Con una economía con número en rojo en el frente local y deuda a nivel internacional, durante los primeros dos meses del 2020, el nuevo Gobierno se enfocaba en, al menos, desacelerar el nivel de caída de la mayoría de las variables de la economía. Pero en marzo, la pandemia hizo que todas las políticas apunten a reducir la propagación del virus y sus consecuencias fatales.

Así, con la parálisis económica de grandes dimensiones, una de las decisiones centrales del Gobierno de Alberto Fernández, fue congelar las tarifas que venían significando golpes tanto a particulares como comercios e industrias. 

Mientras se definen los esquemas de incrementos, con una fuerte puja entre las empresas que apuntan a una recomposición del 30% y el Gobierno que busca que no se superen los dos dígitos, llegó la segunda ola de Covid-19 al país, y las relaciones se volvieron a tensar. 

Esta vez, según indicó, Federico Basualdo, subsecretario de Energía Eléctrica, en las audiencias donde se debatió el reordenamiento de las tarifas, con el Gobierno “a favor de los usuarios, las pymes y los sectores productivos”.

Por el momento, desde mayo, las tarifas de gas llegarán con un aumento en todo el país en torno al 6% para los usuarios residenciales y 4% para las pymes, según confirmó Federico Bernal, interventor en el Enargas. Mientras, la Secretaría de Energía define si actualiza el valor propio del gas, que explica la mitad del precio final de las facturas, y es una de las consignas del presupuesto oficial para reducir subsidios.

Para las tarifas de energía eléctrica se estima un incremento de entre 7% y 9%, aunque en algunas provincias las distribuidoras ya emitieron facturas con alzas de hasta 35%.

En ese contexto que genera una disputa entre sectores del Gobierno que no quieren que los incrementos superen los datos difundidos hasta el momento, y el 30% que solicitan las empresas, también desde la cartera de Economía, Martín Guzmán, señaló que las tarifas deben incrementarse en torno a los 2 dígitos para cumplir con las metas fiscales. “Si aumenta el gasto en subsidios para tarifas, en relación al PIB, significa que estamos destinando más recursos a algo que no es un gasto de alta calidad. Necesitamos destinar más recursos a la ciencia, al desarrollo, a la educación, a la salud pública, a la infraestructura pública, estamos trabajando para eso”, dijo Guzmán en declaraciones a CNN.

El panorama se agrava para las pymes, y sobre todo las industriales que requieren de grandes volúmenes de energía, que asumen compromisos directamente con los distribuidores en función de su consumo. Según alertó Daniel Rosato, titular de Industriales Pymes Argentinos (IPA), la renovación de los contratos de gas en boca de pozo para las fábricas llegó con aumentos en torno al 90% en dólares. “De confirmarse ese impacto en los costos de las fábricas será inevitable un traslado a los precios de los productos en las góndolas, que no bajarán del 15% por más esfuerzos que hagamos los empresarios para absorber pérdidas”, admitió.

El presidente de IPA sostuvo que “el valor dolarizado garantiza un aumento constante del precio del gas debido a las micro devaluaciones que evitan un atraso cambiario”, y destacó que los costos de los insumos difundidos “le están metiendo una presión insostenible a la producción nacional que empujan sobre la inflación general”.

“Los contratos deben renovarse a fin de mes y el apuro para cerrar acuerdos muy desfavorables para las empresas esconde la advertencia de la escasa oferta de gas por falta de producción, lo que lleva a justificar los aumentos desmedidos por el falso juego de la oferta y de la demanda, debido a que nadie sabe cuál es el precio real de ese recurso energético”, alertó.

En esa línea Rosato señaló que “es inevitable la actualización de los precios del gas luego de un año de congelamiento producto de la pandemia”, pero enfatizó que “un aumento descontrolado y de una sola vez chocaría de frente con el plan del Gobierno nacional de ponerle freno a los incrementos de los precios en las góndolas”.

“Es necesario que exista un marco estratégico para concretar los aumentos necesarios", agregó el dirigente industrial. "Si no interviene el Estado para garantizar la oferta y controlar los precios en boca de pozo, esto terminará con fábricas en situación virtual de quiebra por no poder pagar los contratos, ya que será imposible trasladar los mayores costos operativos a las góndolas”, sostuvo.

Reactivación

Según el informe de actividad que realiza la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires en el mes de enero la actividad industrial provincial se expandió 6.1 respecto al mismo mes del año anterior y 2.8 % respecto a diciembre de 2020. En este caso de destaca un aumento de patentamientos de vehículos y un notorio crecimiento del registro de maquinaria agrícola. 

Además, la actividad inmobiliaria de febrero registró una expansión del 42.1% e impulsó un 11.1% los despachos de cemento y, en enero, las ventas de supermercados crecieron 34%. 

“Las estadísticas continúan mostrando una recuperación del sector industrial provincial lo cual es un excelente dato, algunos dirán que después de semejante caída es un rebote normal, pero es mi convencimiento que se trata de una muestra más de resiliencia del industrial que en cada oportunidad ha demostrado su vocación y compromiso productivo”, explicó Leonardo Wagner, presidente de Infraestructura de Parques Industriales de la provincia de Buenos Aires (UIPBA).

