Consultados sobre la expectativa que genera la “segmentación”, desde Edenor ratificaron que “las tarifas las decide el gobierno nacional” y señalaron que en las próximas audiencias “a priori” la exposición de la distribuidora será similar a lo que expuso el 17 de febrero.
En aquella oportunidad, ante el ENRE, las distribuidoras del AMBA pidieron al Gobierno una recomposición en torno a los 100 mil millones de pesos. En la audiencia pública donde se discutieron los valores de distribución y transporte de energía eléctrica y el precio estacional de la energía, Edenor y Edesur se quejaron de que las tarifas en el AMBA quedaron desactualizadas en relación con el resto de los precios de la economía.
Desde entonces, se encuentran “a la espera del nuevo cuadro tarifario para conocer la nueva actualización”. |