“Desde hace un año incorporamos músculos donde no los había”, dijo y señaló que “después del impacto del ASPO aprendimos a realizar prácticas de operaciones seguras que comprometió a los trabajadores y su representación gremial y a los empleadores”.

En un contexto de incipiente recuperación y con la segunda ola de Covid – 19 en la puerta, la adecuación de tarifas es un tema que preocupa a los sectores productivos. 

En ese sentido Wagner, aseguró que “es la discusión del día ya que están en marcha los procesos para revisar las tarifas”.  “La puja es terrible en tanto que el desequilibrio de los costos de las prestaciones de servicios siempre impacta en la calidad del suministro, cuestión que, como efecto dominó, incide en la calidad y cantidad de unidades producidas por las industrias”, describió el dirigente.

“Estamos trabajando con las autoridades, la situación es muy compleja ya que no `hay paño´ para cortar, la decisión que se tome será cuestionada, lo cierto es que si no controlamos la escalada del virus el impacto en la economía será superlativo por eso es nuestra obligación informar y pedir información al Estado para hacer efectiva las acciones de mitigación”, resaltó Wagner director ejecutivo de Parque Industrial La Bernalesa.

Además, opinó que “toda restricción es dañosa pero aquella restricción omitida y que luego ocasione un desborde del sistema sanitario será doblemente dañosa”.

Wagner contó que, junto al diagrama de protocolos, más del 50 % de las empresas asumieron los costos de los testeos de detección Covid- 19 e implementaron roles de trabajos en equipo para no parar totalmente la operación ante un contagio. Ahora, la “repotenciación de la infección” será enfrentada con todos los cuidados necesarios, según indicó, “con el objetivo de continuar la producción y el abastecimiento en volúmenes aceptables y esperamos lograrlo mientras se mantenga la demanda, que es la clave de la misión productiva de nuestras empresas”.

Ámbito laboral

Desde la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía (Apsee), su secretario General, Carlos MInucci, aseguró que “el Gobierno está intentando que las pymes aumenten la producción paulatinamente con una serie de beneficios para que puedan reactivar su economía”.

MInucci analizó que “en la década de los 90 se perdió el plan estratégico” y aseguró que los trabajadores del sector esperan la estatización de las empresas de servicios públicos. “hay que recuperar las empresas del Estado, y a partir de un ordenamiento político estratégico con controles del Estado, los consumidores y proveedores generar un directorio de orden social, hacer que los incrementos estén al alcance de cada usuario”.

“Estas empresas están pensando en tomar los dineros de los argentinos y llevarlos afuera porque en Argentina se han hecho inversiones –en infraestructura- pero toda la plata que ingresa a las empresas se ha fugado”, declaró el gremialista.

Además, cuestionó el rol de las empresas eléctricas durante la pandemia al expresar que “todo el esfuerzo para cuidar y vacunar al personal que está en la calle, lo hicimos con el Ministerio de Salud, la empresa no hizo nada en ese sentido”.

Durante la pandemia el panorama fue desolador, según describe MInucci, con personas desempleadas, jubilados y cooperativas que no alcanzaban a cubrir el costo de las tarifas de energía, y “se cortó el servicio sin tener en cuenta lo que de establecía el ENRE lo que hizo que tenga que volver a actuar el organismo de control, no obstante siguen hostigando a la gente intimándolas a que paguen sino les cortan el servicio y hay empresas que recién ahora comienzan a rearmarse y se encuentran con amenazas de corte de luz, cobro de tarifas que no son declaradas, y también el ENRE tuvo que actuar”.

“En este momento de pandemia, han dado una imagen lamentable, frente a todos los afectados, trabajadores, jubilados, comercios, pymes, en ningún momento han pensado solidariamente”, dijo Minucci que además enfrenta una negociación paritaria con Edesur, Edenor, Edelap, Sacme, Central Puerto, Central Costanera y Central Dock Sud.

“No fue sorpresa alguna, que nos respondieran lo mismo, sin pudor, con una precariedad que no disimula la prepotencia del poder, como lo venían haciendo hace cuatro años”, declaró el gremialista frente a la posición de los empresarios que argumentaron “no tener dinero” y sumaron a la mesa de debate, donde participa el Gobierno, que “no pueden negociar hasta tanto no se resuelva el tema de las tarifas”.

Para Minucci lo que esgrimen las eléctricas no es más que una “amenaza” para que el Gobierno acepte el incremento en las tarifas. “Advertimos que se está llegando a límites impensados, sus políticas humillantes para los habitantes que venían soportando `tarifazos´ indiscriminados, mientras sabían de los grandes negocios que hacían con la complicidad del gobierno anterior con nuestros dineros, las transferencias de riqueza espectacular que realizaron”, denunció Apsee en un comunicado-

Y agregó que “hoy en medio de un país desbastado por la herencia económica que nos dejaron sus socios y, la crisis sanitaria, piden aumentar la tarifa, equivocándose nuevamente, hoy están mostrando su verdadero rostro despiadado y cuasi-criminal”.  |